De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción debe dar explicaciones por un posible daño a la Hacienda Pública que supera los mil millones de pesos.
Falta de cobros de multas a contratistas, pagos superiores a lo contratado o fuera de norma, deficiente verificación y supervisión de trabajos, y la omisión de asignar a los contratistas obras de apoyo a la comunidad o al medio ambiente, fueron las irregularidades que detectó la ASF en cinco informes individuales de auditorías de inversiones físicas realizadas a esta empresa.
La información de la Auditoría muestra que de los 17 pliegos de observaciones, incluidos en esos cinco informes, más de la mitad de las acciones u omisiones de la empresa -10 de 17- tuvieron que ver con pagos fuera de norma.
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Sin embargo, por las tres omisiones en el cobro de multas a contratistas se generó el 61.6% del posible daño a los recursos públicos: casi 625 millones de pesos. El resto se dividió entre dos observaciones por falta de supervisión en la obra, así como una por la omisión de asignación de trabajos comunitario o medioambientales y una omisión en la asignación de documentos.
¿A cuánto equivale esa pérdida?
La pérdida total estimada por la ASF suma 1,013 millones 616,538 que representan:
- 12.4% más recursos que los destinados en 2019 a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- Casi el mismo costo de construcción del Hospital General del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- 40,545 créditos adicionales para el programa de apoyo a las pequeñas empresas y negocios frente a la COVID-19.
Lo detectó la ASF… ¿ahora qué?
La Auditoría Superior de la Federación tenía programado presentar, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, los primeros informes individuales el pasado 30 de junio, pero la pandemia retrasó la entrega cuatro meses, hasta el 30 de octubre.
En esa fecha la dependencia entregó 487 informes individuales, que equivalen a 38% de las 1,280 auditorías programadas para el análisis de la Cuenta Pública 2019 -informe que integra Hacienda con toda la información contable y presupuestaria del gasto público y que se entrega a las y los diputados-.
Por ese motivo, quedaron pendientes los informes sobre el análisis a los programas insignia del actual gobierno así como las megaobras –aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya o la refinería de Dos Bocas-; estos reportes serán entregados en febrero del próximo año.
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La Auditoría tiene que avisar a Pemex Exploración y Producción -por ser la empresa fiscalizada- los resultados del análisis en los 10 días hábiles siguientes a la presentación del informe. Posteriormente, esta subsidiaria cuenta con 30 días hábiles para dar su respuesta.
Finalmente, la ASF tiene 120 días hábiles para atender la respuesta que le de Pemex, emitir un pronunciamiento y decidir si inicia un procedimiento administrativo, el cual determina la indemnización correspondiente por daños o perjuicios.
A pesar de que falta aún mucho tiempo, todo parece indicar que la corrupción y los malos manejos de recursos públicos aún ocurren con el gobierno actual, contrario a lo que dice el presidente. ¿Saldrán los trapos sucios de los proyectos prioritarios en febrero?
