La falta de efectividad de las fiscalías especializadas en personas desaparecidas se debe a que son “instituciones nuevas en estructuras viejas”, afirmó Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, integrado por académicos de la UNAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las universidades de Oxford y Minnesota.
“Son instituciones que nacen para dar respuesta especializada a un problema que cada vez se hace más grave”, dijo Martos en entrevista para el portal de noticias La-Lista, quien consideró que el problema es que estas fiscalías “se insertan en estructuras que ya llevan muchísimos años y con esos muchos años vienen un montón de vicios e inercias”.
Álvaro Martos puntualizó la necesidad de contar con “una gestión administrativa para priorizar casos y que se investiguen con una lógica de complejidad, con un análisis de contexto; que las carpetas de investigación no se trabajen como casos únicos porque muchas podrían estar relacionadas”.
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Ante la inoperancia, familiares realizan labores
Ante la lentitud de los procesos y la falta de respuestas, los familiares de las víctimas se ven orillados a participan activamente en las labores de búsqueda de sus seres queridos, lo que, llama el especialista: la “inversión de las responsabilidades”, una dinámica en la que el ministerio público dispone de la sociedad civil para realizar sus investigaciones.
“Esta dinámica puede ser muy nociva porque toda la carga y responsabilidad de la investigación termina recayendo en las familias”, señaló el experto. “Es muy común que los fiscales o los ministerios públicos les exijan a las familias más información para que avance la carpeta, cuando lo que debería suceder es al revés”, agregó.
11 años de búsqueda sin respuesta
“Realmente las autoridades no hacen su trabajo”, lamentó Noemí Martínez Martagón, quien lleva 11 años tratando de saber el paradero de su hijo Luis Alberto Calleja Martínez, desaparecido el 18 de septiembre del 2010 en el municipio de Poza Rica, Veracruz.
Para Noemí no existe argumento a la falta de capacidad de las fiscalías. Ella lo único que tiene claro es que junto con su esposo realizó el trabajo que debieron hacer las autoridades. “Fuimos nosotros, los padres, los que dimos con ellos (los secuestradores). Se los pusimos a las autoridades para que los detuvieran”, explicó al portal La-Lista.
De los cuatro policías señalados de participar en la desaparición de Luis Alberto, solo uno ha sido condenado a 39 años de prisión por secuestro y uno más fue liberado en 2018 por orden de un juez.
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Autoridades exhibidas
Noemí tiene claro que su hijo y su esposa salieron con familiares de ella para ir a una discoteca, pero en el camino una patrulla les cerró el paso. “Policías intermunicipales que estaban coludidos con el crimen organizado lo esposaron y lo subieron a una camioneta que pertenecía a policías federales activos”.
Al saber que eran uniformados los que se llevaron a su hijo, Noemí determinó no denunciar los hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, en ese entonces bajo la titularidad de Salvador Mikel Rivera.
La madre de Luis Alberto se trasladó a la Ciudad de México y realizó el procedimiento legal ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pero a la fecha sigue sin obtener respuestas.
Noemí sabe que no es la única, en el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera al que se unió ha sido testigo de cómo padres y madres batallan con sus carpetas de investigación.
“La investigación de la Fiscalía de Veracruz en los casos de mis compañeros es muy lenta. La única que tiene personas detenidas en el colectivo soy yo y somos como 200 personas”, lamentó Noemí.
Fiscalías rebasadas
En 2017, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Desde entonces, las autoridades estatales han creado fiscalías especializadas en este delito.
Un reportaje publicado por La-Lista reveló que las fiscalías especializadas se han visto rebasadas por la falta de personal. En 24 estados hay 768 servidores públicos, lo que dificulta atender los casos de 59,918 hombres y mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidos.
De Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala la publicación no obtuvo datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre el personal que labora en sus fiscalías.
La falta de personal lo refleja Chihuahua, donde su fiscalía especializada cuenta tan solo con 10 trabajadores y en esa entidad hay 2,325 víctimas de desaparición. Esto quiere decir que, en promedio, cada empleado debería investigar 232 casos para hacer justicia.
Y en Sonora 18 funcionarios atienden la fiscalía especializada, que tienen que resolver 4,161casos de personas desaparecidas; cada trabajador atiende 231 casos en promedio. El Estado de México y la Ciudad de México son los estados que tienen más trabajadores en sus fiscalías especializadas —104 y 94, respectivamente— pero su carga de trabajo sigue siendo intensa.
La-Lista obtuvo información sobre 33 sentencias condenatorias contra presuntos responsables, una cifra que no representa ni el 1% de las 82,319 personas desaparecidas que la Comisión Nacional de Búsqueda tenía registradas hasta el 24 de agosto de 2021.
