Sí hay alternativas ante el desamparo en el que las autoridades de México han dejado a la población en materia de seguridad.
De acuerdo con analistas que consultamos, una reforma policial que empiece desde los municipios y la construcción de la paz en términos locales, podría evitar que la ciudadanía absorba una responsabilidad que es del Estado: brindar seguridad a las y los habitantes del país.
La respuesta de la población en México y América Latina ante la falta de seguridad por parte del Estado ha sido la creación de cuerpos armados comunitarios, autodefensas y movimientos que son conocidos como “vigilantismo”.
Para saber más: Las autodefensas, ¿un síntoma de la descomposición del Estado?
“El vigilantismo no es muy buena idea por varias razones”, nos dijo Alejandro Hope, analista de seguridad.
Hope nos explicó que una de estas razones es el riesgo de equivocarse en la persecución de culpables o que la creación de un grupo de autovigilancia diera lugar a otros.
“Esto se vuelve la batalla de todos contra todos, si el grupo ‘A’ se puede armar, también puede el grupo ‘B’”, advierte Hope.
El vigilantismo, de acuerdo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), son las respuestas colectivas frente al delito y la violencia que tienen un carácter extra institucional. Estas acciones ya sea preventivas o de castigo propiamente, ocurren en donde las condiciones de legalidad y justicia son percibidas insatisfactoriamente por la ciudadanía.
¿Por qué pasa esto? La institución explica que la decisión de recurrir a la autodefensa es provocada por transformaciones abruptas que crean una profunda desigualdad, conflictos raciales, situaciones de inseguridad y altos niveles de impunidad.
“En América Latina, los fenómenos de violencia colectiva se han integrado como un repertorio de acciones legítimas, donde los colectivos y comunidades reaccionan defensivamente para proteger bienes o personas ante actos considerados lesivos a su integridad”, detalla CLACSO.
También te puede interesar: La ausencia de Silvano Aureoles: priorizar la política a la seguridad de todo un estado”
Luis Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos explicó que a estas acciones no se les puede clasificar de “buenas” o “malas”, ya que el problema es que cuando las organizaciones policiales, que deberían de proteger a la población en realidad trabajan para el crimen organizado, este tipo de organizaciones surgen.
“Esto ha sucedido en varias regiones del país, en donde lo que tenemos es una gobernanza criminal. El ejemplo más claro de esa gobernanza criminal son precisamente las masacres, lo que pasó en Ayotzinapa, por ejemplo, en donde los que deberían de haber protegido a los estudiantes, fueron los mismos que los persiguieron, detuvieron, los torturaron y después los desaparecieron”, explicó el investigador.
Cuando ocurre una deficiencia de esta naturaleza, continúa Daniel Vázquez, se llegan a dar “linchamientos”, que es cuando los habitantes de una población persiguen a un delincuente y lo castigan. Pero ya cuando existe un nivel de defensa sostenida y armada, ya tenemos formalmente grupos de autodefensa.
Romper el contrato social
Alejandro Hope nos dijo que hay múltiples grupos armados irregulares que asumen las labores de los policías en muchos países y que los resultados no son muy positivos, ya que estas células pueden empezar como autodefensas y terminan operando como un grupo criminal.
“Esto socava el contrato social, ya que en la sociedad cedemos una parte de nuestras libertades individuales a cambio de que el Estado nos proteja”, agregó el analista de seguridad.
Como ejemplo de autodefensas que sí han funcionado, Alejandro Hope menciona a las de Tancítaro, en Michoacán, que fueron creadas por los aguacateros del lugar. Este cuerpo de seguridad pública, se alió con el municipio para buscar y reclutar policías efectivos, lo que permitió que su existencia trascendiera, incluso, al crimen organizado.
Como otro ejemplo, el analista menciona a las compañías de seguridad privada en el país, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. suman 122 y sirven como una herramienta de persuasión que disminuye los crímenes.
¿Qué se puede hacer?
Luis Daniel Vázquez consideró que para contrarrestar la ausencia del Estado en tareas de protección a la ciudadanía y de las autoridades en el combate al crimen organizado, es necesario trabajar la paz desde lo local.
“Lo que significa que en la localidad donde tienes los grupos armados, como en Aguililla, Michoacán, se comience a pensar cómo se van a desmantelar las redes de macrocriminalidad y a movilizar a las personas que pertenecen a esa red. Hablamos de desarme, de construir capacidades y crear incentivos para que la gente deje de cometer delitos”, señaló el investigador.
Para Alejandro Hope la posibilidad de que el Estado retome su obligación de proteger a la ciudadanía ante los criminales pasa por una reforma policial construida de abajo hacia arriba, donde exista una reconstrucción de coaliciones.
“Una coalición política que impulse una reforma policial”, agregó el analista de seguridad. Y recordó que esto se logró en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
En 2013 y 2015 el municipio de Nezahualcóyotl inició la reforma a su sistema policial y de detección del delito. Con la ayuda de la ciudadanía, uno de los municipios con mayor densidad poblacional en México, implementó el sistema de cuadrantes y el de proximidad, que de acuerdo con un análisis de la revista Nexos, ayudó a disminuir los homicidios y los robos con violencia.
Además, en más de 76% los policías de proximidad de este municipio brindaron atención a las denuncias de la comunidad.
¿Qué gobernadora o gobernador estará dispuesto a negociar con las autodefensas por el bien de los habitantes de su estado?
