El 27 de octubre de 2022 Jesús Manuel García Martínez fue asesinado por un grupo de cuatro hombres armados que entraron a su hogar alrededor de las 10 de la noche. Jesús era un activista medioambiental que se oponía a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La organización a la que pertenecía Jesús, Corriente del Pueblo Sol Rojo, denunció que su asesinato estaba relacionado a su trabajo por la defensa del territorio.
Jesús fue una de las 31 personas defensoras de territorio asesinadas en 2022 en México, el tercer país más peligroso para estos activistas en el mundo.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son aquellas que luchan y alzan la voz en contra de la sobre explotación de recursos naturales.
En territorio latinoamericano
El problema de la violencia en contra de comunicadores y defensores de derechos humanos no es solamente mexicano, es un problema latinoamericano. En 2022 el 88% de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente sucedieron en América Latina, según el informe Siempre en Pie de la organización Global Witness.
La impunidad en la región es mencionada por este reporte como una de las condiciones principales que facilitan el asesinato de tantos activistas.
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Colombia, donde solamente el 5.2% de los ataques contra defensores de derechos humanos se han resuelto por la vía legal, es el país con más asesinatos de personas defensoras de territorio en el mundo. El país sudamericano registró 60 homicidios en 2022; Brasil y México le siguen con 34 y 32 asesinatos, respectivamente.
La selva amazónica es el mayor bosque del mundo y al menos 40 millones de personas y más de 500 pueblos indígenas viven en ella. Esta se encuentra en Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Guayana, Guayana Francesa y Suriname.
La defensa de este enorme territorio que se considera el “pulmón del mundo” ha sido ardua y brutal. En 2022 uno de cada cinco asesinatos de personas defensoras sucedió en la Amazonía.
Esta selva ha sido históricamente un foco rojo en el tema de defensa de territorio, sin embargo, durante la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil la deforestación y la minería ilegal en la Amazonía Brasileña se convirtieron en un problema global por los efectos que acabar con esta selva tendría en el planeta.
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La primera línea de defensa, los activistas locales –muchos de ellos indígenas–, fueron quienes más sintieron no solo la destrucción ambiental, sino también la violencia. Durante su gobierno los ataques contra pueblos indígenas y sus territorios se triplicaron.
En Colombia, una combinación de violencia generalizada –algo parecido a lo que sucede en México– y la lucha contra la extracción y sobre explotación de los recursos naturales han convertido al país en el lugar más peligroso para personas defensoras del territorio.
Otras violencias
El asesinato es la máxima expresión de la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, pero no es la única. Las agresiones en su contra son muchas y van desde las amenazas hasta la privación de la libertad.
Según la organización Front Line Defenders, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos fue en 2022 la forma más común de las agresiones que este grupo recibió. Esta táctica de los Estados ha consistido en hacer ver a las personas defensoras como una “amenaza para el desarrollo” de los países o criminales.
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La criminalización no solo representa un problema legal para activistas, sino que vulnera sus derechos y su seguridad. Cuando los defensores dejan de tener la protección del Estado porque sus actividades de defensa son criminalizadas, corren el riesgo no solo de detenciones arbitrarias sino de que se quedan sin protección estatal, explica también el informe de Global Witness.
La cuestión indígena de la defensa del territorio
La sobreexplotación de recursos naturales en regiones que son ricas en ellos ha despertado en las comunidades, mayoritariamente indígenas, una necesidad de alzar la voz y defender no solo la tierra, sino también su forma de vida.
36% de las personas defensoras asesinadas en 2022 pertenecían a un pueblo indígena.
El pueblo Kayapó en Brasil es uno de los más violentados por su defensa del territorio en el mundo pero también uno de los más eficientes en la lucha contra la minería ilegal.
En Venezuela, la comunidad Uwottüja perdió a su líder más destacado en 2022, Virgilio Trujillo Arana, quien fue asesinado por su movilización en contra de la minería ilegal y de los grupos delictivos, indicó Global Witness.
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“Las comunidades indígenas son objeto de una cantidad desproporcionada de ataques, a pesar de que desempeñan un papel crucial en la protección de la selva, pues realizan una labor de custodia de los ecosistemas de los que depende la vida en la Tierra y protegen el 80 % de su biodiversidad. Muy rara vez se hace justicia por los ataques cometidos en la Amazonia, con lo que reina la impunidad”, detalla el reporte.
Buenas prácticas necesarias
Es fundamental que los Estados se comprometan a garantizar la libertad de expresión y de protesta si se pretende poner fin a los ataques contra defensores del territorio. Muchas veces los activistas están realizando las tareas de vigilancia que el Estado no cumple, por lo que un compromiso con el medio ambiente involucra también un compromiso con quienes lo defienden.
Los Estados deben “formular y promulgar las leyes” que exijan a las empresas respeto de los derechos humanos y del territorio antes de comenzar actividades extractivistas, explica también el reporte de Global Witness. Las cifras tan alarmantes de violencia en contra de defensores de derechos humanos –desde periodistas hasta defensores del territorio– deben ser un llamado de atención a toda la sociedad. Es tarea de todos y todas defender a los defensores.
