En las elecciones de este año, vimos la inclusión histórica de miembros de la comunidad LGBT+ como representantes en la Cámara de Diputados, entre otras minorías como personas indígenas, con discapacidad, migrantes y afroamericanos, representando, entre todos y todas, el 12% de los 500 escaños del Congreso de la Unión, es decir 60 curules.
Además, en julio de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, que busca garantizar los derechos humanos de los miembros de esta comunidad en la capital del país.
Esto, para México, significa una tenue luz que ilumina la oscuridad que han dejado décadas de discriminación y crímenes de odio perpetrados contra numerosas personas por razón de género y orientación sexual.
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Entre las victorias para la comunidad se comprenden la Ley Agnes, que permite que los documentos oficiales de las personas trans lleven el nombre con el que se identifican; las sanciones impuestas a personas que lleven a cabo terapias de conversión conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) y la aprobación del matrimonio igualitario en 24 estados.
Sin embargo, ¿cómo se está reflejando en quienes se enfrentan a la realidad de las calles, los hogares y lugares de trabajo?
“Aunque ha habido algunos avances como la Ley Agnes y la prohibición de los ECOSIG, en la vida real no se nota”, explicó en entrevista Edgar Valerio, conocido como Mäsh en el medio musical y drag, quien además es profesor de la asignatura de Imagen y Comunicación en Trozmer Centro Universitario de la Ciudad de Puebla.
Explicó que los discursos de inclusión por parte de personas de la política suelen sentirse, para los miembros de la comunidad, como “forzados”. “No porque realmente se nos quiera incluir, sino para que no sintamos que no nos están tomando en cuenta”, detalló.
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“Cuando voy de la mano de una pareja, tengo miedo. Cuando voy en drag, en el Uber o en el Didi, siento miedo. No sé cómo va a reaccionar la gente alrededor, y si algo me pasara, siento que las autoridades no me van a tomar en serio, o hasta que se van a burlar de mí”, confesó Mäsh.
El avance es lento en materia de derechos humanos, más para las personas trans
Hace apenas tres años, el 18 de junio de 2018, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE 11), la “incongruencia de género”, la transexualidad, en el capítulo de las enfermedades mentales, perdiendo la categoría de trastorno psicológico.
Aunque desde 2014, la CIDH ya había creado una Relatoría sobre los derechos de las personas LGBT+ a fin de fortalecer los esfuerzos de promoción y protección de sus derechos humanos que tiene como antecedente la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, en diciembre de 2008.
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“Las políticas públicas son precarias para enfrentar la situación de discriminación que vivimos y el contexto en el que nos tiene sumidas, de exclusión, sobretodo laboral, y que eso precariza nuestras vidas”, explicó la diputada María Clemente durante una entrevista para el canal del Congreso el pasado 6 de diciembre.
Detalló que la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años y resaltó la importancia de generar un marco jurídico que incluya a las personas trans en el ejercicio de sus derechos.
“Es decir, si en un contexto, en una región de México o de Latinoamérica, una mujer es pobre, su vida ya es difícil, imagínense si una mujer en una región pobre de Latinoamérica no solamente es mujer, sino es una mujer trans, su situación se vuelve super complicada”, puntualizó la diputada.
La educación es la herramienta más eficaz para eliminar la discriminación
“México es el segundo lugar, después de Brasil solamente, con la mayor cantidad de crímenes de odio en todo el continente y esto es grave (…) ha habido muchos avances en materia de derechos hacia la población LGBT+ en México, pero esto no ha impactado en su seguridad”, dijo Clemente.
La diputada de la bancada morenista explicó que la alta tasa de crímenes de odio en México indica una necesidad de promover la educación para erradicar la discriminación.
“La educación de las niñas, niños, adolescentes, en su ciclo formativo, es facultad del Estado, por eso tenemos una Secretaría de Educación Pública, leyes y todo un marco jurídico; no solamente una ley que garantiza la educación”, explica Clemente.
Y recordó que, en la legislatura pasada, se ingresó el concepto de educación sexual en el artículo tercero constitucional y “en consecuencia, el todavía secretario de Educación, Esteban Moctezuma, presentó el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, que es la nueva escuela mexicana, donde ya vienen los planes y programas de estudios de educación sexual desde el nivel primaria para las niñas y los niños”.
