El pasado 22 de noviembre, López Obrador decretó que todos los proyectos de infraestructura a cargo del gobierno federal son de “seguridad nacional” por lo tanto, todo lo referente a estos contratos podrán ser catalogados como información clasificada.
Durante este sexenio, ocho de cada 10 contratos son otorgados por medio de adjudicación directa. Aún así, el gobierno federal está tomando acciones para hacer todavía más discrecionales las contrataciones. ¿Por qué reservar la información sobre los contratos? ¿Cómo está contratando está administración?
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Reservar la información ¿seguridad o corrupción?
Según el acuerdo publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, los contratos a cargo del gobierno federal serán clasificados. Esto quiere decir que la información relativa a contratos, empresas participantes en licitaciones, permisos, dictámenes, puede reservarse por tiempo indefinido, pues el acuerdo no establece temporalidad para la clasificación.
Aunque, la Ley de Transparencia establece que podríamos conocer dicha información hasta un periodo máximo de doce años. O bien, hasta que retiren las causas de la reserva.
Esta clasificación considera tanto a los tres mega proyectos del gobierno federal -el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas-, como obras de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles –en todas sus modalidades– energético, puertos, aeropuertos que están en curso.
La decisión tiene por objeto, según el DOF, evitar que los proyectos se detengan por trámites burocráticos, haciendo que su expedición sea fast track, en máximo cinco días hábiles.
“Esas autorizaciones provisionales son emitidas en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, indica.
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Contratos en la Cuarta Transformación
Según la información de CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas, entre 2019 y 2021 se han publicado un total de 483,033 contratos, solamente de la Administración Pública Federal.
La mayoría de contratos son para adquisiciones y servicios. Sin embargo, al menos 272 mil millones de pesos fueron asignados a obra pública y servicios referentes a obra pública.
Una parte importante de esta información es la que ya no va a estar disponible, con el nuevo acuerdo de “seguridad nacional”. Dado que no se conocerá el número real de contratos o la información referente a ellos.
Adjudicaciones directas
Un gran problema con clasificar los contratos es que estos se pueden volver más discrecionales de lo que ya son. Entre 2019 y 2021, lo que va del sexenio de López Obrador, la APF ha adjudicado directamente el 80% de los contratos.
Solamente el 10% fue a través de licitación pública y un 6% por medio de invitación de al menos tres proveedores, según la información publicada en CompraNet.
En el periodo de tiempo que analizamos, de enero 2019 a noviembre 2021, identificamos que la actual administración ha adjudicado en total 460 mil millones de pesos.
El acuerdo firmado por Andrés Manuel López Obrador; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, pone en riesgo el acceso a la información y la transparencia de las contrataciones federales.
