En los últimos cinco años, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción y que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), abrieron 58 mil 822 carpetas de investigación en 28 estados, de las cuales solo se obtuvieron 183 sentencias, de acuerdo con una investigación del portal de noticias La Lista.
La investigación refiere que de los 28 estados donde se abrieron carpetas de investigación, solo 16 fiscalías estatales dijeron haber obtenido 183 sentencias condenatorias contra funcionarios públicos de 2017 a la fecha.
Además indica que la fiscalía anticorrupción que más investigaciones abrió desde su creación es la del Estado de México con 20,295. Le siguen Baja California con 8,619; Oaxaca con 4,827; Jalisco con 3,841, Puebla con 3,544; Nuevo León con 3,099; Veracruz con 2,667; Quintana Roo con 1,631; Morelos con 1,580 y Zacatecas con 1,151.
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¿Cuáles son los estados con más sentencias condenatorias?
En términos de sanciones, las fiscalías anticorrupción que han logrado una mayor cantidad de sentencias condenatorias son las del Estado de México con 74; Baja California con 30; Puebla con 16; Quintana Roo con 12; Tamaulipas con ocho; Michoacán, Guanajuato y Tabasco con siete cada una; Nuevo León y Sonora con cinco.
Para Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, “estas cifras nos hablan de las deficiencias de las fiscalías por varios motivos: falta de autonomía, falta de criterio para poder sancionar los delitos, falta de una ley de víctimas de corrupción y falta de voluntad política”.
La experta dijo a La Lista que México ha avanzado en reconocer la corrupción como un problema, al grado de crear fiscalías especializadas para combatirla, no obstante, éstas instituciones no se han consolidado por falta de interés de las autoridades.
“Toda vez que el SNA y los sistemas locales anticorrupción fueron creados para ser un contrapeso de los gobiernos locales y del gobierno federal en temas de rendición de cuentas, en algunos espacios han hecho que no existan para no ‘pisar callos’ y no darle seguimiento a actos de corrupción de gobiernos locales”, expuso Pérez Morales.
El caso de Lidia Florencio y la corrupción que existe en el país
En su investigación, La Lista destaca el caso de Lidia Florencio quien en su lucha por encontrar a su hija desaparecida se encontró con varios casos de corrupción.
Luego del feminicidio de su hija, Lidia Florencio experimentó en carne propia y en más de una ocasión la corrupción en México…
La primera vez fue cuando acudió al Ministerio Público (MP) para denunciar la desaparición de su hija. Las autoridades se negaron a abrir una carpeta de investigación, ya que tenían que pasar 72 horas para que la policía de Chimalhuacán, Estado de México, comenzara a buscar a Diana Velázquez Florencio, de entonces 24 años.
Ante el rechazo de las autoridades, y luego de la desaparición de su hija el 2 de julio del 2017, Lidia recorrió los lugares donde podría estar y le llamó a su teléfono incontables veces. Por fin una mujer le respondió y le dijo que ese celular lo compró en un tianguis de San Vicente Chicoloapan.
Lidia volvió al MP con esa información y solo así aceptaron tomarle una declaración. Días después encontró el cuerpo de Diana en el Servicio Médico Forense. La joven fue víctima de feminicidio, pero las autoridades abrieron una carpeta de investigación por homicidio doloso sin informar a los familiares de la víctima.
A partir de ese momento, Lidia luchó contra la burocracia del Estado de México. Primero logró la reclasificación del delito de feminicidio cuatro meses después de haber ocurrido. Luego tuvo a dos abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que no le dieron acceso a la carpeta de investigación y la abandonaron en la mitad del proceso.
No levantar una denuncia por privación de la libertad y abandonar a tu cliente siendo abogado de oficio es considerado un delito de corrupción en el Estado de México. Esta clase de casos, como los que sufrió Lidia, son investigados bajo la tipificación de “ejercicio indebido y abandono de las funciones públicas” y la fiscalía anticorrupción estatal tiene 38 indagatorias abiertas por este delito desde el 2017.
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Las fiscalías anticorrupción no son prioridad
De acuerdo con datos de La Lista, el pasado 2 de diciembre, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Tojil, dos organizaciones expertas en temas de acceso a la justicia, publicaron un informe sobre las condiciones de las 32 fiscalías estatales anticorrupción.
El diagnóstico indica que 20 de esas dependencias recibieron más de mil millones de pesos entre todas para operar entre 2019 y 2020, pero aún así tienen un bajo número de sentencias.
Otros hallazgos son que estas instituciones trabajan con poco personal, han sufrido recortes en sus recursos económicos y no cuentan con un programa de acción para atender los delitos.
“Los cuatro ejes fundamentales de una fiscalía anticorrupción: marco jurídico, recursos económicos y materiales, capital humano y procesos todavía son insuficientes en la gran mayoría de las fiscalías anticorrupción”, cuestiona Fernanda Avendaño, coordinadora del equipo Anticorrupción del Imco.
“Estos cuatro ejes sin duda se van a relacionar con los resultados insuficientes de la gran mayoría de las fiscalías anticorrupción”, explicó.
