Aún no se resuelve el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lavado de dinero, asociación criminal y sobornos en los casos de Agro Nitrogenados y Odebrecht. Tampoco el de los supuestos desvíos de dinero público, el de la Estafa Maestra, que supuestamente organizó Rosario Robles, por el que lleva dos años y nueve meses en prisión preventiva.
Tampoco se habla de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez y el gasto del presupuesto de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano entre 2020, 2021 y lo que va en 2022, período en el que ha estado en huelga por los reclamos del Sindicato de Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), que lleva más de 800 días de huelga.
Y qué decir de la exoneración que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le otorgó a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su imperio inmobiliario o las cinco casas de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Otro caso: el del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se ha peleado lo mismo con su excuñada y que hasta ha usado a la Universidad de las Américas (de la que fue rector y de la que es socio mayoritario), para adquirir cuatro de los 11 inmuebles que posee en México, Estados Unidos, Francia y España, así como las operaciones financieras considerados como “paraísos fiscales”.
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¿Avances contra la corrupción?
El presidente asegura que “se ha avanzado bastante” en su lucha por “desterrar a la corrupción”. Durante la conferencia del pasado 25 abril, Andrés Manuel López Obrador pidió denunciar corruptelas y “no quedarse callados”.
Pero están los otros datos. Para empezar, el caso de Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex, quien se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, sigue sin recibir sentencia sobre el soborno que supuestamente recibió.
Sobre este caso, en enero de 2022 un juez ordenó liberar a Lozoya para que siguiera su proceso en libertad por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Al exdirectivo se le señala de la compra de una planta considerada “chatarra’’, que está en Coatzacoalcos, Veracruz.
Pero el exdirector de Pemex en tiempos de Enrique Peña Nieto también enfrenta cargos por el caso Odebrecht. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), recibió más de 10,000,000 de dólares en sobornos por parte de la empresa de construcción brasileña.
La FGR pide que Lozoya sea condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero; 14 años por cohecho -soborno-, y 10 años por asociación delictuosa. Para evitar la cárcel, ofreció 10,500,000 de dólares; de ellos 7,385,000 de dólares para reparar el daño y 3,400,000 de dólares por el caso Agro Nitrogenados. La oferta no ha sido aceptada.
En otro proceso, Lozoya fue señalado de no pagar 130,000 dólares en impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Gracias a que acordó la entrega de 2,600,000 de pesos evitó ser condenado a prisión por ese caso.
Aunque la semana pasada no le fue tan bien, ya que perdió una demanda por daño moral que interpuso la periodista Lourdes Mendoza, por lo que deberá pagar 500,000 pesos. El exfuncionario acusó a la comunicadora de recibir un bolso de la marca Chanel a cambio de hablar bien del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
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Rosario Robles, ya más de dos años en prisión preventiva
Desde el pasado 13 de agosto de 2019, la extitular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Y el caso sigue sin resolverse.
El pasado 15 de mayo, justo después de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, realizara una visita al penal, Rosario Robles denunció a través de una columna en El Universal, que la prisión preventiva “viola la presunción de inocencia y colapsa el sistema penitenciario”.
Robles escribió que la prisión preventiva, “en la práctica se ha convertido en una sentencia anticipada que estigmatiza pues la gente no entiende que es una medida cautelar. Por el contrario, nos ve como culpables”.
La exfuncionaria es señalada por su presunta omisión (es decir, por no evitar, a pesar de que estaba enterada) sobre el desvío que ocurrió en 11 dependencias federales por cerca de 7,670 millones de pesos durante el gobierno del expresidente Peña Nieto. El caso es conocido como la Estafa Maestra.
En abril, a través de la cuenta de Twitter de Robles Berlanga, se publicó: “Basta Fiscalía General de la República. Basta fiscal Alejandro Gertz Manero”. En el mensaje se hizo notar que se “amedrenta” (atemoriza) al “Poder Judicial, a sus jueces y magistrados, creando carpetas falsas y procedimientos administrativos. Basta de persecución y venganzas”.
¿Y el dinero Sanjuana Martínez?
El pasado 19 de mayo, el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, exigió la comparecencia de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, para explicar “el destino de más de 400,000,000 de pesos que le asignaron del presupuesto federal en los ejercicios 2020, 2021 y 2022”.
Hizo notar que la agencia lleva “más de 800 días en huelga”, tiempo en que “no ha podido desempeñar su labor como la Agencia de Noticias del Estado Mexicano”. Sin embargo, sigue recibiendo presupuesto del erario público.
