Ser mujer en México es despertarte cada mañana con la noticia de, por lo menos, un nuevo asesinato (en promedio se cometen 10 diariamente).
Las calles han sido el lugar donde, a veces cientos, y otras miles de mujeres han salido a manifestarse en contra de todos los tipos de violencia de género: por violencia física, por acoso callejero, por el abuso sexual a niñas, adolescentes y adultas, porque si hay algo que ha quedado claro es que la violencia contra las mujeres no diferencia edad, nivel socioeconómico o educativo.
Sin embargo, el gobierno se ha ocupado más en criminalizar estas manifestaciones, que en solucionar de raíz la violencia de género, coincidieron especialistas consultadas por Cuestione.
Un perfil de Facebook de “Ana Perez” (sic) publicó los nombres, perfiles y datos personales de varias manifestantes. Eso le bastó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para abrir un expediente por los destrozos y saqueos en manifestaciones pasadas y citar a declarar a 13 mujeres.
Ellas tuvieron que responder por la publicación del perfil de “Ana Perez”, mismo que desapareció una semana después, y a pesar de que el delito de lesiones –uno de los imputados– no se persigue de oficio, es decir, debe haber un denunciante que acuda al ministerio público. Pero aquí no había una persona afectada que denunciara, solo una acusación anónima de un perfil de Facebook.
“No hay ningún señalamiento que fortalezca estas acusaciones, salvo declaraciones de las Policías de Investigación, que son quienes inician esta carpeta”, declaró Gloria Méndez, abogada de algunas de las mujeres acusadas pertenecientes al Bloque Negro.
Incluso una de las mujeres acusadas, en entrevista con Animal Político, mencionó que los delitos por los que la acusan fueron cometidos en una marcha a la que ella no asistió, ya que estaba trabajando desde su casa.
“La estigmatización y la criminalización pueden significar mecanismos de censura o de reprensión, que también quitan la atención a las razones por las cuales miles de mujeres se han apropiado del espacio cívico. Mientras no haya una respuesta por parte del Estado para prevenir la violencia contra la mujer, la gente va a seguir protestando”, nos explicó Paula Saucedo, coordinadora de la Red Rompe el Miedo y coordinadora de prevención en el programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
Para saber más: Tras un mes en prisión, liberan a Elis, la alumna criminalizada por la UNAM
Detenciones arbitrarias en protestas
Las mujeres salieron a protestar por un caso de violencia sexual cometido por la policía municipal en contra de una joven, en León, Guanajuato, el 22 de agosto de 2020. Aunque la protesta era pacífica, la policía detuvo a, al menos, 23 personas –22 mujeres y un hombre–. Además de agredir a manifestantes, reporteras y gente que caminaba cerca del lugar, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Seguridad Pública de León dijo, a través de su cuenta de Twitter, que las detenciones se realizaron debido a “actos vandálicos y agresiones a la autoridad en la manifestación violenta”. Las personas detenidas fueron liberadas en la madrugada sin enfrentar cargos y denunciaron que durante la detención fueron víctimas de de amenazas, golpes y ahorcamientos, los cuales pueden ser considerados como actos de tortura, de acuerdo con la CNDH.
Las manifestantes también denunciaron que durante la detención, al menos dos menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por parte de los policias. Una de ellas relató a Amnistía Internacional México que la subieron a la patrulla y alguien le levantó la falda y “me metió la mano”.
“El Estado mexicano tendrá que desarrollar otras alternativas para establecer lazos con las nuevas formas de organización y de protestas de las mujeres en México”, sentenció Edith Olivares Ferreto, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.
Te recomendamos: Día Naranja llegó con aumento de víctimas de feminicidios y trata de personas en CDMX
¿Cuál es el peligro de criminalizar a las manifestantes?
Aunque 69 de cada 100 mexicanos consideran que los feminicidios han aumentado en los últimos años, esto no quiere decir que apoyen las protestas feministas, de acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky.
Los y las mexicanas han notado que la violencia en contra de las mujeres no sólo existe, sino también va en aumento, pero pese a esto, en febrero de 2020, el 71.6% dijo que las movilizaciones no deben realizarse en las calles y alterar el tránsito, el 85% mencionó que no deben realizar pintas en edificios y monumentos, mientras que el 67% señaló que las mujeres no deben protestar frente a redacciones de medios de comunicación que no hayan reportado correctamente los feminicidios, mostró Consulta Mitofsky.
