El domingo pasado 24 de noviembre, el centro de Toluca anocheció con un operativo policial que parecía sacado de una película de acción. Las patrullas rojiazules, con sus luces parpadeantes, inundaron las calles mientras la policía municipal y la guardia nacional se desplegaron fuertemente armadas. El objetivo: Raymundo Martínez Carbajal, alcalde priísta de la ciudad.
La calle Antonio Albarrán, en las cercanías del domicilio de Martínez Carbajal, se convirtió en el epicentro de la operación. Un cordón policial bloqueaba cualquier intento de acceso, mientras que el bullicio de las tanquetas y camiones blindados resonaba en el aire. El centro de Toluca, donde se encuentra el palacio municipal, también fue acordonado, sumiendo a la ciudad en un estado de tensión e incertidumbre.
A las 11:26 de la noche, la Fiscalía del Estado de México confirmó por redes sociales la operación en curso. “#Informe. La #FiscalíaEdoméx realiza en este momento, acciones operativas en el municipio de #Toluca y en municipios aledaños para dar cumplimiento de una orden de aprehensión, mandamiento judicial que fue solicitado por esta Fiscalía”, informaron las autoridades. El alcalde, sin embargo, ya había escapado.
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Días atrás, una mujer llamada Viridiana Rodríguez denunció en redes sociales que tanto ella como su familia, habían sido víctima de acoso y fabricación de delitos durante ocho años y que el maltratador era su ex pareja, el alcalde de Toluca del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Fiscalía del Estado de México, actuando con celeridad, solicitó a la Interpol emitir una ficha roja en su contra y pidió una alerta migratoria para evitar que Martínez Carbajal escapara de la orden de aprehensión que pende sobre él por su presunta participación en el secuestro exprés de su ex suegro.
El despliegue para localizar al alcalde de Toluca, que continúa prófugo, presenta un contraste frente a la realidad de 24,104 delitos de violencia familiar registrados en México de enero al 31 de octubre del 2023. Casos donde la justicia, con frecuencia, no es ni pronta ni expedita. ¿O se mueve con rapidez cuando se trata de adversarios políticos?
¿Persecución política a líderes de oposición?
Los comités estatales de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, han salido en defensa del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carvajal.
A través de una carta conjunta, los dirigentes locales de estos tres partidos políticos han expresado su preocupación por lo que consideran podría ser una persecución política en contra de ediles de oposición en el estado. Los firmantes le solicitan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México evitar caer en prácticas que puedan interpretarse como persecuciones motivadas por afiliación partidista.
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“Sería inadmisible el inicio de una persecución política en contra de ediles de oposición en el Estado de México. Rechazamos que se judicialice la política o se politice la justicia, porque ninguno de esos caminos es positivo para las y los mexiquenses”, señalaron.
Asimismo, los líderes partidarios instaron a la Fiscalía a aplicar los principios constitucionales de presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad en sus actuaciones, recordando que estos pilares fundamentales del sistema jurídico deben prevalecer en cualquier proceso legal, sin importar la afiliación política del implicado.
El pronunciamiento conjunto refleja la preocupación de los partidos ante un fantasma que ronda a todos: la posibilidad de que la justicia sea utilizada como instrumento político.
Injusticia suelta: libertad para agresores ¿de Morena?
En julio del año 2021 el alcalde de Tecate, Baja California, el morenista Darío Benítez, fue denunciado por violencia familiar. Como en el caso del alcalde de Toluca, la acusación provino de su ex esposa, María Fernanda Olguín Martínez, quien hizo público su testimonio a través de las redes sociales y frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero no hubo despliegue de la policía ni del Ejército, tampoco ficha roja por parte de la Interpol. El edil continúa en funciones y busca su reelección.
En un video compartido en línea, Olguín Martínez detalló las presuntas agresiones sufridas a manos de Benítez, incluyendo violencia física con lesiones evidentes en su cuerpo, así como violencia psicológica, emocional y económica. La denunciante solicitó justicia y protección, no solo para ella sino también para sus hijos, familiares y amistades.