“Exigimos”, dijo el senador de Movimiento Ciudadano, “la transparencia en la ejecución de esos recursos. ¿A dónde se fueron?”, preguntó Castañón. “Lo único que sabemos es que no se han utilizado para pagar los derechos laborales ni la actividad noticiosa que genera Notimex, la actividad de las y los periodistas”.
Recordó Castañón que Sanjuana Martínez “despidió a más de 100 colaboradores, entre ellos, 20 corresponsales en el extranjero y los trabajadores la denunciaron por hostigamiento laboral”. Ante la serie de señalamientos contra la directiva, le sugirió “revisar su actuar y con mucha dignidad reconocer su incapacidad y dejar la agencia”.
El senador presentó una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que su titular, ocupe el cargo por tres años, en lugar de seis, con posibilidad de reelección. La iniciativa se turnó a las comisiones de gobernación y estudios legislativos de la cámara de senadores.
La SFP y la exoneración de Bartlett
Entre las filtraciones sobre actos de corrupción, existen algunos que han sido perdonados o no les han fincado responsabilidades. Uno de ellos es el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. En 2019 se le exhibió por ocultar el ser propietario de 23 residencias y 13 empresas.
En su declaración patrimonial Bartlett aseguró tener una fortuna de 51,000,000 de pesos e ingresos anuales por 11,000,000 de pesos, publicó el periodista Carlos Loret en agosto de 2019. El presidente salió en defensa del director de la CFE y afirmó que era “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.
Ante los señalamientos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación en el mes de septiembre. Cuatro meses después Bartlett fue exonerado. No había delito qué perseguir.
Otra polémica del director de la CFE, es cuando en mayo de 2020, se dio a conocer que la casa de campaña de López Obrador, ubicada en la colonia Roma, pertenece a la empresa Top Real Estate Company de José de Jesús Hernández Torres, un político cercano a Bartlett Díaz y socio de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.
A estos casos se suma el de la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la CFE, que obtuvo un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo para la venta de 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos (1,550,000 de pesos cada uno), el precio más alto de ventiladores en las compras públicas por la COVID-19 hasta ese momento, según reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Le sacan los trapitos al fiscal Gertz Manero
Al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se le ha cuestionado por la falta resultados en el caso Lozoya. Además de plagiar la obra “Guillermo Prieto”, de Salvador Ortiz Vidales, que fue publicada por la Editorial Botas en 1939, según publicó Guillermo Sheridan en su columna de El Universal.
A Gertz Manero también se le menciona por iniciar una cacería en contra de 31 científicos, investigadores y exfuncionarios. La FGR los acusó ante un juez por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones, por el presunto desvío de 244,000,000 de pesos que el Conacyt entregó al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Y entre las polémicas que le acompañan está la de litigar el caso en contra de su excuñada Laura Morán y su madre, Alejandra Cuevas Morán, a quienes acusó de la muerte de su hermano Federico Gertz. Ambas ya están libres.
Pero el caso más sonado es el de utilizar a la Universidad de las Américas (UDLA) para la compra de cuatro propiedades y el realizar transferencias de dinero a cuentas en 11 diferentes países, incluyendo paraísos fiscales como Aruba y Bermudas. El semanario Etcétera enlistó datos de 11 inmuebles del fiscal en México, Estados Unidos, Francia y España.
El fiscal de los 122 autos de lujo, como lo señaló el diario Independent, ya había aparecido en los Panama Papers por las inversiones de la familia Gertz en las Islas Caimán. Incluso se menciona que el fiscal era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto.
El caso de Irma Erendira
Pareciera que a Irma Eréndira Sandoval nada la movería de ser titular de la Secretaría de la Función Pública. Pero a inicios de 2021 supimos que ella junto con su esposo, el investigador John Ackerman, tenían cinco casas y un terreno que sumaban más de 60,000,000 de pesos.
Las cifras no cuadran: dos investigadores de la UNAM se hacen de todos estos inmuebles, varios de ellos, con pago de contado. Además, a la pareja, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Marcelo Ebrard, les escrituró un terreno de 253 metros cuadrados en la alcaldía Coyoacán, por el rumbo del parque de diversiones Six Flags.
A la pareja Sandoval-Ackerman no se les probó ningún delito. Siguió cerca del presidente hasta que el apoyo de la secretaria de la Función Pública a su hermano Pablo Amílcar Sandoval, para ser candidato al gobierno de Guerrero terminó incomodando a la 4T.
¿Por qué van tan lentos los procesos de estas y estos exfuncionarios?
