¿Ha comenzado una era de expropiaciones sin fin por parte del gobierno de la 4T? ¿Los grandes empresarios deben empezar a poner “sus barbas a remojar”? ¿Vamos en camino a ser -ahora sí- como Venezuela o Cuba? ¿Tus bienes personales corren peligro?
Ésas y otras preguntas surgen no solo entre analistas, sino también entre la ciudadanía, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer, se ha empeñado en afectar los intereses privados que obstaculicen sus megaproyectos, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el Tren Maya.
El 19 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto en el que se ordenó la “ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec” de 120 kilómetros de vías ubicadas en Veracruz, y que fueron concesionadas en 1998 a la empresa de transporte de carga Ferrosur. Ese mismo día, elementos de la Secretaría de Marina ocuparon el tramo ferroviario Coatzacoalcos-Medias Aguas.
Con el decreto se declaró de “utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” en tres tramos ferroviarios, por los cuales se pagará una “indemnización”.
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Ferrosur es una filial de Grupo México, el cuarto productor mundial de cobre, y que además se dedica al transporte de carga y a la construcción de infraestructura. El dueño de Grupo México es Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país -después de Carlos Slim-, según información basada en el más reciente listado de multimillonarios, publicado por la revista Forbes, con una fortuna de $30,800 millones de dólares.
Incertidumbre para las inversiones
Tras la publicación del decreto y la ocupación de los tramos ferroviarios por parte de la Marina, el Consejo Coordinador Empresarial -mecanismo que agrupa a los empresarios más importantes del país- manifestó su “profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos”.
Al respecto, el presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, Manuel Díaz, nos dijo que “es factible” que la actuación del gobierno provoque incertidumbre entre los inversionistas, “sobre todo extranjeros”. “Esto no significa que vaya a expropiar a todo el mundo, eso es poco probable, pero el hecho de expropiar a una de las empresas de uno de los hombres más ricos del país, sí genera incertidumbre a los inversionistas”, precisó.
El especialista descartó que con estas acciones contra los empresarios nos encaminemos a un régimen como en Venezuela o Cuba, pero recordó que el actual gobierno ha tomado “decisiones tan radicales” como cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, Estado de México.
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“Eliminamos toda la inversión que se realizó en Texcoco y se afectó a inversionistas importantes que ya habían desembolsado recursos. Desde entonces no habían ocurrido actos de esa naturaleza, hasta este reciente que espanta a la gente porque precisamente se afecta a uno de los empresarios más ricos del país”, nos señaló Díaz.
El especialista en temas financieros consideró que se deben reforzar las leyes para impedir que los gobernantes afecten los derechos y bienes de particulares con base en argumentos políticos: “(los gobiernos) manipulan este tipo de expropiaciones para beneficiarse políticamente, y no necesariamente como actos en bien del país. Debe haber un marco legal muy fuerte, bien sustentado, que impida que se cumplan caprichos, enojos o venganzas políticas solamente porque el presidente lo decide”.
Manuel Díaz nos explicó además que la ocupación de vías de Ferrosur es “una estrategia del Presidente para distraer la atención de los escándalos recientes de militares por la compra de casas, inversiones y viajes. Ahora la vox populi está con el tema de que ya nos vamos a convertir en un país socialista, ya se va a nacionalizar absolutamente todo y en realidad no es así”.
¿Y qué relación tiene todo esto con la venta de Banamex?
Días antes de la expropiación a Ferrosur -que López Obrador definió como “recuperación de concesión” y “rescate”-, se había informado que Grupo México estaba próximo a comprar Banamex, institución bancaria propiedad del estadounidense Citigroup. Incluso, el propio presidente manifestó su interés en adquirir la institución bancaria.
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Sin embargo, aunque en un primer momento se reportó que el conflicto con Ferrosur no afectaría la compra de Banamex por parte de Germán Larrea, finalmente Citigroup anunció el 24 de mayo de 2023 que se desistió de vender el banco de manera directa y que “decidió colocarlo en Bolsa” a través de una Oferta Pública Inicial, que se concretará ya en la siguiente administración.
Antes del anuncio de Citigroup, el columnista Darío Celis había adelantado que la toma de instalaciones de Ferrosur por parte de la Marina habría provocado un cambio de planes de Grupo México. Según la versión del periodista, Larrea habría expresado: “no voy a pagar $7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar”.
Sobre este tema, Manuel Díaz nos recordó que López Obrador estaba muy interesado en que Grupo México adquiriera Banamex, “pues quería que todos los tesoros nacionales propiedad en este momento de extranjeros (Citigroup) regresaran al país al ser comprados por empresarios mexicanos”.
Previo al anuncio de que Banamex será vendido a través del mercado bursátil, el especialista dudaba que pudiera cancelarse la negociación con Grupo México, aunque advirtió que todo dependería “de lo ríspido de la confrontación entre López Obrador y Larrea” por el tema de la expropiación.
Finalmente, el 24 de mayo de 2023, López Obrador desmintió que hubiera un acuerdo con el magnate para pagarle $7,000 millones de pesos por la recuperación de los tramos ferroviarios que pasaron al control del Tren del Istmo.
El mandatario descartó la posibilidad de un pago para solucionar el conflicto, y en cambio, adelantó que se analizará “el derecho de paso” por esas vías. Sin embargo, sigue siendo preocupante qué mensaje se está mandando desde la Presidencia a los inversionistas y cómo afectarán estas decisiones a toda la ciudadanía.
