La controversia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros del Parlamento Europeo, debido a la condena que éste último hizo por los asesinatos contra periodistas en nuestro país -que tan sólo en los primeros tres meses de 2022 suman 8- desvió la atención del verdadero problema: la grave y repetitiva violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión en México.
Artículo 19 -organización independiente y dedicada a la defensa de la libertad de expresión- tiene contabilizados 32 asesinatos de periodistas por su quehacer profesional desde el inicio del actual gobierno de México en 2018, siendo el más reciente el de Armando Linares, director del medio Monitor de Michoacán, medio que cerró después del asesinato y ante la inseguridad que vive el gremio en la región.
La respuesta de López Obrador señala que la condena por parte del Parlamento Europeo es injerencista, por lo que el presidente enfatizó la independencia y la libre autodeterminación de México; sin embargo, “el Parlamento Europeo no tiene una injerencia coactiva directa en otros países que no correspondan a la Unión Europea”, nos explicó Daira Arana Aguilar, directora de la organización de análisis sobre asuntos internacionales Global Thought.
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“Pero lo que sí tienen es una misión global, que deriva de las mismas obligaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que corresponden a respetar y hacer respetarlos”, detalló Arana.
Lo que hizo el Parlamento Europeo -que es un órgano legislativo de la Unión Europea formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 países miembros- fue instar al Estado mexicano para que haga todo para disminuir y evitar el asesinato de periodistas, nos dijo la experta.
“La Cámara de Diputados y Senadores en México podría emitir este tipo de resoluciones. De hecho, lo estamos viendo con el caso de Rusia y Ucrania donde muchas entidades de Estados, particularmente desde el poder legislativo, están emitiendo opiniones o instando a los gobiernos involucrados al cese del conflicto”, explicó la directora de Global Thought.
Lo rescatable: la defensa de la autonomía nacional
La maestra en Relaciones Internacionales y especialista en temas de Estudios Estratégicos y Seguridad, Patricia Baranda Carmona, nos dijo que de la respuesta al Parlamento Europeo que envió López Obrador a nombre del gobierno de México podemos rescatar la defensa de la autonomía nacional.
Esta postura apoya el discurso antiimperialista que ha sostenido su movimiento -y el presidente como protagonista principal del mismo- desde la campaña. Sin embargo, a consideración de Baranda, la forma pudo haber sido mejor, pues en términos diplomáticos la actual administración se ha caracterizado por mantener en un bajo perfil la política exterior, es decir que se ha enfocado en la política interna.
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Y resaltó que México por su ubicación geográfica como país bisagra entre una potencia mundial –Estados Unidos– y una región en desarrollo –América Latina y el Caribe– tiene recursos estratégicos, alianzas comerciales como el T-MEC, una política exterior por tradición pacifista y apegada al derecho internacional, por lo que es un actor estratégico y tiene un peso político en el escenario internacional.
“De ahí que lo que diga o haga el jefe del Ejecutivo es de vital trascendencia, más aún porque en el Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da la potestad al Ejecutivo Federal de conducir la política exterior del país”, detalló Baranda.
“Su reacción le da más elementos a la oposición interna y externa para catalogarlo como populista y descalificarlo, lo cual de una u otra manera pudiera trastocar sus niveles de popularidad, habrá que medirlo con la revocación del mandato y en elecciones futuras”, acotó Patricia Baranda.
Se olvidó de la investidura y respondió más a título personal que como un jefe de Estado
“El ‘tacto’ en el lenguaje que utilizó para pronunciarse en contra del Parlamento Europeo, pasó por alto la investidura, el protocolo diplomático y la importancia de las relaciones políticas y comerciales con aquella región, teniendo en cuenta que se tiene un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en vigor desde el año 2000”, señaló Patricia Baranda, maestra en Relaciones Internacionales.
Además, la experta resaltó que pasar por alto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard –quien hubiese sido el indicado en dar la respuesta correspondiente- pone en evidencia la omnipotencia del Presidente, lo cual se le ha criticado dentro y fuera del país, “actos como este le dan la razón a sus críticos”.
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Lo preocupante: los periodistas siguen siendo asesinados
“Se ha dicho en estos días desde las instancias gubernamentales -y me parece relevante ponerlo sobre la mesa- que en el asesinato de periodistas no hay funcionarios públicos involucrados. Pero, que las personas puedan ejercer sus derechos con libertad y con seguridad y sin miedo en cualquier contexto, es responsabilidad de los gobiernos”, acusó la directora de Global Thought, Daira Aranda.
Y explicó que hay una falta de conocimiento de las obligaciones que tienen los representantes de los gobiernos en los distintos ámbitos -federal, estatal y municipal- en materia de derechos humanos.
“Aún cuando los gobiernos no estuvieron directamente involucrados en el hecho, es decir no mandaron o generaron órdenes para que se llevaran a cabo los asesinatos, tampoco han hecho lo suficiente para qué esto no suceda”, detalló Aranda.
Patricia Baranda, especialista en Estrategias y Seguridad, resaltó que el problema de los asesinatos contra periodistas en México no es nuevo, pero ha cobrado más relevancia y desde las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto han ido en aumento.
“Incluso también recibieron llamamientos para la protección del gremio periodístico por parte de instancias internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, por supuesto que dichos llamamientos incomodaron a los gobiernos en turno”, recordó Baranda.
La experta agregó que la “libre comunicación de los hechos criminales”, se vio opacada o minimizada desde la presidencia de Peña Nieto.
“Incluso durante la administración Peña, el ámbito internacional se mostró muy crítico ante el manejo de la información, en especial por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el caso de Tlatlaya, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe y recomendaciones al Gobierno mexicano”, resaltó la experta.
“Todas estas reacciones responden a la imagen y popularidad que quieren mantener los jefes de Estado, por un lado, y por otro, porque esa imagen es prioritaria para la continuidad del Partido o coalición en las siguientes contiendas electorales, lo cual suele ser más relevante que propiamente combatir un flagelo estructural que conlleva tiempo, esfuerzo, reformas y contundencia en el marco legal”, concluyó Patricia Baranda.
