Por Blanca Juárez
El manejo del caso María Amparo Casar “ha ido más allá de la detección de una posible operación fraudulenta”, sostiene Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana.
“Al divulgar detalles del caso y vulnerar datos personales, el gobierno muestra una intención política distinta a la de investigar y sancionar un posible ilícito”, agrega en entrevista el especialista en estrategias anticorrupción.
El asunto en torno a Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha suscitado debates públicos sobre diferentes temas. Por un lado, las irregularidades en el otorgamiento de una cuantiosa pensión con recursos públicos. También la amplia desigualdad de ingresos y de trato entre altos funcionarios y el resto de la ciudadanía. Y del otro, el uso de datos confidenciales y personales para atacar a quienes son críticos al actual gobierno.
El viernes 3 de mayo desde la conferencia mañanera, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que el organismo había estado otorgando un pago indebido a María Amparo Casar por concepto de una pensión por viudez. Este beneficio fue derivado del fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla hace 20 años.
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El funcionario informó que Pemex presentó denuncias penales contra quien resulte responsable. Además, dio a conocer que desde febrero de 2024 suspendieron la pensión de la investigadora, la cual ascendía a $125,000 pesos mensuales.
Ese mismo día, Presidencia publicó en su página de internet el expediente sobre el fallecimiento de Márquez Padilla, quien fue un alto funcionario de Pemex.
Los documentos incluyen el acta de defunción, números de cuenta bancarias, direcciones; así como diplomas, constancias de estudio y fotografías de la hija y el hijo del matrimonio. Datos personales sin ningún tipo de protección.
Es por ello que Eduardo Bohórquez considera que “la divulgación de información personal no vinculada con el caso, clasificada por la ley como datos personales, cruza una línea que ya no encuentra justificación legal o técnica”.
Datos personales vulnerados
También el viernes 3 de mayo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales por parte de la Presidencia de la República.
El instituto “presume la existencia de incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, señaló en un comunicado.
De entrada, el instituto “advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas”. Ese hecho podría constituir un incumplimiento a la ley, apuntó.
Para defender la divulgación de los datos, el lunes 6 de mayo Romero Oropeza citó el fragmento de una resolución del Inai. En ella se indica que la información sobre actos de corrupción no puede ser reservada.
Pese al argumento del director de Pemex, “no hay forma en que el Inai haya instruido que se vulnere la protección de datos personales. Cada resolución revisa ambos derechos: transparentar sin vulnerar derechos humanos”, explica Eduardo Bohórquez.
“Lo que seguramente ocurrió es que, tras clasificar como reservado algún documento por encontrarse en investigación por corrupción, el Inai instruyó abrirlo. Porque en casos de corrupción no existe la posibilidad de clasificar como reservado el expediente en curso”.
Pero “este no es el caso. Ninguna persona solicitó información sobre los hijos de María Amparo Casar o sus documentos de identificación. Si Pemex hubiera clasificado esa información como reservada, el Inai le habría dado la razón a Pemex”, nos dice el especialista.
Más de 200 políticos, periodistas y académicos firmaron una carta en solidaridad con Casar. En ella, aseguran que este asunto se usa “para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión”.
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El otro tema: la posible corrupción
El 7 de octubre de 2004 Carlos Fernando Márquez Padilla murió al caer del piso 12 de la Torre de Pemex. Cuatro meses antes había asumido un alto cargo como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración.
De inmediato al deceso, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación sobre la tragedia.
“Los peritos que fueron a hacer uso de su experiencia científica, de tomar las pruebas del lugar de los hechos (…), hacen todos los estudios y llegan a la conclusión de que se privó de la vida. Que él mismo se arrojó por la ventana. Se tiró desde ese piso”, ha explicado a medios de comunicación Bernardo Bátiz, quien era el titular de la PGJDF.
Bátiz, ahora integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también ha dicho en cada entrevista que no recuerda haber sostenido una reunión con María Amparo Casar y el periodista Héctor Aguilar Camín. Esto, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que dicha reunión tuvo lugar con el objetivo de influir en Bátiz durante su periodo como procurador capitalino para obtener un veredicto que beneficiara a la investigadora.
“No recuerdo esa reunión, pero pudo haber sido, no niego que haya podido ser. No tengo los detalles de todo lo que pasaba esos días. Recibíamos más de 400 asuntos diarios en la procuraduría y no puedo decir que estuve yo en esa reunión”, le dijo a la periodista Carmen Aristegui.
De acuerdo con el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no será considerado riesgo de trabajo cuando “el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo” o si es resultado de “un suicidio”. En esos casos, el patrón es absuelto de responsabilidad.
Pese a que se la conclusión judicial indica que la muerte no fue accidental ni por homicidio, y que Marquez Padilla tenía cuatro meses en el cargo, Pemex decidió brindar a la esposa del trabajador fallecido una pensión al 100% del salario que éste devengaba.
Con ello, María Amparo Casar obtuvo una pensión $125,000 pesos mensuales desde 2004. Esa cantidad es 17 veces más alta que el promedio de las pensiones contributivas en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) una persona jubilada o retirada recibe en promedio $7,362 pesos mensuales.
Además, Pemex designó una pensión vitalicia para el hijo y la hija del matrimonio de 12,000 pesos mensuales. Según el artículo 501 de la LFT, tiene derecho a recibir indemnización en los casos de muerte, la viuda o el viudo. También “los hijos(as) menores de dieciséis años y los mayores de esta edad” pero “si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más”.
María Amparo Casar pudo cobrar la pensión en menos de un mes después del fallecimiento. En ese entonces, ella era la coordinadora de asesores de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación y precandidato a la Presidencia de la República.
Las concesiones que Pemex le otorgaba y otorga a quienes tienen los más altos cargos, el presunto pago y cobro indebido, así como la inusual celeridad con que se hicieron los trámites de una pensión han sido señalados como posibles actos de corrupción.
Para una parte de quienes han manifestado su opinión en medios de comunicación y redes sociales, estos asuntos no pueden hacerse a un lado por el hecho no menor de la indebida exposición de datos personales.
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El fin no justifica los medios
“Divulgar datos personales desde el gobierno rebasa la denuncia pública de hechos, o la investigación y sanción de los mismos”. Además, dice, “revela una intención distinta a la de sancionar este caso”, señala Eduardo Bohórquez.
El director de Transparencia Mexicana hace un recuento. “En opinión de Pemex y del gobierno federal hubo un manejo fraudulento de la pensión por viudez de uno de sus trabajadores”.
Bien, si eso pasa, “la ley obliga a los servidores públicos a denunciar ante el órgano interno de control o la fiscalía general todo acto irregular que constituya un posible delito”.
En ese sentido, “en congruencia con lo que marca la ley, tanto los funcionarios de Pemex como los de la Presidencia de la República deben aportar los elementos que permitan a un juez o al órgano interno de control determinar la responsabilidad de las personas involucradas en este caso”.
Y, por supuesto, “de haber una conducta fraudulenta, debe investigarse y sancionarse conforme a derecho”. Porque “investigar y sancionar la corrupción, se trate de quien se trate, es una obligación del gobierno”.
Pero, nuevamente, los métodos a los que ha recurrido el gobierno es lo que prevalece en muchos de los asuntos de la vida pública. “El fin no justifica los medios: los derechos humanos no se suspenden cuando las acusaciones se hacen en contra de adversarios o de opositores”, dice Bohorquez.
“El gobierno está obligado a investigar fraude o corrupción, pero también a respetar derechos humanos”.
Y sobre todo, el gobierno está obligado a respetar la ley y el debido proceso. De quién sea.
