En octubre de 2020 tres personas entraron al domicilio de Rodrigo. Se llevaron una bicicleta, dos tanques de gas, tres bultos de cemento y hasta una escoba. Denunció el robo y presentó videos como prueba, lo que permitió identificar a los delincuentes.
“¿Qué pasó? A los dos días de la denuncia, dos agentes llegaron a mi casa. Me preguntaron que si no tuve problemas con los que se llevaron las cosas; la hora en que fue el robo y si no escuché nada”, nos contó Rodrigo.
“Ratifiqué la denuncia y a la fecha no hay detenidos. Perdí tiempo y hasta mi familia salía con el temor de que nos estuvieran vigilando. El caso está archivado. Si con pruebas no te hacen justicia, imagínate si no presentas nada”, agregó.
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¿Qué pasa en las fiscalías y juzgados?
“Todo esto tiene más que ver con un fallo del sistema del Estado, específicamente con la impunidad. Nunca pasa nada… El hecho de que el infractor sepa que no va a pasar nada, disminuye el miedo al castigo que tendría”, dijo José Leopoldo Castro Fernández de Lara, coordinador en la Universidad Iberoamericana.
Datos arrojados por el análisis Observatorio de la Transición 2020, elaborado por México Evalúa, indican que el 95.1% de los casos atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR) permanecen en la impunidad, “solo 4.9% fueron resueltos”.
Del destino de 98,285 investigaciones iniciadas por la FGR, “el 39% se encuentran como archivo temporal; un 9% se encuentran con un alto porcentaje de resoluciones por incompetencia y el 4% son resoluciones en las que el Ministerio Público se abstuvo de investigar (4%)”, se lee en el documento de México Evalúa.
Además, se evidenció en el estudio Observatorio de la Transición 2020, la “necesidad de mejorar las capacidades de investigación de la fiscalía”, debido a que el 63.6% de las carpetas de judicialización se abrieron bajo el supuesto de flagrancia”, lo que se refleja en una confianza mínima de la ciudadanía en la FGR.
La Jornada de Oriente publicó en noviembre de 2020, que la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene archivadas ocho mil carpetas de investigación, debido a que las víctimas y el Ministerio Público no cuentan con los elementos suficientes para probar los delitos.
En la Ciudad de México hay un alto índice de impunidad
De acuerdo con el análisis Hallazgos, seguimiento y evaluación al sistema de justicia penal 2020, elaborado por México Evalúa; en la Ciudad de México, el nivel de impunidad fue del 97.7% y el promedio de los estados fue de 92.4%.
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La directora general de México Evalúa, Edna Jaime, destacó que en nuestro país existen “escasas soluciones reales para atender la impunidad”. En el análisis presentado en octubre de 2020 se indicó que “el sistema de justicia penal requiere de una mejora en la operación”.
Por otro lado, el profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), César Octavio Pérez, indicó que existe desconfianza hacia las autoridades.
Pérez puso como ejemplo el estado de Jalisco, donde el 98% de los delitos que se cometen quedan en la impunidad. “La inseguridad y la violencia experimentada por la población es proporcional con la desconfianza hacia las autoridades, que dejaron de garantizar el Estado de derecho y dejaron un vacío institucional en este tema”, explicó el profesor del ITESO.
El académico del ITESO señala omisiones de la FGR en su diseño institucional y consideró que se carece de un Comité de Participación Ciudadana y de autonomía presupuestaria de gestión.
México Evalúa también cuestionó en su documento la cercanía del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con el presidente López Obrador. Además de su desempeño en casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
“La Fiscalía y su titular han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, detalló Edna Jaime, directora de México Evalúa.
La ciudadanía desconfía en la FGR y juzgados. Se archivan o dan carpetazo a sus denuncias. ¿Será realmente autónoma la fiscalía?
