Existen “temas que le son incómodos” al gobierno actual, nos dijo Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad Iberoamericana. De ahí que se recurra a la “reserva de información de manera tramposa”.
En el Artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que para considerar una “información como clasificada” debe ser “identificable” que su difusión puede causar daño al interés público o a la seguridad nacional.
Si esto lo llevamos a la práctica, señaló García Ricci: “¿Qué daño se puede causar por revelar cuánto se ha venido gastando en la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya? Ahí no existe ningún daño, ni presente, ni probable, ni específico”.
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Reservar información, ¿un pretexto?
El analista consideró que informar claramente sobre temas como “la compra de vacunas, los datos sobre la explosión de ductos en Tlahuelilpan o el avión presidencial”, no dañarían la seguridad del país.
García Ricci aceptó que hay ciertos temas exclusivos de las Fuerzas Armadas, pero esta administración se está “valiendo de una causal de reserva de seguridad nacional para mantener en opacidad muchas decisiones que deberían de ser públicas”.
En 2020, Cuestione dio a conocer que en los primeros seis meses del año pasado se reservaron 400 archivos, de los cuales 233 correspondían a la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Alejandro Gertz Manero.
Ante la polémica que generó el operativo del 17 de octubre de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó que la divulgación de los partes informativos podía “comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública” y reservó la información por cinco años.
Ahí es entendible, mencionó el catedrático de la Ibero, el que “no se den a conocer detalles, porque igual es el mismo operativo que sigue para capturar a los criminales de alto perfil” y hacerlo público pondría en riesgo la inteligencia militar.
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El derecho a conocer la información
Cualquier persona tiene el derecho de conocer cómo se desempeñan las autoridades, en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos y a consultar los archivos públicos de las dependencias de gobierno en sus portales. Esto último nos lo permite la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
¿Por qué surgió? El INAI (antes IFAI) se creó en 2002 para garantizar el acceso a la información pública, y con ello obligar a todas las dependencias a la rendición de cuentas. Sin embargo, el presidente asegura que el trabajo del INAI ha sido “pura simulación para combatir la corrupción”.
Históricamente, cada sexenio, la reserva de información aumenta. Con Vicente Fox (2000-2006) se clasificaron 3.8 millones de expedientes; con Felipe Calderón (2006-2012), ocho millones y con Enrique Peña Nieto (2012-2018), 12.4 millones, de acuerdo con Sin Embargo.
Y en este sexenio, Morena es un partido nuevo, por eso no está familiarizado con la reserva de información, pero “ha pecado de algunos excesos”, consideró Diego García Ricci.
“Es un partido que nunca abrazó estos temas de la transparencia y rendición de cuentas, porque es un partido muy joven”, finalizó García Ricci.
¿Será que esta administración seguirá reservando información con la excusa de la seguridad nacional?
