Ser mujer y migrante en México significa estar doblemente expuesta a ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. El crimen organizado sabe que ellas son más vulnerables por no tener familia ni redes de apoyo aquí, por no vivir en un país que no es el suyo y porque en México el 68% de las víctimas de trata son mujeres.
“Al carecer de todo tipo de apoyo y cruzar en un país donde en cada territorio hay una actividad ilícita, hace que algunas sean explotadas sexualmente en burdeles, hoteles y formen parte de redes de proxenetas en todo el país”, nos dice Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
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En enero del año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, de 2018 a 2019, había identificado y rescatado a 601 víctimas de trata de personas. Al mismo tiempo presumió que en cada uno de los estados tienen personal especializado en la atención a las víctimas de este tipo de delitos, certificados por la ONU.
Pero un mes después, su propia oficina de transparencia confirmó en una solicitud de información que en realidad eran 51 –y no 601– las víctimas de trata de personas. Las 601 personas migrantes eran víctimas de delito en general.
Sin embargo, el boletín nunca fue modificado y aún se encuentra publicado con el dato incorrecto:
Lo cierto es que de esas 51 víctimas de trata de personas (con fines de esclavitud, tráfico de órganos, trabajo forzado y explotación sexual), 50 son mujeres, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. Sin embargo, tres especialistas consultadas por Cuestione aseguran que esa cifra está lejos de representar la problemática real que viven miles de personas migrantes en su tránsito por México.
“Llegas a un país en donde no tienes familia, no conoces las leyes, no sabes cómo funcionan las instituciones y en algunas ocasiones ni siquiera conoces bien el idioma. La justicia es nula para las víctimas migrantes”, nos dice Alejandra Macías, directora de la organización civil Asylum México, la cual se encarga de defender los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en nuestro país.
Esto hace que, en muchas ocasiones, las mujeres migrantes sean desaparecidas, secuestradas o asesinadas sin siquiera ser reconocidas en ninguna cifra, documentó CATWLAC.
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Guatemaltecas, las más vulnerables
Del total de víctimas de trata de personas que el INM identificó en 2019, 45% fueron guatemaltecas, 19.6% hondureñas y 15.7% colombianas como podemos ver en la siguiente gráfica:
Además de ser cooptadas por redes de trata, las mujeres migrantes sufren abuso sexual y violaciones durante su paso por nuestro país: seis de cada 10 (en su mayoría centroamericanas) han sufrido acoso, violación o abuso sexual, como documentó Aminsitía Internacional.
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El INM viola la ley
Cuando las niñas son captadas en redes de trata, su futuro estará marcado: durante la niñez serán usadas para vender pornografía infantil, en la adolescencia pasarán a ser prostituidas en burdeles o esclavas de grupos delictivos y si llegan a la adultez –muchas mueren o son asesinadas antes– es probable que se conviertan en esclavas o mulas, nos dice Teresa Ulloa.
Acceder a la justicia en uno de los países con los niveles más altos de impunidad en el mundo es enfrentarte a la poca disponibilidad de las autoridades de iniciar una investigación y peor aún si eres migrante, pues esta población es prácticamente invisible a los ojos de las autoridades, coinciden las especialistas consultadas por Cuestione.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas dice, en el artículo 75, que las víctimas extranjeras de este delito tienen el derecho de permanecer en el país hasta que se resuelva su investigación o (si ellas lo desean) tener acceso a una residencia permanente, de regresar a sus países de forma asistida o solicitar refugio en el país, y bajo ninguna circunstancia deben ser llevadas a estaciones migratorias.
Sin embargo, organizaciones civiles como CATWLAC y Asylum México han documentado que el INM viola la ley al canalizarlas a estaciones migratorias, donde vuelven a estar en riesgo de ser víctimas porque pueden verse orilladas a regresar a las redes de trata, al carecer de protección por parte de las autoridades.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 83/2020, porque precisamente el INM violó los derechos de una migrante víctima de trata al mantenerla en una estación migratoria, en lugar de canalizarla a un albergue y acompañarla para denunciar ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), nos explica Teresa Ulloa.
“En los refugios de Fevimtra las pueden tener un promedio de seis meses pero y ¿después? Hemos documentado que si no se castiga el delito, las dejan ir y son más propensas de volver a caer en las redes de prostitución, pues se ven obligadas a hacerlo para sobrevivir”, nos dice Ulloa.
El INM adoptó hace tres años un protocolo para identificar posibles víctimas de trata de personas durante su tránsito por México, pues en algunas ocasiones pueden confundirse con el delito de tráfico de personas (en donde las personas, en su mayoría son trasladadas a otro país con su constentimiento), nos explica Ximena Suárez, abogada de la organización civil Sin Fronteras.
El problema es que en muchas ocasiones, los agentes migratorios del INM no están lo suficientemente capacitados en estos protocolos para denunciar estos delitos y en lugar de ayudarlos las criminalizan con otros delitos, nos explicó Alejandra Macías.
Ser mujer y ser migrante en un país como México, es ser invisible ante los ojos de las autoridades y ante un sistema de justicia que no investiga los delitos o que es indolente con los casos de trata de personas o prostitución.
