En marzo pasado alrededor de 60 familias de Sarabia volvieron a su tierra, una comunidad enclavada en el desierto zacatecano, a dos horas de la capital del estado. Amenazados y temerosos de las balaceras y ejecuciones del crimen organizado, unos meses antes agarraron lo que pudieron y dejaron atrás sus casas, sus vidas y sus pertenencias.
A principios de este año volvieron acompañados del Ejército y la Guardia Nacional. En lo que era su hogar encontraron despojos, casas baleadas y saqueadas, muros llenos de grafiti como evidencia de lo que ocurrió ahí.
“Vinieron de otros lugares, con otro acento, a veces cuando llegaba uno a las tienditas, que parrandeaba uno ahí, llegaban ellos muy armados y muy todo, agarraban un refresco y hasta eso lo pagaban, pero, pues uno no pensó que fueran a ser ofensivos”, relató un poblador a Pedro Anza, el fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro, que documentó el desplazamiento forzado de esta comunidad.
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De acuerdo con diversos organismos defensores de derechos humanos en los tres primeros meses de este año, 18 municipios zacatecanos quedaron abandonados por temor a la violencia del crimen organizado. Estiman que 10,000 personas terminaron desplazadas en ese estado sólo por el miedo de ser víctimas de un crimen violento.
Esta realidad fue la que documentó la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary.
La experta de la ONU visitó México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de este año y el panorama que encontró fue el de un país en el que no existen los mecanismos para atender esta situación.
Jimenez-Damary dijo que varias instituciones y niveles de gobierno deben tener la capacidad para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas, por lo que pidió al gobierno crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles una atención integral.
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“Si bien es necesario crear un registro federal único de personas desplazadas internas, además de los registros a nivel estatal, éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, apuntó.
“El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”.
La experta consideró que es fundamental que las personas desplazadas internas participen en las decisiones que les afectan y que se consideren sus necesidades de protección específicas y diferenciadas.
La relatora visitó los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, donde se reunió con funcionarias y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos, cuerpo diplomático, agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.
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En su misión, Jiménez-Damary escuchó testimonios de víctimas de desplazamiento interno que optaron por dejar atrás sus hogares por diversas razones, entre las que destacan la violencia, los conflictos agrarios, la minería, la tala ilegal y los desastres naturales.
Entre los sectores de la población más afectados, la especialista destacó que se trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes; familiares de personas desaparecidas; miembros de pueblos y comunidades indígenas, así como periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.
El informe completo sobre la visita de la relatora especial al Consejo de Derechos Humanos se presentará en junio de 2023.
