En el discurso sobre temas energéticos, el gobierno repite una y otra vez su objetivo: buscar la soberanía energética del país. Aunque, más bien, solo parece atender a los combustibles fósiles y deja de lado otros tipos de energías, como las renovables.
Dadas las acciones realizadas durante sus primeros dos años, parece que el objetivo real es salvar, a como dé lugar, a las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).
Manuel Bartlett, titular de la CFE, y Rocío Nahle, secretaria de Energía, han sido los encargados de implementar esta cruzada bajo el argumento de eliminar la corrupción en el sector energético, lo que se ha traducido, en la práctica, en detener todos los avances que se habían logrado en la última década en el desarrollo de energías renovables.
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De acuerdo con Liliana Estrada, coordinadora de proyectos de financiamiento del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), a pesar de que en el actual gobierno se habla de que se realizarán proyectos de transición energética, “no ha quedado claro cuáles son las políticas específicas, cómo se está desplegando la tecnología o cuántos recursos se están destinando”.
Por lo tanto, “el liderazgo de México en temas de energías limpias en Latinoamérica ha disminuido, generando mucha incertidumbre en el sector al no tener una línea clara de cuál va a ser la política energética del gobierno”, añade Estrada.
Un sector poco favorecido por el gobierno
La coordinadora de GFLAC nos explicó que las energías renovables han sido un sector poco favorecido en la última década al no recibir suficientes recursos públicos para su desarrollo, cosa que no ha cambiado a pesar de los diferentes gobiernos.
“El gasto ha oscilado entre los 500 y los 1,000 millones de pesos (cada año), lo que representa una parte mínima del sector energético. La apuesta a temas de energías provenientes de recursos fósiles sigue dominando, con 99.7% del presupuesto”.
El ejemplo reciente más claro es que de los 889,125 millones de pesos que se aprobaron para la función presupuestaria de Combustibles y Energía -clasificación del presupuesto público que atiende ese tema- en 2019, solamente 2,351 millones (0.3%) se destinaron a proyectos de energías renovables.
Y en 2020 la situación se mantuvo sin cambios cuando se asignó la misma proporción del presupuesto de Energías y Combustibles para proyectos renovables, 0.3%.
Por si esto fuera poco, la especialista de GFLAC explicó que, aunque en los últimos años se observó un ligero impulso a las energías renovables, los principales proyectos para este fin se relacionaron con plantas hidroeléctricas que, “si bien se consideran energías de este tipo, tienen muchos impactos sociales y ambientales, por lo que sus beneficios se deberían poner entre comillas”.
Un alto a la reforma energética
Otro de los objetivos de la administración actual ha sido eliminar cualquier rastro de las reformas estructurales llevadas a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre ellas, destaca principalmente el esfuerzo por echar para atrás la reforma energética.
Sin embargo, Liliana Estrada explica que “mucho del desarrollo de las energías renovables se debió a la reforma energética”, y aclara que “si bien no aumentó el gasto público, permitió la entrada de inversionistas privados, quienes realmente son los que financian la movilización de recursos para estos proyectos”.
“La reforma permitió poder tener subastas, que empresas generaran y distribuyeran energía, lo que favoreció el desarrollo de esta industria en el país. Además permitió establecer metas a mediano y largo plazo, como que el 35% de la energía que se genera fuera a través de estas fuentes renovables para 2024”.
Estrada destaca también que, a partir de dicha reforma, hubo mucha movilización de recursos internacionales, lo que posicionó a México en segundo lugar de toda Latinoamérica (solamente detrás de Brasil) en términos de atención al cambio climático.
La entrevistada señala que esto propició que el país formara parte de diversos organismos internacionales que abordan este tema, con los que se establecieron muchos compromisos de cooperación internacional que con este gobierno se mantienen en la incertidumbre.
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Por ese motivo, la coordinadora de proyectos de financiamiento de GFLAC considera que “la mayor crítica hacia la postura oficial es que, en lugar de desarrollar mejores políticas en el sector para fortalecerlo y atender las fallas que se criticaron durante la implementación, las autoridades actuales decidieron detener todo de golpe”.
Pero advierte que no todo está perdido pues, a pesar de los intentos por cerrar toda la inversión privada en el sector energético, “los amparos que se han logrado obtener por la vía judicial para detener esta política de cancelar todos los proyectos de inversión en energías renovables” se pueden considerar como “una batalla ganada”, que evita que se detengan todos los avances.
Finalmente, Estrada concluye que el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos plantea un serio dilema para el gobierno de López Obrador quien, de acuerdo a la especialista, tendrá que aclarar qué va a suceder con la política energética de México ante un gobierno vecino que, nuevamente, buscará combatir el cambio climático, así como fomentar las energías renovables.
¿Se dará este cambio en la estrategia energética?
