La sorpresa cayó en redes sociales. “Hoy he presentado al presidente mi renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Dirigir la CNB, trabajar para mi país y para las personas desaparecidas y sus familias construyendo un proyecto de Estado ha sido un gran honor”, escribió Karla Quintana, hasta entonces comisionada de la CNB.
“Los retos en relación con la desaparición de personas permanecen. El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad, con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y la justicia (…)”, dice la carta publicada el 23 de agosto de 2023 a las 18:13 hrs.
Aunque trascendió en varios medios de comunicación y colectivos defensores de derechos humanos que la salida de Karla Quintana “fue por presiones desde arriba” y a su presunta negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas, también hay que entender su renuncia a partir del reto que significa coordinar acciones de búsqueda para más 100,000 desaparecidos.
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Además de un registro confiable y fidedigno de desaparecidos, se requiere estructura operativa, presupuesto, capacitación, centros forenses suficientes, disposición política. ¿Tuvo Karla Quintana el apoyo necesario para su labor? Revisemos.
243 funcionarios para buscar e identificar a más de 110,000 personas desaparecidas
Al día de hoy, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el total de personas desaparecidas no localizadas y localizadas es de 293,244. Faltan por localizar 111,164 personas, se han localizado 182,080 personas, han sido encontradas muertas 13,345 y se han localizado con vida a 168,735.
La magnitud de las y los desaparecidos en México no es cosa menor. Si todas las personas que faltan por localizar de acuerdo a las estadísticas que lleva el RNPDNO se concentraran en un solo lugar, llenarían más de 10 veces el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Karla Quintana Osuna llegó a la CNB con un currículo muy amplio.
Es doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en derecho (LLM) por la Universidad de Harvard, máster en estudios de la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona, licenciada en derecho por la UNAM, y licenciada en lengua y literatura hispánicas por la UNAM.
La experiencia de Quintana con víctimas de la violencia es amplia. A la par de ser Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México hasta agosto de este año es también jurista experta internacional –a título honorario- ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y fue directora general de defensa pública de víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el mismo país.
La principal obligación de Quintana al frente de la CNB, “era llevar a cabo y/o coordinar, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda de todo tipo con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas”, se lee en la página web de la Comisión.
Para conseguirlo, a la CNB le dieron inicialmente 43 plazas en el año 2019; luego 89 en el 2020 y finalmente ascendió a 243 personas hasta el 28 de octubre del año 2022, se detalla en la página web de la CNB en el apartado de infraestructura institucional.
Esto se traduce en que si en México hay más de 100,000 desaparecidos, a una persona que coordina acciones de búsqueda desde la CNB, le corresponde encontrar en promedio a 411 desaparecidos.
Por otro lado está el presupuesto asignado. En el año 2019 la CNB recibió 400 MDP, para el 2020 y 2021 el presupuesto se mantuvo en 720 MDP, para el año 2022 alcanzó 744 MDP y para este 2023 terminó en alrededor de 1,000 MDP.
¿Es suficiente el presupuesto de la CNB para localizar a miles de desaparecidos? Fundar advertía que no desde el año pasado.
“Identificar a más de 52 mil cuerpos y encontrar a más de 105 mil personas desaparecidas, requiere de presupuestos adecuados para llevar a cabo acciones que permitan afrontar la crisis de violencia que vivimos”, publicó la organización en redes sociales el 2 de noviembre del 2022.
Los 50 y tantos miles de cuerpos sin identificar saturan los servicios médicos forenses del país, terminan en cámaras frigoríficas, en fosas comunes o en escuelas de medicina. Algunos, incluso, desaparecieron de los registros estatales, fueron dejados en funerarias, o terminaron incinerados.
¿De una promesa a una desilusión?
La crisis de desaparecidos en México se registra desde el año de 1963. Desde entonces, las familias mexicanas han dado una batalla en solitario por dar con el paradero de hijas, hijos, tíos, sobrinos, papás, mamás, esposas, familias completas.
María del Carmen Volante es una de ellas. Se autodefine como “una mamá incómoda” para las autoridades desde que su hija Pamela desapareció el 4 de noviembre del 2017. Se ha ido a parar frente a la Fiscalía General de la República con un reloj que contabiliza el número de horas que lleva sin conocer el paradero de su única hija mujer; más de 800 en seis años de búsqueda.
La madre de familia también se paró con la cara de Pamela en su pecho frente a Palacio Nacional, en las marchas de desaparecidos del país, en fosas clandestinas en cerros capitalinos donde no ha aparecido su hija pero sí otros tantos restos de otras y otros desaparecidos.
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Fueron las familias bien plantadas de las y los desaparecidos como María Volante quienes hicieron posible que en el año 2017 se publicara la Ley General en Materia de Desaparición. De la Ley General nace la Comisión Nacional de Búsqueda con cientos de miles de desaparecidos en su haber y sin un registro sólido de personas desaparecidas y no localizadas.
Y fue hasta el 2019 que se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y cuando llegó Karla Quintana Osuna a ocupar el cargo de Comisionada de la CNB.
Quintana fue quien echó andar el RNPDNO porque antes “había información que contenía múltiples archivos con estructuras diferentes, los datos eran inconsistentes, existía multiplicidad de información, registros nulos y sin homologación de la información, además de duplicidad de los mismos”, se lee en la propia página del registro gubernamental.
