A dos años y siete meses del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, el pasado 5 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en la que se esperaba que fuera sentenciado Erick “N”, ex pareja de Ingrid e implicado en su feminicidio. Sin embargo, el juez que lleva el caso pospuso el fallo para el próximo 12 de octubre.
Ingrid Escamilla tenía 25 años de edad cuando fue asesinada la madrugada del 9 de febrero de 2020. Erick “N” fue detenido en la escena del crimen. Las imágenes del feminicidio fueron filtradas a los medios de comunicación, presuntamente por policías que acudieron al lugar, lo que vulneró a Ingrid y a su familia.
La filtración de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla fue “una revictimización criminal por la que, por cierto, aún no hay un solo imputado”, señala la feminista Mar Grecia Oliva Guerrero, que ha acompañado a la familia de la joven en la exigencia de justicia.
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Luego de 25 audiencias sin resultados, la familia de Ingrid Escamilla junto con las feministas y colectivas que la acompañaban reprobaron que el Poder Judicial de la Ciudad de México aplazara la justicia para Ingrid un mes más.
Afuera del Reclusorio Oriente, Giselle Cuevas Escamilla, sobrina de Ingrid Escamilla, dijo en entrevista para Cuestione que su familia espera “que ese día sí lo declaren culpable y le den la pena máxima de 70 años, que para lo que hizo es mínima, pues no va a reparar el dolor, no vamos a recuperar a Ingrid. Esa sentencia no va a hacer que ella regrese, pero sí, al menos, que ella esté en paz”.
“No hemos desistido, aunque los jueces, la fiscalía nos han puesto trabas y largas, pero por más largas que nos pongan vamos a seguir luchando hasta que se pueda lograr justicia para ella y para todas”, declaró Giselle Cuevas.
Por su parte, Javier Gallardo, abogado de la familia, nos explicó que durante la audiencia del 5 de septiembre pasado el juez decidió diferir la audiencia para el 12 de octubre de 2022 debido a “cuestiones técnicas del debido proceso” y para “tutelar el derecho de las víctimas y los derechos del acusado”.
“Estamos esperando a que se dicte un fallo si es culpable o inocente. Esperamos que el juez se pronuncie al respecto (…) El Ministerio Público, en su acusación, solicitó la pena máxima” contra Erick “N”, indicó el abogado.
Antes de la audiencia, Antelma Vargas, madre de Ingrid Escamilla, señaló a Animal Político, que “ha sido un largo camino que hemos recorrido, porque se aportaron infinidad de pruebas, se desahogaron demasiadas pruebas. Y creo que son las suficientes para que esta persona sea declarada culpable y, no nada más eso, sino con la pena máxima”.
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Ley Ingrid
A partir del feminicidio de Ingrid Escamilla y la publicación de las fotografías de su asesinato en las primeras planas de varios medios de comunicación y redes sociales que fueron filtradas -atentando contra la dignidad de Ingrid-, la Fiscalía General de la Ciudad de México y legisladoras de varios partidos políticos impulsaron la iniciativa de ley que lleva su nombre: Ley Ingrid.
La ley busca evitar la filtración y publicación de fotos de víctimas de feminicidio.
El 26 de febrero de 2021, el reclamo de las colectivas y activistas feministas logró que la Ley Ingrid fuera aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, el cual reformó el Código Penal local para sancionar “con dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización” a personas funcionarias públicas que difundan imágenes o información relacionadas con las víctimas o con la investigación.
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida por parte de la violencia que diariamente se sufre en el país es un tema necesario, puesto que la vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca debe ser causa para su revictimización, o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea”, se detalla en el dictamen.
La Ley Ingrid ya fue aprobada en al menos el Estado de México y Oaxaca.
Asimismo, el 23 marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal que castiga la difusión de información, fotografías y videos relacionados con procesos penales. Esta reforma pasó al Senado de la República donde está pendiente de ser discutida.
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Sin justicia
El 11 de febrero de 2020, Nelly Montealegre, entonces subprocuradora de Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, anunció que se abrió una investigación contra seis agentes que fueron los primeros que actuaron en el lugar de los hechos y que estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, al área de servicios periciales.
Ese mismo día, un juez vinculó a proceso a Erick “N” por el delito de feminicidio cometido contra Ingrid Escamilla.
El 12 de febrero de 2020 feministas, activistas y colectivas de mujeres protestaron ante las oficinas de varios medios de comunicación en la Ciudad de México por la divulgación de las fotos del feminicidio de Ingrid Escamilla.
Nueve meses después del feminicidio, en noviembre de 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación ministerial solo contra un policía por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por difundir el material fotográfico.
Casi dos años después “no sabemos qué pasó con el policía, si hubo o no un juicio, pues se manejó en total opacidad”, ya que a la fecha no se han hecho públicas las sentencias o información del juicio a las personas implicadas en la filtración, según nos explicaron integrantes de la colectiva Amor No es Violencia, que han acompañado a la familia en la exigencia de justicia para Ingrid Escamilla.
