Desde 2008 inició una transición de nuestro sistema de justicia para migrar hacia el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que incluye los juicios orales, con el fin de agilizar los procesos penales, encontrar alternativas a la solución de los conflictos y a los castigos para quienes cometieron un delito.
En 2016 quedó implementado a nivel nacional y consta de tres etapas: la inicial que empieza con la investigación tras la denuncia de un delito o la captura de alguien mientras lo comete; intermedia, cuando el Ministerio Público encuentra suficientes pruebas y realiza una acusación ante un juez; y, la última, juicio oral que es una audiencia pública en la que el Ministerio Público y la defensa debaten sus posturas.
La Constitución mexicana indica en su artículo 20 que el “proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, pero seis años después de haberse impuesto en todo México: ¿está teniendo los resultados que se esperaban?
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“El sistema, para erradicar la impunidad, requiere primero que la Ley se cumpla. Esto quiere decir que las personas sean investigadas con la efectividad de ser vinculadas al proceso. Mientras las estructuras de las fiscalías tengan la capacidad para investigar las carpetas, integrarlas y hacer lo correcto, se reducirán los nichos de corrupción, pero mientras no se pueda y el trabajo los sobrepase, seguirá habiendo justicia selectiva e impunidad”, nos dijo el abogado José Antonio Álvarez de León.
El también doctor en derecho y especialista en temas de seguridad nos explicó que la justicia en México se “vende al mejor postor” porque quienes tienen más recursos económicos, influencias o forman parte de un caso mediático suelen tener prioridad a la hora de que las fiscalías eligen qué delitos van a investigar, ya que el personal con el que cuentan y la capacitación del mismo son limitados.
El especialista resaltó que el sistema de justicia no responde a la dimensión poblacional, a la incidencia de los delitos y otras variables que burocráticamente hacen que no sea efectivo.
Esta ineficacia abarca a gran parte del sistema de justicia, desde Ministerios Públicos, peritos y jueces que no se salvan de estar inmersos en situaciones de corrupción que puedan fomentar la continuidad de la aplicación selectiva de la justicia, detalló Álvarez de León.
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“Otro elemento que tiene efectos negativos es que la ciudadanía encuentra insatisfacciones o falta de garantías en los mecanismos de justicia y busca cómo resolver las cosas a través de la impunidad o la corrupción. Mientras no hagamos que las normas se cumplan con objetividad va a seguir sucediendo esto”, advirtió el abogado.
La abogada, socióloga y académica de la UNAM, Elvira Cedillo, nos explicó que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (1994) hubo un acuerdo por el cual se copió el juicio oral del sistema anglosajón -como el que se aplica en América del Norte- con lo que se buscaba que la resolución de los delitos y conflictos fueran expeditos, o sea más rápidos y eficaces.
“El problema es que en este momento en México tenemos un ‘híbrido’ de ambos sistemas. Ni es derecho civil propiamente, ni es el juicio oral anglosajón, por lo tanto no es eficiente, ni eficaz. Ya que, aunque en términos de resultados parece ser un juicio oral, tenemos que seguir el proceso anterior porque no se han cambiado todas las instancias administrativas involucradas”, dijo Cedillo.
La especialista consideró que hay dos áreas en las que se debería de mejorar: primero, lograr la completa integración del sistema penal anterior con el de juicio oral, que implicaría ajustar toda la serie de procedimientos que llevarían a que de manera verídica se lleven a cabo los juicios orales.
Y segundo, señaló la abogada, es que nosotros como ciudadanía ejerzamos nuestro derecho a exigir el acceso a la justicia desde la denuncia.
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Los sistemas jurídicos son reflejo de los sistemas culturales, mencionó el abogado José Antonio Álvarez de León, y que, aunque la reforma constitucional para cambiar el sistema penal acusatorio fue en 2008, se empezó a implementar realmente en 2016, “no ha estado funcionando el tiempo suficiente para cambiar a las generaciones que lo están viviendo para que esto funcione diferente”, agregó.
“ Va a ser a muy largo plazo que se entienda el sistema, que se perfeccione, que se ajusten las normas, que cambien los criterios de aprendizaje, de vivencia. Es un sistema cultural. Hay una exigencia mayúscula de un sistema que está muy en pañales, aunque sí se notan diferencias entre los juicios orales y la ‘justicia de papel’ -el sistema penal anterior-”, detalló el entrevistado.
Finalmente el especialista consideró que necesitamos desarrollar más el tema de la aplicación de justicia con el nuevo sistema penal acusatorio para dejar de repetir los vicios que -de origen- trata de eliminar.
