Según auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en 2019 y 2020, los gobiernos estatales destinaron más de $156,400,000 de recursos federales para pagar nóminas de maestros muertos.
Según las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados están obligados a justificar el desembolso o a reintegrarlo. Sin embargo, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de $38,600,000.
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La auditoría los ha señalado en varias ocasiones
La ASF auditó los recursos analizados del FONE que corresponden al pago de maestros. Los rubros o partidas señaladas corresponden a “nóminas estatales subsidiadas”, “FONE servicios personales SEP” y “gastos de operación y entero a terceros institucionales”. Con estos títulos, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo.
En los reportes de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 y 2020, los gobiernos de 21 estados (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) hicieron 27,854 pagos a 4,160 trabajadores difuntos.
De los $156,400,000 pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron $115,700,000, de los cuales $76,700,000 fueron justificados con documentos sobre el personal educativo y $39,000,000 fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.
Es decir que la ASF tiene aún $38,600,000 pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario.
¿Problema recurrente?
En 2019, medios locales y nacionales publicaron que en Puebla la auditoría había señalado nóminas a docentes fallecidos de la Secretaría de la Función Pública. Con un monto superior a $2,371,000 a 76 trabajadores identificados como fallecidos.
La problemática no es nueva ni es exclusiva de los estados. De acuerdo con los resultados de las auditorías de 2019, ese fue el año donde el monto ha sido mayor. En 2019 las entidades pagaron $48,400,000 a personal identificado como fallecido, de los que 19 estados no solventaron pagos por $31,400,000.
Un año después, en 2020, la Auditoría detectó que $107,900,000 del FONE se destinaron de nueva cuenta al pago de salarios a maestros que ya habían muerto. Esta vez fueron ocho estados (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán) los que no solventaron las observaciones por pagos realizados a trabajadores fallecidos por un monto cercano a los $7,200,000.
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Principales estados con desvíos
Los desvíos de Chiapas sin aclarar ascienden a $25,100,000. Tan solo en 2019, el gobierno de Chiapas pagó $8,100,000 a 117 colaboradores fallecidos a través de la Secretaría de Educación estatal por medio de 1,244 pagos.
La Auditoría detectó esta irregularidad en la revisión de la cuenta pública de ese año y pidió al gobierno de Chiapas que aclarara estos pagos. Sin embargo, la información que las autoridades chiapanecas proporcionaron no fue suficiente para sustentar que los pagos sí eran procedentes.
El segundo estado con más desvíos es Guerrero, con pagos por más de $15,000,000. En este caso los daños para 2019 y 2020 ascienden a los $5,310,900 y $10,185,700, respectivamente.
Esta problemática de nóminas por maestros fallecidos no es menor. Se trata de desvíos de recursos públicos para otros fines aunque estén clasificados para la educación.
Según la propia Auditoría, estas inconsistencias suelen ser detectadas por los órganos de fiscalización estatales. Sin embargo, ninguna autoridad correspondiente se da a la tarea de confrontar las nóminas del FONE con los datos de defunciones emitidos por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, se sigue tirando el dinero.
