Lenia Batres ha sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ocupará el puesto de Arturo Zaldivar, quien dejó la Corte para sumarse al proyecto de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
Después de que el Senado rechazara las dos ternas de candidatas presentadas por el presidente, el líder del Ejecutivo utilizó la cláusula de salida diseñada para evitar que se inhabilite la Corte y nombró a Lenia Batres como ministra. Este mecanismo, que se encuentra en el párrafo segundo del artículo 96 de la Constitución de 1917, nunca había sido utilizado por un presidente hasta este momento.
Desde que se presentó la primera terna que ya incluía a Batres, se criticó mucho la presencia de esta por ser hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México –quien tampoco llegó a su puesto por la vía tradicional–, sin embargo, la ahora ministra tiene una carrera propia de décadas en el servicio público que debe ser analizada a la luz de sus nuevas responsabilidades.
Un perfil de izquierda y en el servicio público, pero ¿jurídico?
Desde muy joven, Batres ha formado parte de movimientos políticos de izquierda. A los trece años, en 1982, se incorporó a las fuerzas juveniles del Partido Socialista Unificado de México. Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 entró al Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido con el que llegó a ser diputada federal entre 1997 y el año 2000.
Como diputada destaca su propuesta rechazada de reforma constitucional que buscaba evitar que el Ejecutivo tuviera tanta injerencia en la designación de ministros a la SCJN. En su momento Batres planteaba que en caso de una renuncia en la Corte fuera este mismo cuerpo quien designara a su reemplazo. Sin embargo, ahora se convierte en la primera ministra en la historia en ser nombrada directamente por el Ejecutivo federal.
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De la Cámara de Diputados pasó a formar parte del equipo de Dolores Padierna en la entonces Delegación Cuauhtémoc como Directora General Jurídica. En 2002 entró como asesora del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal (DF), López Obrador y entre 2004 y 2006 se desempeñó como Directora general de regulación al transporte de la secretaría de Transportes y Vialidad del gobierno del DF.
A pesar del fracaso electoral del ahora presidente en 2006, Batres se mantuvo a su lado, primero como coordinadora de brigada del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo y después como brigadista en las primeras rondas de afiliación durante la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). En 2012 abandonó las filas del PRD para incorporarse formalmente al partido de López Obrador, siempre fiel al proyecto de nación de este.
Trabajó como asesora de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa delegacional en Tlalpan y entre 2019 y 2021 fue asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Finalmente desde 2021 hasta hace algunas semanas la ministra era consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la consejería jurídica del Ejecutivo federal.
Un nombramiento constitucional, pero ¿legítimo?
A pesar de los ataques que reciben constantemente los ministros de la SCJN a diario por parte del presidente y sus seguidores sobre su legitimidad democrática, la realidad es que cada uno de ellos –ahora con excepción de Batres– ha sido propuesto y ratificado por dos cuerpos electos por voluntad popular. Si bien no son electos directamente por toda la población sus designaciones son decisiones tomadas por los representantes del pueblo mexicano. Batres cuenta con el respaldo solamente de uno de estos (el ejecutivo) y con el rechazo explícito y repetido del otro (el legislativo).
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La cláusula que permite este nombramiento tiene la función de no permitir que la corte sea inhabilitada por conflictos políticos, como ha sucedido con instituciones como el INAI. Sin embargo, a pesar de ser un mecanismo necesario y constitucional, queda por verse el efecto que tendrá en la legitimidad de la ministra y de la Corte.
Por otra parte, la ministra entra al puesto con una trayectoria política y de asesoría jurídica, pero sin experiencia clara en juzgados. Si bien el papel de un ministro es tanto político como técnico, no queda claro si el perfil de esta activista y servidora pública da la talla para estas dos facetas del puesto.
La ministra que ahora defiende que los puestos en la Corte sean electos por votación popular nunca ha ganado una elección. A la Cámara de Diputados llegó por Representación Proporcional y su esfuerzo por convertirse en Jefa Delegacional de Benito Juárez en la ahora Ciudad de México, terminó en las urnas. Hasta su “campaña” en las últimas semanas por el puesto que ahora ocupa fracasó. Esta trayectoría pone en duda sus habilidades políticas, las cuales son tan necesarias como parte de la Corte, sobre todo si pretende reformarla desde dentro.
Por otro lado, su experiencia técnica también ha sido cuestionada. Como ministra gran parte del trabajo diario requiere de habilidades y conocimientos específicos para lidiar con amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Si bien todo esto puede ser aprendido, queda en duda que tan ideal es que esto se aprenda en la corte más importante de la nación cuyas decisiones no están sujetas a revisión. Todo este conocimiento es algo que la mayoría de los ministros aprenden antes como litigantes o jueces menores.
El rol de activismo que la ministra ha mostrado que pretende ocupar requiere de conocimiento técnico para defender frente a sus colegas sus propuestas, el cual no se ve claramente en su amplia trayectoria en el servicio público.
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El perfil de Batres atiende a un proyecto de nación que tiene el actual presidente. Este entiende a la Suprema Corte de Justicia como una extensión de la voluntad popular más que como un mecanismo de revisión constitucional o un contrapeso a los otros poderes. Batres entra a la Corte con mucho que probar a sus críticos y con mucho que cumplir a sus defensores, ¿lo logrará?
