Las autoridades penitenciarias –tanto estatales como federales– restringieron las visitas de los familiares de las internas e internos en las cárceles, para evitar el contagio de COVID-19 en estos lugares. Paradójicamente, estas medidas de prevención terminaron costando casi tantas vidas como el nuevo coronavirus.
Mientras que la COVID-19 le quitó la vida a 176 internos e internas, hubo 184 homicidios y suicidios en 2020 (un incremento de 71% y 90% en comparación a 2019 respectivamente), de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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En general, los incidentes violentos en los centros penitenciarios que dieron información a la CNDH para su diagnóstico, aumentaron 12%, respecto a 2019.
¿Por qué pasó esto? La cancelación de visitas, los contagios de coronavirus en prisión, el hacinamiento y la incertidumbre de no ver a sus familias afectó directamente la salud mental de una población que de por sí ya es más propensa a desarrollar estrés, depresión o ansiedad, nos dice Sofía Talamantes, coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta.
Los familiares que visitan a las personas privadas de su libertad en las cárceles, además de representar un vínculo afectivo con el exterior, también son quienes los proveen del dinero que necesitan para cubrir sus necesidades al interior de los penales (artículos de higiene, medicamentos y muchas veces comida). Al restringir estas visitas la sobrevivencia y convivencia detrás de los muros de las cárceles se hacía más conflictiva, explica Talamantes.
Los penales más afectados
Morelos concentró el 43% del total de los asesinatos con 30 casos, seguido por el Estado de México con 10 homicidios y Jalisco con ocho.
El Estado de México es una de las entidades con mayores focos rojos por los casos de hacinamiento y sobrepoblación que se viven en sus Centros de Readaptación Social (Ceresos), de acuerdo con Documenta, una organización civil especializada en investigar el sistema penitenciario mexicano.
En contraste, las entidades que reportaron sólo dos casos fueron Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua. Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato reportaron un caso cada una.
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COVID-19 también disparó suicidios
La tasa de suicidios en las personas en prisión es hasta 7.5 veces más alta que las que no están privadas de su libertad, y la COVID-19 afectó directamente a su salud mental en la población penitenciaria, coincide también el diagnóstico de la CNDH.
El resultado de esta crisis se tradujo en un aumento de 90% en suicidios entre la población penitenciaria, lo que convirtió a 2020 en el año con más casos registrados en la última década, de acuerdo con la CNDH y el Observatorio de Prisiones de Documenta.
Además, el número de suicidios pueden ser mayores, pues las autoridades no registran todos los incidentes violentos que ocurren dentro de las prisiones por falta de transparencia y negligencia, nos dice Talamentes.
Aunque en el 87% de los suicidios en las cárceles del país se registraron en las que dependen de los gobiernos estatales, en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), varios de los cuales están concesionados a operadores privados, 14 personas se quitaron la vida, mientras que el año anterior (2019) ninguna lo hizo en estos lugares.
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Suicidios pudieron evitarse: CNDH
Las autoridades penitenciaras tienen la obligación de dar seguimiento e identificar las posibles conductas de riesgo suicida en su población (depresión, trastornos psicológicos, intentos suicidas), para atender estos casos y prevenir los suicidios. Sin embargo, no hay suficiente personal de salud especializado para diagnosticar estos casos ni programas de atención, de acuerdo con la CNDH y Documenta.
Hasta el año pasado, los Ceresos reportaron que existían más de 600 personas con conductas de “riesgo suicida”. En donde el Estado de México encabeza la la lista con 238 personas, seguido de Guerrero 149 y Chiapas con 37.
Un ejemplo claro de la falta de transparencia es que en el 77% de los casos se desconoce la causa de suicidio de las personas, mientras que en el resto (23%) se ha documentado que fueron por depresión, padecimientos psicológicos o problemas familiares, de acuerdo con el diagnóstico de la CNDH.
84% de los casos de suicidio fueron por ahorcamiento o asfixia, principalmente en los dormitorios de las personas presas, en baños o regaderas y algunos casos, en el área de visita conyugal, siempre según los datos de la CNDH.
Hacinamiento, violencia, suicidios y homicidios son los principales focos rojos de las crisis que atraviesan las personas que están presas en las cárceles de nuestro país, sin que las autoridades se hagan responsables por las muertes violentas que generan sus condiciones indignas en las prisiones.
