La importancia de conocer cómo funcionan las dinámicas del consumo de sustancias radica en entender dónde estamos parados en cuanto a qué se consume, quiénes y cómo lo consumen. Esto es clave para poder generar políticas públicas que lejos de estigmatizar el consumo de drogas, alcohol y tabaco con campañas de prevención de alta moralidad, nos permitan atender y atacar un problema que es principalmente de salud pública.
Sin embargo, desde 2017 no tenemos información actualizada ni certera del consumo de sustancias en México, al menos no una que hayan realizado específicamente sobre el tema las autoridades sanitarias. La edición de 2016-2017 fue la última vez que se publicó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en México (ENCODAT), misma que se canceló debido a temas presupuestales.
Aunque existen otras fuentes de datos como los que arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que aborda de manera rápida los hábitos de consumo de alcohol y tabaco, o la información que proporcionan los Centros de Integración Juvenil sobre los casos que llegan a sus sedes, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas y organizaciones privadas, la ENCODAT, que se realizaba cada cinco años desde 1998, proporcionaba información muy útil para acercarnos a la realidad de las y los consumidores de sustancias.
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Además de contar con datos actualizados, nos permitía también encaminarnos hacia la posibilidad una atención más humana para las personas con adicciones, tratamientos menos estigmatizantes y más enfocados en resolver la problemática como un asunto de salud, nos dijo Cristina Reyes, directora de litigio estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) que trabaja en favor de la seguridad, la justicia y la paz en México.
Se ampara MUCD para exigir que se retome la ENCODAT
Cristina Reyes nos explicó que desde 2022, MUCD interpuso un amparo para que la Secretaría de Salud retome la realización de la ENCODAT ya que consideraron que con su cancelación se pierde la oportunidad de conocer tendencias, perfiles de consumo y factores de riesgo y protección.
Recientemente, el amparo fue admitido por un juez federal con lo que la organización está exhortando a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) reconsiderar su decisión y llevar a cabo la ENCODAT. Además, sostienen en el comunicado que solo así podremos obtener información actual que nos permita construir mejores políticas públicas de salud.
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“Una de las partes más importantes es el abandono que existe por parte del sistema de salud hacia las personas que tienen una necesidad de tratamiento de adicciones y que no tienen acceso a este tipo de servicios. Uno, porque no se visibiliza de manera adecuada la situación real de consumo y dos, que al no visibilizarse no se prioriza la creación de centros y programas de tratamiento y de reducción de riesgos y daños”, nos dijo Reyes.
La especialista explicó que tampoco se prioriza la formación profesional y especializada de médicos, psiquiatras y hasta trabajadores sociales que puedan ayudar a detener las muchas violaciones a los derechos humanos que suelen ocurrir en centros de rehabilitación privados o los llamados “anexos” a los que termina recurriendo la familia de la o el consumidor ante la falta de servicios públicos donde puedan acudir.
Los centros privados de atención de las adicciones pueden violar derechos humanos
Puede sonar exagerado, pero si lo vemos desde la perspectiva de una persona que ha sido engañada y a veces hasta golpeada para forzarla a internarse en un centro de rehabilitación privado, “anexo” o “granja” donde se llegan a cometer humillaciones, vejaciones, violaciones a derechos humanos, quizás las palabras secuestro y tortura no están tan alejadas de la realidad.
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“Estos servicios privados (los anexos) no cumplen con lineamientos específicos, la autoridad encargada de fiscalizarlos no necesariamente sabe cuántos centros de tratamiento hay y por lo tanto en esos centros suelen ocurrir muchísimas violaciones a derechos humanos”, nos dijo Cristina Reyes.
La directora de litigios de MUCD nos explicó que sobre todo en los estados más cercanos a la frontera con Estados Unidos, han habido casos de centros de rehabilitación que tratan a las y los adictos a fuertes drogas inyectables, como la heroína, sin ningún tratamiento para los síntomas de la abstinencia, solo les administran antidepresivos y antipsicóticos.
A veces, el tratamiento del síndrome de abstinencia para personas adictas a los opioides sí incluye metadona, el único medicamento disponible en México para aminorar el síndrome de abstinencia. Pero en otros se decide no suministrarla a las y los pacientes principalmente por un factor de disponibilidad, ya que no es fácil encontrarla en todos los estados, y otro “de prejuicios: ¿por qué le vamos a dar drogas al drogadicto”, enfatizó Cristina Reyes.
Así que las personas tienen que sufrir los efectos del síndrome de abstinencia encerrados en una institución en contra de su voluntad, recibiendo humillaciones y sin ninguna ayuda médica para calmar los síntomas que pueden ser desde ansiedad, dolor muscular u óseo, insomnio, diarrea, vómitos, escalofríos con “piel de gallina” y movimientos involuntarios de las piernas.
“Esas son algunas de las consecuencias más graves y todo empieza desde que no tenemos información sobre la incidencia en el consumo. Por ahí tenemos que empezar para visibilizar las necesidades de esta población, atenderlas y proteger sus derechos”, finalizó la especialista.