El periodista Antonio Heras proporcionó información adicional al señalar que los videos de las agresiones, captados por la cámara del celular de la víctima, fueron adjuntados como parte de la carpeta de investigación 0203-2021-03014. A pesar de las pruebas presentadas, Benítez negó todas las acusaciones mediante un comunicado a la prensa, asegurando que las mismas carecen de fundamento y que jamás dañaría la integridad de alguien a quien aprecia y agradece.
Acoso sexual en el Congreso
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez Ureña, fue agredida por el legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez, en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 14 de diciembre de 2021. Aunque Gutiérrez denunció la agresión en el pleno cameral, la falta de protocolos en el Congreso para manejar casos de esta índole impidió que pudiera formalizar la denuncia en el recinto legislativo.
La diputada federal presentó una denuncia por abuso sexual en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2021 y dio a conocer un video que evidencia el momento en que Nazario Norberto se acercó a Gutiérrez durante una sesión ordinaria, la abrazó por la cintura y apretó su pelvis contra la suya, hasta que ella exigió que la soltara, tal y como relató en un comunicado difundido el 17 de diciembre hace dos años.
Hasta la fecha, la denuncia no ha avanzado en la Fiscalía y Luisa Gutiérrez aún no cuenta con las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad y evitar encuentros incómodos con su agresor durante el ejercicio de sus funciones legislativas.
A dos años de la denuncia por acoso sexual, la legisladora acusa trabas por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy y advierte que si no avanza, podría llegar al amparo.
“No toleraremos la violencia contra la mujer”: Morena
A finales de enero de este año, un video violento se viralizó en Durango. En él, un hombre camina por una gasolinera, se le acerca una mujer y la toma del cabello mientras se la va llevando a empujones. Horas más tarde, Idaly, pareja del alcalde priísta Hugo Gándara Hurtado, reconoció ser ella la que aparece en las imágenes e interpuso una denuncia contra el edil por violencia física.
Con inmediatez, Morena, partido de oposición en el municipio de Durango, se pronunció en contra de la violencia de género. A través de un comunicado, el partido exigió que el alcalde fuera destituido de manera inmediata y que las autoridades actuaran de manera pronta y expedita.
“No toleraremos la violencia contra la mujer y no permitiremos que este hecho quede impune (…) No permitamos que existan agresores en el poder”, dijo la secretaria de la mujer en Durango, Jessica Pérez Balderas y culminó escribiendo que ninguna mujer debe sufrir ningún tipo de violencia.
Justicia selectiva…
La violencia de género en Morena sigue dando de qué hablar… y la justicia también. Por ejemplo, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eliminó el mes pasado la sanción que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero había impuesto al presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por violencia política.
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Durante una reunión con militantes de Morena, González Varona habría señalado que a la diputada priísta Gabriela Bernal, la utilizaron por su imagen bonita para que Manuel Añorve, político del Revolucionario Institucional, llegara a la senaduría.
El Tribunal le impuso a González Varona una multa de 15,000 pesos por violencia política de género, lo inscribieron en el padrón de agresores para evitar tener una participación en el proceso electoral del próximo 2024, pero el funcionario recurrió a la instancia federal y en la sala regional le otorgaron la razón. La sentencia fue revocada, se quitará su nombre del registro de agresores y le restituyen sus derechos de participación política.
Con la misma suerte corre el diputado local de Morena Jesús Selván García quien solicitó su constancia de “No Inhabilitado” por temas de violencia política de género y se la otorgaron el mismo día.
La legisladora Rita Gálvez Bonora, compañera de bancada de Jesús Selván, lo acusó de agredirla con un codazo en diciembre del año 2022, después de la comparecencia de un secretario de estado. Barona denunció al diputado por violencia política de género y presentó una solicitud para inscribirlo en el Registro Estatal de Infractores por cinco años.
Pero de nada sirvió que la Sala Regional de Xalapa en Veracruz confirmara que el diputado sí había incurrido en un delito: el Poder Judicial le expidió la constancia que lo habilita para competir por una diputación federal para el próximo año.
Estos casos de justicia a modo, dejan al descubierto las sombras que pueden esconderse tras el poder y plantea preguntas sobre la equidad y eficacia de un sistema judicial que, en ocasiones, parece operar bajo diferentes reglas para aquellos que ostentan el poder.
