El derecho a la privacidad es la facultad que se tiene de “decidir cómo, cuándo y hasta qué punto comunicamos a los demás la información relacionada con nuestras personas”, nos dijo Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la Ibero.
La Constitución establece en el Artículo 16, el derecho a no ser molestados en nuestra persona, familias, domicilios, papeles y posesiones, a menos que exista una orden firmada por una autoridad competente.
Este artículo constitucional fue reformado en 2009 e incluyó en su segundo párrafo el derecho a los datos personales y la rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de esos datos. “Así, formalmente hablando, el derecho a la privacidad goza de una amplia protección constitucional en el país”, precisa García Ricci.
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¿Qué sucede en México?
Ahora bien, el investigador de la Ibero consideró que en México aún hay bajos niveles de respeto por la vida privada. “Esto se debe, en parte, al poco desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial que este derecho ha tenido en nuestro país”, explicó.
Tan visible es esto, que se refleja en la filtración de videos a los medios de comunicación, audios o fotografías “relacionados con la vida privada de muchos mexicanos y mexicanas, generalmente”.
Pese a que en el párrafo 12 del Artículo 16 de la Constitución señala que la ley sanciona cualquier acto que atente contra las comunicaciones privadas, Diego García Ricci, dice que “en la mayoría de los casos, los afectados no van a los tribunales a acometer (enfrentar) a quienes, sin su autorización, difundieron sus actos o hechos privados”.
¿Qué lo impide? “La acción de reparación por daño moral, por citar un ejemplo, les exige a las víctimas probar que la difusión de hechos relacionados con su vida privada efectivamente les causó un daño”, señaló.
El Estado y la privacidad
A través de ciertas acciones, los gobiernos buscan ejercer cierto control sobre la vida privada de la ciudadanía.
Un caso reciente es el padrón de telefonía celular con datos biométricos, planteado por el actual gobierno. Una copia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), un proyecto de Genaro García Luna en el sexienio de Felipe Calderón.
Crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos de dueños de celulares como pretende esta administración, “vulnera el derecho a la privacidad”, advierte el experto.
“La intromisión se configura en el momento en el que se nos pide información muy sensible como son nuestros datos biométricos para que se entreguen al Estado. Estamos hablando de que se trata de una injerencia en la vida privada”, agregó García Ricci.
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Indignante, proyecto de Calderón
Garcia Ricci, académico de la Ibero, recordó que el ex presidente Felipe Calderón insistió en una cédula de identidad ciudadana con “base en datos biométricos, que contenía 10 huellas dactilares y el iris de ambos ojos, a pesar de que ya se tenía una credencial para votar”.
El gobierno de Calderón gastó 3,100 millones de pesos para la Cédula de Identidad Ciudadana y que 1.6 millones de micas fueron almacenadas por años en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, reveló Excélsior en 2018.
“Los resultados fueron indignantes. Se capturaron 6.5 millones de registros de menores de edad y los millones de pesos que costó el proyecto, literalmente, se tiraron a la basura”, señaló el entrevistado. La cédula de identidad fue cancelada por Peña Nieto en 2015.
Otro caso, se presentó en 2017, detalló García Ricci, cuando “autoridades estatales utilizaron el malware Pegasus para espiar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.
“El uso de este malware supuso una violación muy seria del derecho a la privacidad de personajes fundamentales para la democracia mexicana”, concluyó el especialista.
El INAI y la protección de datos personales
En nuestro país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
En este orden, de enero a noviembre de 2020, el INAI impuso multas por 39 millones 324 mil pesos a quienes infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Durante el foro digital Instituciones Autónomas de México, el pasado 23 de enero, Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, consideró un retroceso el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de enviar una iniciativa para desaparecer el INAI.
“Lo que está detrás de esto, es un contexto de lucha político-electoral, donde se busca decidir qué información va a ser difundida y qué información se cierra para limitar las capacidades de exigencia y de rendición de cuentas de los mexicanos”, dijo Morales.
¿Qué tan dispuesto estará el gobierno a fortalecer la privacidad de las personas, si hoy promueve el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos y quiere eliminar al INAI?
