En una transacción sin transparencia y con más preguntas que respuestas, el gobierno de México anunció con bombo y platillo, el 4 de abril de 2023, una “nueva nacionalización de la industria eléctrica” con la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola.
Al respecto, economistas y expertos en temas energéticos nos dijeron que esa supuesta “nueva nacionalización” no es más que un mero discurso político y con fines electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener mayor simpatía de sus seguidores.
“Hay varias interrogantes. Todavía no tenemos claridad (respecto a la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola). No sabemos cuánto (dinero) va a poner el gobierno; sabemos que es mayoritariamente y probablemente casi la totalidad (de los $6,000 millones de dólares anunciados), pero al día de hoy no tenemos claridad sobre -en pesos y centavos- cuánto va a poner el Estado mexicano para la compra de estas centrales”, nos explicó Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mientras que Manuel Díaz, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, nos dijo que según lo anunciado por el gobierno, se sabe que las 13 centrales eléctricas se pagarán a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), pero -nos aclaró- “no hemos conocido ni el origen de los recursos, ni el uso que se le dará a las plantas, ni por qué se compraron. Existe mucha controversia respecto de las razones, no le vemos mucho sentido”.
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Enredada operación
En una reciente colaboración para el portal Latinus, el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa señaló que la supuesta “nacionalización” anunciada por López Obrador fue tan solo un acuerdo “entre esa empresa española (Iberdrola) y una administradora de fondos de inversión llamada Mexico Infrastructure Partners (MIP), apalancada ésta última con deuda del sector público a través del Fonadin”.
El ex funcionario abundó que las 13 plantas eléctricas “serán simplemente arrendadas, previo pago de una módica suma, por MIP a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta, cada día con más problemas de operación, pueda seguir generando electricidad”.
“La transacción se presta a mucha especulación. No hay claridad de dónde salen estos recursos (los $6,000 millones de dólares) porque finalmente el Fonadin tiene un propósito bien claro, y en este caso como que no tiene mucho sentido que se le desvíen recursos a estas plantas generadoras de electricidad, a menos de que efectivamente sea un tema de mal funcionamiento de la CFE”, nos indicó el también economista por la UNAM Manuel Díaz.
“Por el monto particularmente elevado (de la operación), podemos generar demasiadas sospechas por los tiempos electorales en lo que nos estamos moviendo”, agregó el experto en temas financieros.
Díaz advirtió que en este tema “alguien está mintiendo, porque efectivamente no tenemos la capacidad para generar la electricidad que se requiere, menos aún con los precios que hoy se están moviendo en los mercados internacionales, o simple y sencillamente los recursos van a tener un fin verdaderamente opaco. Una adquisición de esta naturaleza requiere de un proceso de valoración muy importante y nunca ocurrió”.
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Dudosa asignación de recursos públicos
Oscar Ocampo, especialista del IMCO, coincidió en que no se trató en absoluto de una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica: “para nada; legalmente estamos hablando de una transacción entre privados: Iberdrola le vende a MIP una canasta de 13 centrales eléctricas; en ningún lugar del mundo una compra-venta de 13 centrales eléctricas es una nacionalización de la industria”.
Consultado sobre la versión de que las plantas adquiridas son viejas y les queda poco tiempo de vida útil, Ocampo nos aclaró que se están comprando activos rentables: “esto no es un Agronitrogenados; no se está comprando chatarra, se están comprando activos que al día de hoy le están generando utilidades tanto a Iberdrola como a CFE. Aquí lo importante es pensar en términos del costo de oportunidad. ¿Ésta fue la asignación más eficiente de recursos públicos? Seguramente no, pero tampoco vamos a decir que es un tiradero de dinero”.
Al respecto, el economista Manuel Díaz nos dijo que lo “más preocupante” de la compra de las plantas de Iberdrola es por qué se utilizan recursos del Fonadin, cuando de lo que se trata es de fomentar la infraestructura nacional: “no hay un proyecto de infraestructura que se mencione que sea necesario para renovar, modernizar o reestructurar a la CFE; no hay una mención de la necesidad o de los planes de compra de estas plantas, solo se hizo un anuncio y se acabó”.
El experto consideró que esta compra no tenía por qué haber ocurrido “cuando hay otros aspectos tan fundamentales como el abastecimiento de medicinas para la salud pública de nuestro país; cuando es mucho más relevante, por ejemplo, modernizar la infraestructura de salud”.
Mera estrategia política
Pero ¿por qué López Obrador anunció esta transacción como una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica? ¿Cuál es el interés real detrás de ese mensaje presidencial?
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, nos respondió que la motivación de esta operación es política: “hace un año, cuando estaba la discusión de la reforma energética en la Cámara de Diputados, que al final se rechazó, se proponía que la CFE tuviera al menos el 54% de la participación de mercado. Ahora el Presidente sale a decir que tiene 55%, que no lo es en realidad, pero discursivamente funciona muy bien hablar de una nueva nacionalización, aunque en los hechos no sea tal”.
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Por su lado, Manuel Díaz nos expresó que la supuesta “nueva nacionalización” es uno de tantos “argumentos ficticios y falaces del Presidente para atraer la atención de sus seguidores, porque lo que se está pagando por las plantas es excesivo, y si así fueran los procesos de nacionalización, pues seguramente las empresas estarían encantadas de que les pagaran muchísimo más de lo que valen sus activos”.
El también articulista añadió que “como suele ocurrir en esta administración, muchas decisiones las toma el Presidente, que es totalmente neófito en muchos campos, que no tiene la menor idea de las cuestiones técnicas y actúa con fines políticos”.
Díaz agregó que mencionar palabras como “nacionalización”, atacar a los españoles o enfrentarse a otros gobiernos, forman parte de la estrategia política de López Obrador.
“Para que los que lo siguen crean que se trata de un gobierno que no es corrupto, que es honesto, que no miente, que no traiciona, pero que realmente todo lo que ha hecho ha fracasado y se ha gastado muchísimo dinero, lo que ha mermado las finanzas del gobierno. A fin de año seguramente lo vamos a ver en la situación económica del país”, concluyó.
