Patricia fue asesinada por su esposo en el comedor de su propia casa en Navolato, Sinaloa, el mes pasado. Con ella van 28 feminicidios en el estado entre enero y julio de 2021. La violencia familiar, el feminicidio, la violación, las extorsiones y las lesiones son cinco de los delitos que aumentaron en Sinaloa entre un 16 y 350%, según la incidencia delictiva mensual de Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo que no aumentó ni llegó este año a Navolato fue el presupuesto municipal que recibió hasta el 2020 por 14 millones 454 mil 818 pesos a través del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg). El subsidio y 108 fideicomisos fueron eliminados por el Congreso de la Unión el 6 de noviembre del 2020.
Navolato, junto con 285 municipios con altos índices de violencia en México, dejaron de recibir en el 2021 un total de casi 4 mil millones de pesos para “mejorar las condiciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional y construir la paz”, se lee en uno de sus ejes estratégicos en los lineamientos para el otorgamiento del desaparecido Fortaseg.
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En defensa de la aniquilación de los fideicomisos y del Programa para Fortalecer la Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus defensores de “defender la corrupción” porque a través de ellos “se transfería dinero de todos a empresas, a grupos”.
Algo había de cierto en las palabras del presidente “pero no se tira a la basura lo que no funciona, sino que se hace lo posible para arreglarlo”, dice Rossio Jiménez Molina, directora ejecutiva de la organización Seguridad Escolar en Planeación y Desarrollo. Durante más de una década, han implementado proyectos de prevención social de la violencia en municipios mexicanos a través del Fortaseg.
“A mí me gusta recordar el origen del Fortaseg que vino del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), cuando todavía no había en México una ley de prevención del delito por allá en el 2008. En ese entonces, los diagnósticos arrojaban que había un deterioro del tejido social en México y que la violencia no se podía enfrentar nada más aumentando las penas a los delincuentes sino atendiendo la raíz, desde la prevención del delito”, cuenta Jiménez Molina para Cuestione.
Pero no todos los alcaldes dieron buen uso del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad. En febrero de 2019, el tesorero municipal de la alcaldía de San Luís Potosí, informó que en la administración anterior se usaron 15 millones del Fortaseg para comprar ollas y regalarlas a quienes pagaran el predial.
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La otra cara de la moneda
Durante 2018 y con el apoyo del Fortaseg, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, se hizo pionero en la construcción de cultura de paz. A través del programa Redes Vecinales de Seguridad y la Cultura, Denisse Ugalde Alegría, presidenta municipal del 2016 al 2018, organizó a 33 mil hogares en 151 colonias y de la mano con la policía, comenzaron a bajar los índices de violencia y a fortalecer la seguridad del municipio.
De acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2017, en Tlalnepantla de Baz se presentaron 1,997 delitos del fuero común. Para diciembre del 2018 y una vez se implementaron acciones de prevención social de la violencia, los delitos pasaron a 1,561, es decir, 436 menos que el año anterior.
En un intento por recuperar la confianza de la ciudadanía, la policía municipal de Tlalnepantla recorrió casa por casa y se reunió con los líderes vecinales para conocer de viva voz de la comunidad sus miedos, problemas y estrechar lazos para fortalecer el tejido social.
La policía promovió junto con la gente mejoras urbanas, actividades deportivas y culturales.
Con el apoyo del Fortaseg, se creó y robusteció el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, “uno de los mejores del Estado de México”, dijo Ugalde Alegría a los medios de comunicación el 4 de diciembre del 2018.
En él, una camioneta con un mediador profesional a bordo recorría las colonias más conflictivas del municipio y resolvía los conflictos entre los vecinos para que no escalaran y terminaran en la cárcel o en el panteón.
En el 2018, Denise Ugalde Alegría recibió el premio Por la Paz que otorga año con año la Comisión Nacional de la Cultura de Paz y no Violencia (Conmapaz). Un año antes, la entonces presidenta municipal había sido distinguida con la medalla World Peace Builders que otorga el Senado de la República en el marco de líderes por la paz.
Foto: Edgar Enciso.
