Luego de que el Senado aprobó el dictamen que modifica cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control financiero, operativo y administrativo de la Guardia Nacional, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos condenaron esta acción legislativa y piden a la CNDH que presente una impugnación ante la Corte.
“Deberíamos preguntarnos ¿por qué tres presidentes de la República de tres partidos políticos diferentes están profundizando esta estrategia de militarización?”, cuestiona Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“¿Por qué el Ejecutivo ha desistido de su obligación de fortalecer las corporaciones civiles de seguridad y en cambio está cambiando el pacto con que se fundó el Estado nación en México que señala que el poder militar debe estar subordinado al poder civil?”, agregó la defensora de derechos humanos en entrevista.
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“Están cambiando esa relación entre el poder civil y el poder militar y esto podría tener consecuencias más graves de las que ya hemos visto en un país que tiene décadas de atravesar una crisis de derechos humanos”, alertó Olivares.
También indicó que esta semana probablemente asistamos a una nueva votación en la Cámara de Diputados para hacer cambios constitucionales que buscan ampliar el periodo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, como lo propuso la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez.
“Nos oponemos a esa ampliación. Es necesario que el gobierno de la República elabore una propuesta de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública como le han urgido los organismos internacionales de derechos humanos”, sostuvo.
El 9 de septiembre, Nada Al-Nashif, Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de México y por la iniciativa del PRI. Recordó que el aumento de la militarización de las fuerzas de seguridad desde 2006 no ha reducido la criminalidad, pero sí han aumentado las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las armadas.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por dicha aprobación y urgió al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones en cumplimiento de sus compromisos internacionales.
El 31 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta para adherir la Guardia Nacional a la Sedena a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada, sin ser discutida en comisiones, la mañana del sábado 3 de septiembre. Luego pasó al Senado de la República donde el pleno la aprobó la madrugada del 9 de septiembre.
En menos de 10 días pasamos de tener una corporación civil a tener una corporación militarizada. “El Congreso de la Unión está siendo cómplice de la intención del Ejecutivo de militarizar la seguridad pública”, señaló Olivares Ferreto.
Las reformas -ya vigentes- contravienen a la Constitución Política que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y que la Guardia Nacional debe de ser una corporación civil. Además, los cambios incumplen tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano, insistieron Amnistía Intencional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el colectivo Seguridad Sin Guerra, entre otras organizaciones.
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Acciones de inconstitucionalidad contra Guardia Nacional
Previo a que la iniciativa del presidente fuera aprobada en el Senado, seis consejeras y consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitaron a este organismo interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si la propuesta era aprobada por el Congreso. El Centro Prodh se sumó a la solicitud.
Las consejeras y consejeros explican en un posicionamiento que “el Ejército y la Marina no han sido depurados de los elementos que han sido violadores de derechos humanos en el pasado” y ahora “se pretende que realicen acciones de seguridad ciudadana y ya no solo de combate al crimen organizado”.
Asimismo, alertan que los cambios son incompatibles con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que los Estados parte, como México, de la Convención Americana de Derechos Humanos deben de limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
En cambio, precisan, la propuesta presidencial establece que la milicia adscrita a la Guardia Nacional actuará de manera indefinida en labores de seguridad y ya no solo hasta marzo de 2024, como lo dicta el Acuerdo que el presidente emitió en mayo de 2020.
El 9 de septiembre, senadores de la oposición informaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. Pero la Corte aún no resuelve una impugnación contra la Ley de la Guardia Nacional, publicada en mayo de 2019, interpuesta por la anterior gestión de la CNDH.
También tiene pendiente por resolver una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo de mayo de 2020 y otras controversias constitucionales en contra de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional.
“Estamos esperando que la Corte emita sus pronunciamientos con respecto a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza que se aprobó en el marco de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional (…) Queremos pensar que en este país sobrevive la independencia de poderes. Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a respetar la autonomía del Poder Judicial”, enfatizó la directora de Amnistía Internacional México.
Además de estas controversia contra las recientes reformas aprobadas, nos dijo Edith Olivares, las organizaciones de la sociedad civil podrían recurrir a la CIDH para que emita una recomendación sobre los riesgos que ha implicado la militarización en México.
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Lucha contra la corrupción y opacidad
Edith Olivares destacó que uno de los argumentos del presidente López Obrador para avalar el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena “es absolutamente falaz”, pues señala que las corporaciones o las personas que integran las Fuerzas Armadas son menos corruptas que las personas civiles.
No hay manera de corroborar este argumento, dijo, porque las Fuerzas Armadas “se caracterizan por su opacidad, no podemos conocer cómo se asignan los puestos, cómo se distribuyen los recursos, quién toma las decisiones. Parte del riesgo es que muchas de estas obras (hechas por Sedena, Guardia Nacional y Marina) serán declaradas secreto de Estado por razones de seguridad nacional como ocurrió con el Tren Maya”.
Violación a derechos humanos
Las personas que conformen la Guardia Nacional pertenecerán formalmente a la Sedena “conservando el fuero militar”, lo que implica que “se abre un margen más amplio para que la violación de derechos humanos perpetrada por la Guardia Nacional quede impune”, explican Estafanía Vela y Nuria Valenzuela, integrantes de la organización feminista Intersecta.
Otro problema que identifican las especialistas es que la Guardia Nacional fue creada para ser una corporación policial, con una formación para atender problemas de seguridad pública. Ahora la Guardia Nacional estará integrada 100% por militares y no estará capacitada para realizar trabajo policial sino para el combate, como también lo han advertido el Observatorio de la Guardia Nacional y Causa en Común.
En los últimos 16 años, en México se ha implementado una estrategia de militarización de la seguridad pública. Con esto “hemos presenciado y vivido gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en México. El país es mucho más inseguro hoy de lo que era hace 16 años”, lamentó Edith Olivares.
En este período, los homicidios en México se han incrementado más de 200%. Más de 100 personas que ejercían el periodismo han sido asesinadas, solo este año van 15. Y más del 97% de las 105,000 personas desaparecidas y no encontradas en el país han desaparecido en estos años, señaló.
“Es claro que es una estrategia fallida y que además violenta a los derechos humanos, pues somos un país repleto de víctimas”, sostuvo finalmente Edith Olivares.
