La Escuela es Nuestra (LEEN) es uno de los programas más importantes para la actual administración federal a cargo de la Secretaría del Bienestar y busca entregar dinero a las escuelas sin intermediarios para el mejoramiento de las instalaciones.
Los recursos económicos son administrados a través de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) que es elegido por la propia comunidad escolar en una asamblea. Su tarea es supervisar los trabajos de mejora, informar a la asamblea los avances y rendir cuentas de cómo y en qué se gastó el dinero asignado a su escuela.
Pero para algunos especialistas, LEEN tiene algunas problemáticas ya que absorbió en un principio algunos de los objetivos que cumplía el ya desaparecido programa de Escuelas de Tiempo Completo que ofrecía horarios escolares extendidos y el servicio de alimentos para las y los estudiantes, pero los nuevos lineamientos priorizan el tema de la infraestructura.
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El LEEN, que inició en 2018, se fortaleció tras la pandemia por la COVID-19 que evidenció que muchos de los planteles escolares no tienen las instalaciones adecuadas para el regreso a clases ya que en ese año el 52% de las escuelas que están en áreas de marginación, carecía de agua potable y el 78% no contaba con drenaje.
Además el 92% de estas escuelas no contaba con acceso a internet, según informó Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Educación Pública, en mayo de 2020.
El presupuesto se distribuye de acuerdo al número de alumnos: las escuelas que tienen hasta 50 alumnos reciben $150,000; las que tienen de 51 a 150 alumnos, $200,000 y las que tienen 151 alumnos o más, $500,000. Uno de sus lineamientos es que no haya intermediarios para que las autoridades escolares reciban este dinero.
Laura Ramírez, directora de Agentes Educativos de Mexicanos Primero, una organización que promueve y defiende el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes, nos explicó que en el LEEN también existen algunos problemas en materia de transparencia.
“Vimos problemas a nivel macro como micro, porque nunca supimos cuántos recursos ya se han ido destinando año con año y a qué escuela en realidad han llegado. También a nivel micro porque en los lineamientos no hay claridad de cómo la escuela tiene que registrar cuánto dinero llegó, cuánto gastó, etcétera”, nos dijo Ramírez.
Para Ramírez también es preocupante todo lo relacionado con la toma de decisiones en los aspectos de construcción que aunque tiene que tener proveedores certificados para el contrato de materiales y personas que hagan las obras, no existe una institución que supervise de manera oficial estos procesos, como lo hacía antes el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
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El rezago en el aprendizaje es preocupante
Uno de los aspectos más importantes es que el cierre de las escuelas por más de dos años no solo dejó un rezago de aprendizaje significativo que no está siendo atendiendo y que va a repercutir en el futuro laboral de estas generaciones, sino que las escuelas de tiempo completo funcionaban como un refugio para niños y niñas en situación vulnerable y pobreza, nos dijo Ramírez.
“Gracias a un litigio qué hacemos en Mexicanos Primero un juez ordena que no se puede dejar a las escuelas sin presupuesto para la jornada ampliada y el servicio de alimentación porque el programa Escuelas de Tiempo Completo contaba con el 77% de la escuelas que están en zonas de alta marginación”, explicó la especialista.
Además, la directora de Agentes Educativos de Mexicanos Primero nos explicó que casi la mitad de las escuelas de tiempo completo contaban con el servicio alimentación “y cuando cruzas esas dos variables: alimentación con zonas de alta marginación por supuesto que era un programa muy valioso para las familias, porque en muchas ocasiones el alimento que recibían los niños en la escuela era el único que recibían en todo el día”.
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Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), -un centro de investigación en política pública- resaltó la importancia de entender que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) no es una evolución del programa de Escuelas de Tiempo Completo, sino que son programas que funcionan totalmente diferente y tienen diferentes objetivos.
“Cuando deciden borrar el programa de Escuelas de Tiempo Completo la justificación era que no podemos tener clases presenciales porque las instalaciones de las escuelas no son aptas para el regreso escolar luego de la pandemia, por eso todos los recursos se van a ir al mejoramiento escolar y no se van a guardar para los principales objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo”, explicó Masse.
“Me parece que LEEN tiene razón en términos de que las escuelas estuvieron abandonadas casi dos años, pero me parece terrible que no tenemos un diagnóstico claro que diga qué porcentaje de las escuelas están en condiciones que no permitirían regresar a las aulas”, agregó.
La realidad es que es necesario mejorar la infraestructura para -por lo menos- regresarlas al nivel en el que estaban antes del cierre masivo, para Masse el problema es que los objetivos de ambos programas son igual de importantes para la recuperación escolar de toda una generación.
“Aunque necesitas que las escuelas estén bien, eso no niega la necesidad de tener un programa que permita fomentar el nivel de aprendizaje que se perdió, sobre todo entre los estudiantes que tenían mayor desventaja”, acusó Masse.
La mejora de las instalaciones es una tarea importante principalmente por el número de escuelas que se encuentran en el total abandono, son afectadas por el vandalismo o por la falta de recursos para tener aulas dignas en las que las y los niños puedan aprender.
Sin embargo el programa La Escuela es Nuestra -como está planteado- no garantiza la transparencia en la aplicación de los recursos, tampoco que las y los niños tengan mayor seguridad dentro de las escuelas ni que tengan las herramientas mínimas para su aprovechamiento escolar.
¿Será posible que la infancia mexicana pueda tener una atención integral en este sexenio?
