La falta de presupuesto y personal, sumados a una cultura de corrupción, intimidación y la desconfianza que tiene la ciudadanía en las autoridades, hacen que en México los delitos tengan un 94.8% de impunidad, de acuerdo con un estudio de México Evalúa.
La última actualización de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020- 2021, indica que en 2020 se denunció el 10.1% de los delitos, de ellos el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en el 66.9% de los casos.
La misma encuesta estima que la cifra negra a nivel nacional es del 93.3% de los delitos que no fueron denunciados o que no se inició una carpeta de investigación.
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La principal razón para no denunciar, de acuerdo con la ENVIPE, es que la ciudadanía lo considera una “pérdida de tiempo” con el 33.9% y desconfianza en la autoridad con 14.2%.
Esto se debe principalmente a las deficiencias estructurales de las instituciones de impartición de justicia, como nos explica Leonardo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
“La falta de capacidad técnica, de independencia de los servicios forenses, las reducciones sucesivas de presupuesto y de personal”, son obstáculos que impiden la eficiencia de las instancias de impartición de justicia, que se acentúa a nivel local y se refleja en la percepción de la ciudadanía, dijo el entrevistado.
El estudio Hallazgos 2020 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México de México Evalúa, indica que existe un “debilitamiento del sistema nacional de coordinación técnica” en términos de seguridad.
El mismo estudio acusa que “la falta de liderazgo de la instancia coordinadora nacional ha tenido un impacto negativo en las instancias de coordinación técnica estatales, en las que se observa una tendencia al debilitamiento e incluso a su desaparición”.
El presupuesto es castigado a nivel estatal y municipal
Según el columnista de El Universal, Alejandro Hope, en la designación presupuestal para el sector de seguridad, de los aproximadamente 300 mil millones de pesos que se destinan cada año, menos de 100 mil millones son ejercidos a nivel estatal o municipal.
“Se ve un debilitamiento del poder judicial. Por ejemplo, en los ministerios públicos tenemos un déficit tremendo”, nos explicó el politólogo Jorge Márquez, quien añadió que además se necesita personal que vigile el correcto funcionamiento de los servidores de las instancias locales de seguridad.
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“Se trata de poner una serie de medidas, de incentivos y de castigos, que les impidan por completo caer en la corrupción”, detalló Márquez.
La cultura de la intimidación desestimula la denuncia
Una parte importante de las dinámicas viciadas que tienen los órganos de impartición de justicia locales es que no funcionan como servidores públicos, sino como figuras de poder, que incluso intimidan a los denunciantes para que desistan de seguir los procesos, nos explicó en entrevista la abogada y socióloga Elvira Cedillo.
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Para la también académica de la UNAM, la fórmula perfecta para que la cultura de la impunidad germine en nuestra sociedad se compone de una carencia de estructura de las instancias de seguridad, ignorancia de la ciudadanía que no se reconoce como sujetos de derecho y abuso de poder de los funcionarios públicos.
Incluso nos compartió un caso personal, en el que tras un accidente automovilístico donde un conductor chocó contra el auto de Elvira Cedillo y se retiró sin hacerse cargo de los daños, ella fue persuadida por el agente del Ministerio Público al intentar hacer la denuncia.
“¿Y sí va a querer que proceda?” Le preguntaron los agentes del Ministerio Público con un halo de prepotencia, casi agresiva, cuenta la abogada. No fue hasta que presentó las fotografías, registros y datos del conductor implicado, que pudo obtener durante el siniestro, e informó a la instancia su condición de profesionista del derecho, que el personal del Ministerio Público “accedió” a proceder con la denuncia.
La denuncia, que quedó en total impunidad, le tomó alrededor de 12 horas.
“Ésto, contemplando que yo soy abogada y conozco los procesos. Una persona que ignora sus derechos y el funcionamiento de la leyes, ni siquiera se toma el tiempo de seguir con el trámite y los servidores públicos se aprovechan de esta situación”, recalcó.
Tanto la ciudadanía como los responsables de la justicia dan por hecho que el acceso a la justicia es una utopía en México y que es más fácil, menos burocrático y desgastante, resignarse a que esta es la realidad de las y los mexicanos. ¿Te parece esto justo?
