La propuesta de la candidata presidencial por la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, para construir una mega cárcel en donde encerrar a criminales de alta peligrosidad “es completamente inútil y no tiene ninguna seriedad”, aseguró la integrante del colectivo Sin Guerra Eliana García.
“Es una ocurrencia punitiva bajo este esquema muy tentador que tiene no solo Xóchitl Gálvez, sino también los demás candidatos. No es una propuesta con resultados positivos en ningún lado. No tiene sustento ni diagnóstico, salvo este populismo punitivo de decir: ‘a más cárcel y a más duras penas, menos delincuencia’, lo cual es absolutamente falso”, nos aclaró la también ex diputada federal.
Al arrancar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de marzo de 2024, Gálvez prometió que de llegar a la Presidencia construiría una mega cárcel de máxima seguridad y con tecnología de vanguardia para que a los criminales “les dé miedo” llegar ahí. La propuesta de inmediato desató críticas al recordar medidas como la del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien instauró una mega prisión para los integrantes de las pandillas.
Pero también en otras latitudes “se cuecen habas”, pues en Ecuador el mandatario Daniel Noboa anunció en enero de 2024 la construcción de dos mega cárceles de alta seguridad, para encerrar a los integrantes del crimen organizado que azotan con violencia al país sudamericano desde hace meses.
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Según su propuesta, Gálvez busca “disminuir el hacinamiento” en las prisiones, además de lograr una real readaptación de los internos, y que las cárceles dejen de ser “escuelas de delincuentes”. Sin embargo, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, los 15 penales federales cuentan con una tasa de ocupación de 66.5%; están por debajo de su población límite.
Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, en el Estado de México, tiene una capacidad para 844 internos, pero hasta julio de 2023 mantenía una ocupación de 518 reos, o sea tenía 38.63% de espacios disponibles.
Prisiones privadas y de máxima seguridad… pero el crimen no para
De acuerdo con el INEGI, al cierre de 2022 había un total de 314 centros penitenciarios, de los cuales 15 son federales, 248 estatales y 51 son centros especializados para adolescentes. Del total de penales, 19 fueron catalogados como de máxima seguridad, según un recuento del ex subsecretario de Sistemas Penitenciarios de la CDMX Hazael Ruíz.
El más famoso de esos centros de reclusión de máxima seguridad es justamente El Altiplano, de donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Otro penal de este tipo era el de Puente Grande, Jalisco -del cual, por cierto, también se escapó ese narcotraficante en enero de 2001-, y que fue cerrado por decreto presidencial en 2020.
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Es de resaltar que en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) comenzó la construcción de las primeras cárceles privadas, bajo un esquema de “Asociación Pública-Privada”. Fue entonces que a partir de 2010 hubo ocho acuerdos para construir igual número de cárceles privadas, según un análisis de la organización civil México Evalúa.
Al respecto, la asesora legislativa en temas de justicia y derechos humanos Eliana García nos recordó que Calderón propuso un “régimen de excepción carcelario” al impulsar reformas a los artículos 16 y 18 constitucionales, para establecer las cárceles de máxima seguridad especializadas para la delincuencia organizada en las normas secundarias del sistema
penitenciario.
Y como te contamos en esta nota, los penales privados han resultado ser un jugoso negocio que lejos de garantizar la seguridad, han enriquecido aún más a magnates como Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña, por mencionar algunos. Además, ha resultado mucho más costosa la atención para las personas en reclusión con recursos públicos.
“El costo aproximado de un preso es de poco más de $200 mil pesos al año, mientras que en las cárceles privatizadas va de entre $114 mil a $292 mil pesos al mes. La cárcel privada más cara es el Cefereso Número 16 Femenil, en Morelos, donde el costo de una interna al mes puede ser de hasta $292 mil pesos, mientras que en una cárcel estatal el costo es de aproximadamente $110 mil al año”, nos precisó García.
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“La privatización de las cárceles ha sido un negociazo terrible”, apuntó sobre este tema la especialista, quien también brinda asesoría jurídica a mujeres presas y ha sido acompañante de víctimas de desaparición forzada desde 1977.
A lo anterior se suma -nos dijo la experta- que en todas las prisiones se siguen violando los derechos humanos, no hay medicinas o vacunas, y predominan delitos como la extorsión: “debe haber condiciones mínimas de salud en los penales; agua potable para beber sin que a las internas les cueste $5 pesos un litro de agua. O los cobros que hay para que uno se pueda alimentar, cuando es su obligación dar una dieta mínima básica”.
Reforma integral del sistema de justicia
“El sistema de justicia en México está colapsado en sus tres aspectos: procuración (fiscalías), administración (Poder Judicial) y el sistema penitenciario. Por ello, ninguna mega cárcel va a funcionar (para reducir la criminalidad) porque lo que está fallando es el sistema de justicia como un todo, y en donde impera una gran corrupción”, nos recalcó Eliana García.
Mientras no haya un plan integral nacional de seguridad que no sea el paradigma militar, que es el que finalmente priva en todos lados, no habrá un sistema de justicia armónico con protección de derechos, sin tortura y sin corrupción, abundó la ex subprocuradora encargada de Derechos Humanos de la entonces PGR, entre 2013 y 2015.
“Ninguna propuesta punitiva a nivel del sistema penitenciario tiene realmente un sustento que permita abatir la delincuencia, porque lo primero que se debe hacer para desterrar la impunidad es un sistema de investigación que lleve a los verdaderos responsables a la cárcel y no a los inocentes. Las reducciones presupuestales han afectado a todo el sistema de justicia, por lo que el presupuesto también es fundamental”, concluyó García.
