El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se presentó a las afueras del Palacio Nacional, como lo hacen muchos ciudadanos, con el fin de que sus demandas fueran escuchadas personalmente por Andrés Manuel López Obrador. La espera, según el mandatario, fue de más de cuatro horas.
En la Ciudad de México, Aureoles tuvo mucha paciencia, misma que en el estado que gobierna pareció terminarse dos días antes de que él pidiera una audiencia con el presidente. Los habitantes de Aguililla, en Michoacán tenían desde el 24 de junio sin luz y, ante la falta de atención de las autoridades, decidieron bloquear un cuartel del Ejército.
El 1 de julio seguían sin tener electricidad y decidieron entrar al cuartel militar, con el camión con el que lo bloquearon días antes, en medio de balazos y como otra forma de protesta ante la inseguridad en la región.
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“El gobernador está claramente declinando sus obligaciones. Sin embargo, proteger a la ciudadanía no es solo la obligación del Poder Ejecutivo local, pero si este no hace nada, las otras autoridades -la municipal-, quedan inermes”, nos dijo Rodrigo Salazar, coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO).
Mientras Aguililla se incendiaba, el gobernador continuaba una especie de gira con medios de comunicación, a los cuales dio entrevistas que hablaban acerca del contenido de sus denuncias, pero no tocó el tema de la inseguridad que vive el estado que gobierna. Tampoco en Twitter mencionó este enfrentamiento de la población en contra del Ejército.
“Está buscando una forma de protección política con implicaciones judiciales en su contra”, dijo el experto sobre la visita del gobernador al centro del país.
¿Por qué no actúan las autoridades contra el crimen organizado?
El especialista de FLACSO nos explicó que si bien las demás autoridades en los estados no deben de esperar las órdenes del gobernador para actuar y proteger a la ciudadanía del crimen organizado, ya que cada quien tiene sus mandatos y funciones establecidas, sí hay un problema de miedo que provoca la negación de estas obligaciones.
“Ya sea porque están cooptadas, o porque tienen miedo, también eso ocurre porque deciden no mezclarse y tomar la decisión explícita de no proteger a la ciudadanía”, detalló Rodrigo Salazar.
A este miedo o decisión tácita de no actuar de las autoridades locales, se agrega la decisión del Estado de no intervenir contra la acción del crimen organizado en el país.
“¿Y qué hace la población de Tamaulipas, de Jalisco, de Michoacán? Si “la cereza en el pastel” es que Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias anuncia que su estrategia, a la que llama pacifismo, es no actuar ante estos hechos”, explicó el experto.
Cuando no se hace nada, agrega Salazar, el crimen organizado impone su ley en las poblaciones que controla. Esto, para incrementar sus ganancias, sus objetivos comerciales y le conviene para posicionarse ante otras bandas delincuenciales que son su competencia.
Además, involucran a la gente en su negocio y no precisamente como socios.
“En Michoacán las utilizan para sus cultivos, para la trata de personas”, afirmó el entrevistado.
El 6 de julio, López Obrador afirmó durante su conferencia de prensa que prevalecerá su política de “abrazos, no balazos”, en el conflicto del municipio de Aguililla, en Michoacán.
“No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón. No soy partidario del mátalos en caliente, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas”, dijo el mandatario sobre la “estrategia de seguridad” de su gobierno.
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“No es de abrazos y no balazos. No, es más bien de brazos cruzados. No es pacifismo, no estamos hablando de preferir la paz en vez de la guerra, estamos hablando de un político que nos avisa que no va a hacer nada”, aseveró Rodrigo Salazar.
¿Estas poblaciones que son vulneradas cotidianamente quedarán para siempre desprotegidas ante cualquier tipo de crímenes?
