La política energética del actual gobierno federal se basa en rescatar a Pemex y CFE a toda costa, sin embargo, varios expertos advierten que esta decisión podría tener repercusiones económicas negativas para el país.
Desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador dejó claro que la generación de energía sería una de las tareas principales del Estado bajo su gobierno.
“Vamos a destinar mayor inversión pública para producir con urgencia más petróleo, gas y energía eléctrica y así enfrentar la crisis que dejaron los políticos neoliberales”, dijo en su toma de protesta en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018.
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Y lo reafirmó apenas el 26 de octubre, “es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Para eso me pagan”.
¿Qué tan cierto es que el gobierno pone a Pemex y CFE por encima del mercado energético? Y, de ser cierto, ¿qué efectos negativos podría tener en el futuro?
Rescatar a Pemex y CFE a toda costa
Platicamos con Alejandro Montúfar Helú Jiménez, economista y director general de la consultora PETROIntelligence, quien considera que es muy claro que hay una estrategia del gobierno federal para apoyar a CFE y Pemex.
Esta estrategia no solamente se nota en las grandes cantidades de dinero público que se le están invirtiendo, sino también en las piedritas que ponen en los zapatos de las empresas privadas que quieren competir en el sector energético.
Según el experto, es evidente que hay un plan para inclinar la cancha a favor de Pemex, el cual se está llevando a cabo desde la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“La estrategia es quitarle prioridad a los asuntos que pudieran afectar la cuota de mercado de Pemex. Esto no está oculto, tanto el presidente como la secretaria de Energía lo han expresado. Ellos van a apoyar a Pemex en lo que la ley les permita”, dijo.
En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, Montúfar Helú no ve que la estrategia de invertir grandes cantidades de dinero sea tan clara como con Pemex; sin embargo, también se nota que la CRE busca regresar su poder monopólico a través de regulaciones.
“Están apoyando a CFE en temas de regulación, lo están haciendo bajo el esquema legal, sí, con ciertos cambios que, aunque hay quien dice que son ilegales, están en el margen de maniobra”, nos dijo el experto.
Moody’s es una agencia de calificación, la cual es consultada por empresarios para saber en dónde invertir su dinero. Es decir, entre mejor calificación tenga un país, significa que los inversionistas tienen más seguro recuperar su dinero, por lo tanto invierten y generan empleo.
Pues bien, en mayo de 2020, después de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) comenzó a establecer qué nuevas plantas distribuirán energía renovable en el país, Moody’s alertó que esto tendría efectos negativos para México.
¿Por qué? Según la agencia calificadora, esto podría limitar la entrada de nuevos competidores que produzcan energía renovable, por lo tanto, el sector privado generaría menos dinero del que tiene potencial y podría espantar futuras inversiones de este tipo.
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¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas?
Para Alejandro Montúfar, todavía es muy pronto para saber si la estrategia del gobierno de poner a Pemex y CFE por encima de todo dará buenos resultados, sobre todo si tomamos en cuenta la crisis por COVID-19.
Sin embargo, el experto sí ve probables consecuencias negativas de seguir regulando a favor de Pemex y CFE y seguir poniéndole trabas a los competidores.
Una primera consecuencia es que el gobierno podría verse enredado en problemas legales, ya que “la iniciativa privada no se está quedando con los brazos cruzados, está utilizando la vía del poder judicial, para ponerle freno a esas políticas del gobierno federal”.
Además, otra consecuencia es que no se genere empleo porque las empresas dejarían de invertir en México, ya que en este momento hay proyectos a los que ya les metieron dinero pero están detenidos.
“Hay proyectos económicos que no están operando porque no tienen un permiso. Esto impacta en la generación de empleo. Es algo que está pasando, es algo que las mismas empresas han expresado, hay varios componentes para que no se animen a invertir”, dijo Montúfar Helú.
Y agregó que en este momento hay dos razones por las que muchas empresas no quieren arriesgar su dinero en México.
Una es la pandemia, que afecta a todo el mundo, pero otra es la incertidumbre que les inspira el favoritismo del gobierno por Pemex y CFE, por lo cual corren peligro de que estén por encima de su inversión.
Por otro lado, otro efecto negativo de esta política energética es que no tengamos los mejores precios por la electricidad y los combustibles, pues en lugar de elevar los niveles de eficiencia de Pemex, se evita que haya otros proveedores, lo cual no genera competencia.
“Desde mi punto de vista debería ir a la par, este rescate no debería estar peleado con la iniciativa privada, Pemex debería verse como un negocio”, según el experto, y debería competir con otras empresas para generar mejores precios para la ciudadanía.
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Más consecuencias negativas
Sin embargo, hay analistas más pesimistas que ven que la política energética actual podría provocar graves consecuencias para el país.
Francisco Padilla Catalán, consultor en inteligencia de negocios, publicó en Funds Society, que una política energética debe tener visión a largo plazo para que siga vigente durante décadas y no debe basarse en lo que sucede hoy.
“Privilegiar las condiciones actuales o del pasado puede ser muy rentable electoralmente, pero muy perjudicial en el largo plazo”, escribió Padilla Catalán.
En cuanto a limitar la participación de empresas privadas en la generación de energías renovables, el profesor del CIDE, José Antonio Crespo, declaró a El Universal que esta postura energética tendrá un costo político para la actual administración federal.
Argumenta que los seguidores de este gobierno aplauden la postura, “porque le han comprado este discurso nacionalista y de la soberanía de los años 70”.
“Mucha gente se quedó en esa década, empezando por López Obrador”, dijo Crespo, pero en cuanto los electores moderados comiencen a ver las consecuencias económicas, dejarán de apoyar a este proyecto de gobierno.
En ese sentido, el internacionalista Gabriel Guerra, también en entrevista con El Universal, señaló que esta política energética “mete ruido en proyectos de inversión existentes con repercusiones legales, vinculadas a los tratados comerciales de los que México forma parte, como el T-MEC y con la Unión Europea”.
Además, “en el entorno internacional y en la de la imagen de México en el exterior, esto resta, nos pone como un país que apuesta al pasado y que no respeta los acuerdos ya pactados”.
Por último, el consultor Rodrigo Villar, escribió en Expansión que la política energética actual de México es “retrógrada”, pues es “una apuesta por lo ideológico”, sin embargo “lo realmente grave es que apunta a ser económica y ambientalmente suicida”.
Si la crisis económica se agrava, ¿el gobierno dejará de tener como prioridad rescatar a Pemex y CFE? ¿Será posible ver un golpe de timón o esperarán, en medio de la crisis, a que el tiempo les dé la razón?
