Ante la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador, Enrique Gutiérrez Márquez, director del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, dijo que “el INE está en un momento en donde podría abrirse una discusión sobre cómo hacer que el instituto siga siendo eficiente y con alta confiabilidad”.
Gutiérrez Márquez estimó que más allá de ver si es intocable el INE, considera aceptable “una reforma” en el instituto. Sin embargo, advirtió que “la reforma electoral que buscan impulsar el gobierno federal y Morena es preocupante”.
El académico explicó que el planteamiento de AMLO y Morena se “trata de controlar a las autoridades electorales, socavar el sistema de partidos, así como erosionar la representación política”.
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INE respondió a un momento político en el país
Enrique Gutiérrez Márquez señaló que las reformas electorales “han generado un INE muy grande”. Ante este contexto, “el modelo con el que se cuenta actualmente es amplio, grueso y caro. Se trata de un sistema que respondió a un momento político del país”.
En defensa del presupuesto a los partidos, el consejero del INE, Uuc-kib Espadas, dijo que el monto que se entrega se determina con base en términos de la Ley, “si algo se ejerce fuera de la Ley son multados”.
Espadas comentó en entrevista con W San Luis Potosí que “el dinero público que se gasta en elecciones tiene un sentido funcional muy importante y es evitar que las elecciones estén sujetas a subasta, es decir que sea el mejor postor, quien por su cuenta puede disponer de más dinero, quien pueda comprar las elecciones”.
Y ante los señalamientos del gobierno federal, el consejero electoral explicó: “me parece que tenemos que ir a una democracia con menos candados. Es decir, no es democrático que para participar en elecciones tengas que obtener permiso del Estado, me parece que es una contradicción de términos, en participación democrática con autorización oficial”.
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Reformas históricas
Enrique Gutiérrez Márquez recordó que en México se han llevado a cabo reformas electorales después de cada elección. Una, dijo, fue la de 1977, que terminó en la llamada Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) bajo la gestión del entonces presidente José López Portillo.
Mencionó que la LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral “permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones” y que hubiera un clima de confianza político.
Otra ocurrió en 1986. Tras las elecciones de 1985 y “ante la serie de impugnaciones realizadas por los partidos de oposición, el presidente Miguel de la Madrid abrió el debate sobre la normatividad de la legislación electoral”.
Con esta reforma “se suprimió el registro condicionado; se permitieron las coaliciones y los frentes electorales, lo que favoreció el surgimiento del Frente Democrático Nacional (FDN) y precisó el acceso a los medios de comunicación y recursos económicos”, entre otros, mencionó el especialista.
Entre 1989 y 1990 y luego de un proceso electoral con acusaciones de “fraude”, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dio paso a una reforma electoral. El punto más importante fue el surgimiento de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral” y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Y así, en 1994 se “establecieron por primera vez, límites en los gastos de campaña”; además de “cambios en el método para seleccionar a los funcionarios de casilla” y la introducción de observadores electorales nacionales.
En 1996, el Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 41 constitucional así como un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los aspectos más importantes estuvieron:
- Se reforzó la autonomía del IFE al desligarse del Poder Ejecutivo.
- Se dotó al IFE de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.
- Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales.
- Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, quedando constituído por: el Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto). Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto). Un Secretario Ejecutivo (solo con derecho a voz). Consejeros del Poder Legislativo (solo con derecho a voz). Representantes de cada partido político con registro (solo con derecho a voz).
Ya en 2007, el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones, los objetivos eran:
- Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales.
- Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación.
- Promover la participación ciudadana en las elecciones.
- Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.
- Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales.
- Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados.
- Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.
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El IFE se transforma en INE
Una nueva reforma constitucional en materia política-electoral se publicó el 10 de febrero de 2014, donde se rediseñó el régimen electoral mexicano y se transformó el Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales.
El Consejo se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados, uno de ellos funge como Consejero Presidente y los restantes como Consejeros Electorales.
De acuerdo con esta reforma constitucional, entre las funciones principales del INE se encuentran las siguientes:
- Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones.
- Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.
- Verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizar las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.
- Fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.
El presidente López Obrador apuesta por una nueva reforma electoral, ¿en qué beneficiará al INE?