Al manejar el discurso de que son personas violentas y revoltosas que generan daños, crean una división entre lo que es correcto y lo que no; dentro de este contexto las activistas muchas veces son expuestas al compartir su nombre, apellido, dirección, redes sociales y se les pone en peligro.
Esto, porque las personas que no estén de acuerdo con su manera de manifestarse pueden creer que tienen derecho a agredirlas, nos explicó Paula Saucedo, coordinadora de la Red Rompe el Miedo y coordinadora de prevención en el programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
La criminalización de las protestas ha llevado a que las autoridades intenten reprimirlas con armas de fuego, como sucedió en Quintana Roo, cuando un grupo de mujeres se manifestaban frente al palacio del ayuntamiento. Para dispersarlas, los policías lanzaron balazos al aire, con lo que hirieron a un reportero, una reportera y una manifestante. Además, las manifestantes también denunciaron detenciones arbitrarias, amenazas y golpes.
Te puede interesar leer: Kenia Hernández, una activista más violentada por el gobierno
Se criminaliza y crean más campañas de desprestigio contra mujeres
Existe una tendencia a criminalizar las actividades que son realizadas por las defensoras de derechos de la mujer o sobre cuestiones relacionadas con el género.
Además, se han reportado que las acciones en su contra son detenciones, investigaciones, juicios y condenas penales que van desde las multas hasta detenciones administrativas y largas penas de prisión, de acuerdo con el informe Criminalización de personas defensoras de derechos humanos, de la CNDH.
A Elis, una activista perteneciente al colectivo “Argüenderas y Revoltosas” de la FES Acatlán, le costó 30 días en la cárcel el haber tomado dos cubículos para protestar por los casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque las clases habían sido suspendidas por la pandemia, ellas decidieron seguir la lucha, sin imaginarse que unas semanas después serían agredidas por un grupo de hombres encapuchados con chalecos antibalas y armas de fuego.
Tampoco pensaron que la UNAM iba a presentar dos denuncias penales, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra en la Fiscalía General del Estado de México, por el incendio que provocaron estos hombres. Elis sólo estuvo un mes en la cárcel, pero de no haber sido por la organización de sus compañeras y por la presión mediática no sabemos cuánto hubiera tardado el proceso para dejarla en libertad.
El hartazgo de las mujeres hace que busquen nuevas formas de ser escuchadas, de hacer visible las problemáticas que enfrentan y esto las ha llevado a romper, algunas veces, con las manifestaciones pacíficas y las reglas patriarcales, explicó Saucedo. También comentó que “El ejercicio de la protesta de mujeres y minorías de género reivindican distintas formas de expresión, por eso creo que hay más represión en cuanto a las protestas feministas”.
Algo similar le ocurrió a Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del colectivo Zapata Vive, quien en lo que va del año ha sido detenida tres veces, y desde el 25 de octubre se encuentra encarcelada en el Cefereso 16, en Coatlán del Río, Morelos.
La activista levantó las plumas de peaje en en la caseta Toluca – Valle de Bravo, mientras se manifestaba por la liberación de tres presos políticos de Guerrero.
A partir de ese momento comenzaron a llegar las órdenes de detención en su contra, por delitos de robo con violencia. A Kenia Hernández le han fabricado delitos una y otra vez con la intención de darle un “castigo ejemplar” a quienes tomen una caseta como protesta social, comentó su abogado, Antonio Lara.
La campaña de desprestigio en contra de Elis, Kenia o las trece mujeres denunciadas en la CDMX no sólo las afecta por su situación legal, sino también las expone a sufrir agresiones y discriminación en un futuro, coincidieron las expertas.
Durante el último año las manifestaciones feministas han convocado a más mujeres, han roto y pintado cristales y paredes, pues están hartas de no poder caminar en paz, de vivir violencia dentro de su hogar, de ser acosadas en la calle y el transporte público, entre otras problemáticas por la que deben pasar, y las autoridades han respondido criminalizándolas por levantar la voz.