El registro de desaparecidos consta de 450 variables y son las fiscalías estatales quienes deben nutrir sus bases de datos para que el registro esté completo porque la falta de información, “afecta las posibilidades de realizar búsquedas más efectivas”, advertía Quintana en el Informe La Infancia Cuenta en México 2022, Niñez y Desapariciones.
–¿Y las fiscalías sí están tomando en cuenta y registrando esos cerca de 400 factores? –se le pregunta en el informe a Quintana.
–No.
–¿No los están registrando?
–No los están registrando.
–¿Y eso se podría hacer si quisieran?
–Se debería hacer porque en este momento el registro tiene información mínima que nos permite saber a quién y desde cuándo se está buscando. ¿Cuál es la mayor información que nos dan? Nombre, fecha de desaparición, si bien nos va, lugar de desaparición y edad de la persona desaparecida.
En resumen, es durante el sexenio actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se publica una Ley General para las y los desaparecidos, nace una Comisión Nacional de Búsqueda y se concreta un registro nacional para saber quiénes han desaparecido, quiénes se han localizado con vida y sin vida y cuántos continúan sin localizar… pero sigue siendo insuficiente.
El padrón de desaparecidos; la manzana de la discordia
El único lugar donde se encuentra Pamela, hija de María del Carmen Volante, es en la estadística nacional del RNPDNO, el padrón nacional de personas desaparecidas que irónicamente hoy crea descontento en el sexenio que apuntaló su creación.
A López Obrador no le gustó saber que la estadística de desaparecidos en México no le favorecía con respecto a los gobiernos anteriores de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; instruyó un nuevo “censo” para contabilizar a los desaparecidos y en lugar de pedírselo a Karla Quintana y su equipo, le hizo un guiño a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, encargada de los programas sociales, según contó la prensa internacional.
“¡Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón!”, afirmó el presidente en una de sus mañaneras y al decirlo, no solo contradijo el trabajo de Quintana al frente del padrón nacional sino que creó suspicacia en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Es el caso de A dónde van los desaparecidos que en un artículo publicado el 24 de agosto del 2023, un día después de la renuncia de Quintana, se pregunta cómo será la nueva metodología que menciona el presidente para censar a los desaparecidos y si en realidad lo que López Obrador quiere es “rasurar” las cifras en año electoral para salir a decir “yo tengo otros datos”.
¿El padrón de desaparecidos podría ser un botín político para conseguir votos en beneficio del partido del poder? Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, tiene otra lectura al respecto.
“Más bien creo que el gobierno ya entró en lógica de ‘cerrar proyectos’ y quiere cerrar el tema de desapariciones lo menos golpeado que pueda y por eso la insistencia en bajar las cifras. Eso puede luego traducirse en votos, pero difícilmente de los familiares de desaparecidos”.
“Se puede votar a Morena por varias razones” asegura Martos, pero su desempeño en materia de búsqueda de personas desaparecidas y en seguridad en general, “no creo que sea una razón para darles el voto”, explica a Cuestione.
Los plantones de María del Carmen Volante por la desaparición y no localización de su hija Pamela han logrado notoriedad en algunos medios de comunicación, pero ni ella ni los colectivos de madres buscadoras han conseguido reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los cinco años de su administración.
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Desaparecidos en ¿bases de datos de personas vacunadas durante la pandemia?
A dónde van los desaparecidos publicó desde el 19 de julio del 2023 que “funcionarios de la CNB, comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación, visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en al menos cinco estados para preguntar por su pariente, alegando que aparecía en las listas de vacunación por la Covid-19, sin proporcionarles más información”.
En algunos casos, precisa la organización, los funcionarios iban acompañados por personal de la Guardia Nacional e incluso pidieron inspeccionar algunos hogares para cerciorarse de que los familiares decían la verdad. También se enviaron oficios, vía correo electrónico, con la misma información: el pariente desaparecido se había vacunado, pero no se contaba con más datos.
“Esto alimentó la esperanza de familiares en búsqueda de que sus seres queridos estaban vivos. Cuando pidieron detalles, no se les proporcionó”, dice la información publicada por el organismo.
Aunque la señora Volante no confirmó a Cuestione que hayan ido funcionarios a preguntar a su casa por su hija desaparecida, respondió con la energía que la caracteriza que involucrar la base de datos de vacunación durante la pandemia para saber si los desaparecidos aparecieron o no, “es una burla para las madres que buscamos a nuestras hijas e hijos (…) es no querer asumir como gobierno y país que siguen desapareciendo nuestros hijos”.
“Si el presidente Andrés Manuel López Obrador o funcionarios de cualquier dependencia aseguran que mi hija Pamela se vacunó en otra identidad, pues que me la traigan”, mencionó tajante la madre buscadora.
Karla Quintana deja la CNB en un ambiente tenso con las familias de las y los desaparecidos y en medio de varios factores que dejan ver que cualquiera que llegue en su lugar, tendrá un trabajo titánico por resolver.
Se observa la magnitud de una crisis humanitaria de miles de desaparecidos por localizar, por identificar, por entregar a sus familiares. Un trabajo donde la Comisión Nacional de Búsqueda se ve como David enfrentando a Goliat.
Entonces el clamor de Karla Quintana en su último día de trabajo toma más sentido que nunca: “El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad”.