Tlalnepantla no fue el único caso de éxito en materia de prevención social de la violencia y fortalecimiento a la seguridad. En Taxco, Guerrero, “se desarrollaron alianzas estratégicas entre diversos actores para la implementación y el diseño de políticas de prevención social. En diversos municipios de Sonora se implementaron proyectos de fortalecimiento policial al igual que en Tepeji del Río, Hidalgo”, explica Mauricio Bastién, maestro de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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También Ecatepec, uno de los municipios con alerta de género, se benefició por años del subsidio para el fortalecimiento a la seguridad. Durante el 2018, en las colonias San Agustín, Los Pozos, Jardines de Morelos, Buenavista, Vista Hermosa y Tierra Blanca, “se recuperaron espacios públicos tomados por la delincuencia y la comunidad pudo recuperarlos. Fue un antes y un después satisfactorio”, cuenta Georgina Palacios, quien fue coordinadora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Ecatepec entre el 2016 y el 2018.
¿Qué es el Fortaseg y para qué servía?
El Fortaseg era un subsidio que se otorgó hasta el 2020 a 285 municipios para cubrir “aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento…”, se lee en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A diferencia del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), el “Fortaseg se basa en el desarrollo de las personas”, se lee en el portal del Secretariado Ejecutivo.
“Si la mayoría de los delitos cometidos en el país son de orden municipal, entonces es un desacierto el haberlo desaparecido”, explica el académico Mauricio Bastien.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano e independientes advirtieron que cortar de tajo los casi 4,000 millones de pesos para fortalecer la seguridad en los municipios era un error porque “dejaría en el abandono a más de 339 mil policías estatales y municipales”.
Incluso algunos legisladores de Morena de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro propusieron reasignar los fondos del Fortaseg para atender las exigencias de los gobiernos que demandan más presupuesto para seguridad.
Pero no se pudo. Los legisladores de oposición poco pudieron hacer para frenar la aniquilación del subsidio que en su último año de operación, el 2020, se le asignó un presupuesto 0.23% menor al 2019 porque el Congreso de la Unión decidió destinar más recursos a la Guardia Nacional, el proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó Central de Justicia Cívica A.C.
“Para varios municipios medianos a grandes, el Fortaseg es un elemento crucial de sus finanzas públicas. Gracias a esos recursos se financian, por ejemplo, las pruebas de control de confianza de los policías. O su formación inicial. O su equipamiento básico, como las botas, los uniformes o los chalecos antibalas. Sin ese apoyo, buena parte de las corporaciones municipales del país pasarían de la austeridad republicana a la pobreza franciscana”, publicó Alejandro Hope.
Aunque el Fortaseg desapareció el año pasado, permanece todavía vigente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). De los poco más de 7 mil 400 millones de pesos que recibe actualmente, solo 1,488 millones serán destinados a los municipios. Es decir, 2,512 millones menos que recibían del Fortaseg.
Dentro de la prioridad del FASP está el Modelo Nacional de Policía, la Dignificación Policial y la Justicia Cívica, se lee en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para Central de Justicia Cívica A.C, el reto del FASP y de los subsidios como el Fortaseg está en el aprovechamiento de los recursos y el ejercicio transparente de los mismos por parte de los alcaldes.
¿Se pudo haber hecho algo distinto que desaparecer al Fortaseg?
Mauricio Bastien cree que sí. El académico del CIDE dijo en entrevista para Cuestione que el gobierno federal “debió replantear la metodología del subsidio a partir de tres pilares y no nada más cancelar los recursos”.
El primero de los pilares es fortalecer los mecanismos de transparencia para evitar la corrupción. El segundo, contar con un mayor acompañamiento ciudadano para su implementación y el tercero, documentar la corresponsabilidad ciudadana para que la comunidad se haga responsable y se comprometa en mejorar la seguridad.
Entrevistados por separado, Mauricio Bastien y Rossio Jiménez coinciden en algo: la prevención social de la violencia debería ser prioridad frente a los índices de violencia que enfrenta el país.
“Prevenir es más económico que lamentar”, argumenta Jiménez.
Han pasado ocho meses desde que el Fortaseg desapareció, pero la violencia en los municipios continúa. En julio pasado se registraron 170,067 delitos contra 154,104 de julio del 2020. Es decir, hoy tenemos 15,963 nuevos delitos contabilizados en el ámbito municipal… y 4,000 millones de pesos menos para fortalecer la seguridad.
