Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud para castigar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), es decir las llamadas terapias de conversión.
Esto sucedió el 22 de marzo de 2024, pero es un logro que se ha alcanzado a cuenta gotas desde 2020, cuando los Ecosig se prohibieron en la Ciudad de México y poco a poco se sumó más de una decena de estados a este esfuerzo.
Como te contamos en esta nota, los Ecosig son considerados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como tortura en contra de la comunidad LGBTI+ y los defina como prácticas de diferente índole -sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre otros métodos- con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona específicamente de homosexual o bisexual a heterosexual.
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Pero estas prácticas que muchas veces incluyen tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura, son más comunes de lo que creemos y provocan más problemas de salud mental de lo que podíamos haber visibilizado.
Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en México 1 de cada 20 personas se identifica como parte de la población LGBT+; de ellas, 1 de cada 10 dijo que ha sido forzada a asistir con un médico, autoridad religiosa u otra persona para “corregir” su orientación sexual; y 1 de cada 7 han sido presionadas a acudir a estas prácticas para “corregir” su identidad de género.
Por si fuera poco, se ha reportado que dentro de las prácticas de los Ecosig suele utilizarse el abuso verbal, agresiones sexuales y físicas -golpes, electrochoques, privaciones de la libertad en condiciones insalubres y de hacinamiento- teniendo como consecuencia afectaciones en el autoestima de las personas y generando estrés postraumático, ansiedad, depresión y hasta pensamientos suicidas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De hecho la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México realizada por The Trevor Project, organización líder en intervención en crisis y prevención del suicidio para juventudes LGBT+, en colaboración con investigadores independientes y organizaciones de la sociedad civil advierte que más del 50% de las juventudes LGBT+ en México han considerado el suicidio en el último año, principalmente personas entre 13 y 17 años.
Los resultados de la encuesta arrojan que el 50% de las juventudes LGBT+ a las que amenazaron con llevarlas a una “terapia” de conversión o las sometieron a una, reportaron intentos de suicidio en el último año, en comparación con quienes no experimentaron esta situación, que es el 27%.
Qué dice la ley ahora
Las reformas a la ley tienen el objetivo de establecer castigos a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Establece que se impondrá de dos a seis años de prisión, multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y se aumentará al doble la sanción cuando las llamadas terapias de conversión se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima quien realice las prácticas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
Las sanciones también aumentarán al doble cuando la persona autora tenga con la víctima alguna relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.
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En estos casos, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
La ley también establece que será suficiente la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.
Las razones del PAN para oponerse a prohibirlos
“Cuando nosotros escribimos mal un delito generamos consecuencias que pueden terminar por propiciar la persecución a los padres de familia, a los maestros, a los entrenadores deportivos, a los psicólogos; pregúntenles a ellos, a los médicos, a las doctoras, a las enfermeras, a los pastores, a los pediatras”, dijo la diputada panista Margarita Zavala durante la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, para justificar por qué los panistas votaron contra la prohibición de los Ecosig.
“Todos van corriendo peligro. Atenta contra la libertad de la consciencia porque puede ser persecutor (…) Este delito hace muy difícil su comprobación (…) nosotros lo dijimos así en la Comisión. (…) me parece que cuando este delito se abre tanto puede terminar persiguiendo… y a utilizarlo para otras cosas”, continuó.
Y es que la bancada blanquiazul explicó que a pesar de que están de acuerdo en prohibir las terapias en las que sin el consentimiento de una persona se utiliza la violencia para atentar contra su orientación sexual o identidad de género, no estaban de acuerdo con la redacción del documento.
“En Acción Nacional, estamos a favor del derecho de cualquier persona que LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE quiera acceder a la consulta o consejo de cualquier profesional o ser querido. Dicha ayuda en ningún caso, ni en ningún tema PUEDE CONSIDERARSE COMO UN DELITO en ningún País libre y Democrático como el PAN siempre ha defendido”, compartieron los legisladores en su cuenta de X.
La posición de las y los panistas ha sido fuertemente criticada por usuarios de redes sociales quienes señalaban que el partido sostenía la validez de los esfuerzos para convertir a personas homosexuales en heterosexuales, a pesar de que no existe evidencia científica que respalde a las terapias de conversión y, al contrario, está demostrado el daño psicológico y emocional que han causado.
La reforma pasó de nuevo a la cámara de senadores para que se revisen los últimos cambios, pero hasta el momento es un gran logro para los miembros de la comunidad LGBT+ y para la protección de sus derechos humanos y su dignidad.
