En una de sus mañaneras más controversiales, el 22 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el diario The New York Times (NYT) por un reportaje sobre presunto financiamiento del narco a su campaña en 2018, pero fue más lejos: dio a conocer el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal de ese medio en México.
Al revelar el número de celular de Kitroeff, el mandatario incumplió con su responsabilidad de proteger y resguardar los datos personales que tenga en su poder, por lo que estaría violentando la Constitución y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Revelar datos personales sin autorización vulnera la privacidad y puede socavar la seguridad de la persona afectada. La protección de los datos personales es un derecho consagrado en la Constitución”, nos explicó Brianda Aguilar, coordinadora de proyectos para el control de la corrupción en la organización civil Transparencia Mexicana.
La también politóloga e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas fue consultada respecto a la reciente actitud del mandatario, quien -molesto por un reportaje del NYT sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018- divulgó durante su conferencia mañanera el celular de Kitroeff.
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Esto le valió severas críticas a López Obrador por parte del gremio periodístico, e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de una investigación al respecto para determinar si el presidente violentó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
AMLO, principal responsable
“La ley determina que cualquier servidor público -incluyendo el presidente- que recabe datos personales, tiene bajo su responsabilidad la protección y resguardo de estos”, nos recalcó Aguilar, quien recordó también la reciente filtración de datos personales de periodistas que cubren las conferencias del mandatario.
“Uno de los casos más graves es el de la filtración de datos de periodistas que han estado participando en la mañanera. Estos, que vienen de diferentes partes del país, son vulnerados al exponer sus datos, ya que ellos son los que exponen casos de corrupción, violencia y demás temas sensibles”, abundó la experta.
La también impulsora de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción nos dijo que además de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, López Obrador estaría transgrediendo el artículo 16 de la Constitución, el cual garantiza la protección de la vida privada y los datos personales.
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“Las sanciones pueden incluir multas y medidas correctivas consideradas en la ley. El INAI tiene la capacidad de investigar y sancionar a cualquier servidor público o institución que violente este derecho”, añadió Aguilar.
¿Qué es el doxing?
De acuerdo con portales especializados en temas digitales, el doxing consiste en revelar al público -sin permiso de la víctima- información identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, datos financieros y otra información personal.
Esa sería una práctica en la que habrían incurrido López Obrador y su gobierno al conocerse el número de celular de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del NYT para México, Centroamérica y el Caribe, así como los datos personales de más de 300 periodistas que cubren la conferencia mañanera.
Al respecto, Brianda Aguilar nos explicó que el doxing no está específicamente tipificado como delito en las leyes mexicanas. Sin embargo -aclaró- esta acción “puede infringir otras leyes, como la de Protección de Datos Personales o incluso la Constitución”.
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La integrante de Transparencia Mexicana consideró que aunque no hay sanciones específicas para el doxing, se considera “una práctica dañina que puede afectar la seguridad y privacidad de las personas”.
¿Por qué son importantes las leyes e instituciones que protegen la privacidad?
En medio de la reciente andanada de filtraciones de números de celulares de periodistas, candidatas presidenciales y hasta de familiares del presidente López Obrador, el propio mandatario busca eliminar con una reforma constitucional a los organismos autónomos, entre ellos el INAI, los cuales desde su punto de vista “no sirven para nada”.
En ese sentido, Aguilar nos señaló que la protección de datos personales es crucial para salvaguardar la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas: “las leyes y un instituto especializado (como el INAI) garantizan que los datos sean tratados de manera legítima, controlada e informada”.
De esta manera, la especialista concluyó que el INAI -instituto que López Obrador se empeña en desaparecer- “es un nivelador de poder que garantiza el ejercicio del derecho a la información pública y la protección de datos”.
