A Karla, una médica internista del Hospital General Zona 2 del IMSS, en Saltillo, le tocaron los glúteos con las manos de un paciente anestesiado. Después, le dieron una nalgada. Por ambos actos, Karla denunció de acoso sexual a Julián N, anestesiólogo y compañero suyo.
Como la de Karla, hay 542 denuncias por acoso sexual entre personas funcionarias públicas, de diciembre de 2018 a marzo de este año; más del doble de las reportadas en todo 2018, cuando se registraron 211, de acuerdo con el Informe Estadístico de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2018.
La cifra de acoso sexual podría ser mayor, pues para muchas mujeres no es una opción denunciar “por las amenazas que reciben de perder su trabajo, cumplir con horarios laborales extras, cambios de horarios que no les favorezcan y porque no hay un seguimiento real a sus casos”, nos dice la abogada laborista Angélica González, quien también es integrante de la Campaña Trabajo Digno.
Impunidad en todas partes
Lo grave es que el mismo sistema, que se encarga de proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, también tiene problemas de acoso sexual internos. Así, vemos que la impunidad que las mujeres viven en las calles se repite en las instituciones, pues únicamente 14 de esas denuncias terminaron con una sanción de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto es tan solo el 2.6%.
Además, preocupa que estos casos se den en las dependencias públicas, encargadas de servir y atender a las y los ciudadanos. “Las dependencias públicas tienen una doble obligación de procurar que no existan estos casos dentro de sus espacios, para después dar el ejemplo y erradicar estos casos” en la sociedad, nos dice González.
Los acosadores, en general, ostentan cargos de poder, como directores, doctores y jefes de enfermeros (en las dependencias de salud), jefes de oficina o de departamentos, de acuerdo con las denuncias presentadas en la Secretaría de la Función Pública.
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IMSS, la dependencia con más denuncias
“No se permitirá ni un solo caso de acoso sexual”, aseguró Zoé Robledo, director del IMSS, en febrero de 2020. Sin embargo, esta dependencia es la que encabeza la lista de denuncias de acoso sexual en toda la administración federal del gobierno de López Obrador, con 126 casos, entre diciembre de 2018 y marzo de este año.
En segundo lugar se encuentra la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), con 83 denuncias, y en tercer lugar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 27.
El IMSS también fue la dependencia que más denuncias tuvo entre 2015 y 2018, con 63 casos, de acuerdo con el Diagnóstico de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública Federal, de la CNDH. Esto significa que en poco más de un año, el IMSS duplicó el número de acusaciones por acoso sexual.
Los casos de acoso sexual del IMSS no solo se dan contra las trabajadoras, también se han documentado casos contra las pacientes. Como el de un médico del Hospital General de Iztapalapa, quien fue acusado el año pasado de violar sexualmente a una joven de 21 años.
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Los derechos de las trabajadoras
Las mujeres tampoco están seguras en sus espacios de trabajo. Seis de cada 10 mujeres están condenadas a experimentar abuso o acoso sexual al menos una vez en sus vidas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Apenas en 2016, se creó el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, para que las dependencias tuvieran una herramienta contra la violencia de género. Este año, con el gobierno de López Obrador, se creó un nuevo protocolo que, entre sus mejoras, está el brindar acompañamiento a las víctimas y la creación del rol de consejeras mujeres para asesorar estos casos.
Sin embargo, uno de los pendientes de este protocolo es considerar la reparación integral del daño a la víctima, nos dice la abogada laborista Angélica González.
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Sanciones insuficientes por casos de acoso sexual
Las 14 sanciones que se aplicaron contra los servidores públicos –de acuerdo con la información de la Secretaría de la Función Pública–, están basadas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual dice que la sanción contra el servidor público puede ir desde una amonestación hasta la destitución del empleo.
Los castigos más comunes para los acosadores –cuando llegan a ser sancionados– son la suspensión temporal del empleo sin goce de sueldo, destitución, inhabilitación, disculpa hacia la víctima y amonestación privada o pública, de acuerdo con el Diagnóstico de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Código Penal Federal dice que si un servidor público comete abuso sexual, no solo se le retiraría del cargo, sino que también podría quedar inhabilitado para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.
Por eso es que estos casos no solo deberían quedar en faltas administrativas, sino aplicar el Código Penal y para ello el caso tiene que llegar al Ministerio Público y que éste realice la investigación adecuada y efectiva para sancionar con perspectiva de género para que haya una sanción real, nos dice la experta.
Mientras aumentan los casos de acoso sexual contra funcionarias públicas, el presidente sigue asegurando que “nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora”.
