El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde al inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía a pesar de que los pueblos cercanos le advirtieron que el proyecto viola sus derecho al agua y sus derechos indígenas.
El 17 de octubre, López Obrador, acompañado de las Fuerzas Armadas, hizo un evento protocolario en la que será la sede del Nuevo Aeropuerto, en la Base Aérea de Santa Lucía o Base Aérea Militar No.1 “General Alfredo Lezama Álvarez”, ubicada al sureste del municipio de Zumpango, Estado de México.
El objetivo era celebrar el inicio de la construcción de uno de los proyectos que más han marcado su administración porque “es la prueba de que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad (…) se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional. Por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación. Ese fue el criterio que aplicamos para construir el Aeropuerto de Santa Lucía”, dijo el mandatario.
Te podría interesar: Lo que está detrás de la suspensión del magistrado Jorge Camero
Sin embargo, la construcción de esta nueva terminal aérea podría dañar derechos colectivos y de pueblos originarios (uno de los grupos más abanderados por este gobierno), como son el derecho a la consulta indígena y al agua.
Antonio Lara Duque, coordinador general el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo en entrevista para Cuestione que López Obrador debe suspender el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía porque construirlo haría que México se ubique como un país violador de las garantías individuales.
Esto porque no se consultó, como es su derecho, a los 20 pueblos originarios que habitan en Tecámac, Zumpango e Ixtapan, municipios que se verán afectados por los requerimientos de un proyecto con esas características.
Por tratarse de comunidades indígenas, para el proyecto en Santa Lucía no aplicaba una consulta ciudadana (recién regulada y aprobada por el Congreso), sino una consulta indígena, prevista en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ese instrumento internacional -de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano- establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos originarios sobre cualquier proyecto o acto administrativo que pueda afectarlos.
De acuerdo con Lara Duque, Santa Lucía estaría afectando tierra, territorio y bienes naturales (como el agua) de al menos 120 mil habitantes (sólo pertenecientes a los pueblos originarios); una cifra que podría crecer hasta los dos millones si se considera también la población no indígena que ha llegado a vivir ahí por el crecimiento inmobiliario.
Pese a ello, el gobierno no ha consultado aún de forma libre, previa, informada y de buena fe a los pueblos. La sola falta de consulta constituye en sí una violación a los derechos humanos protegidos por nuestra Constitución.
Te recomendamos: Santa Lucía: detenida por órdenes de un juez, pero ya se gastaron 50 millones de pesos
El derecho al agua es otra garantía que se violaría con Santa Lucía, según Lara Duque: se está pensando abastecer el aeropuerto de la misma agua potable que utilizan y administran de manera autónoma (mediante comités y asambleas) estos pueblos originarios.
Lara Duque, quien participa en la defensa legal de estos pueblos, expuso que la propia Manifestación de Impacto Ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tan sólo en la etapa de construcción el nuevo aeropuerto necesitaría al menos seis millones de litros de agua diarios.
Sin embargo, esta región del Estado de México ya vive de por sí una sobreexplotación de los mantos acuíferos estimada en 800%, lo que ha producido falta de agua a la población cercana.
Según el abogado y activista, la propia Semarnat ofreció como solución hacer un traspase o acueducto para traer agua del Valle del Mezquital, otra zona indígena pero en el estado de Hidalgo.
Lara explicó que esa zona hidalguense tiene sobre abundancia de este recurso porque recibe las aguas residuales de la Ciudad de México. Según su análisis, el agua potable de Zumpango sería usada para el aeropuerto, mientras que el agua residual sería enviada a los pueblos. “Esto agrede a la dignidad de los pueblos de la región”, observó.
El 29 de agosto, el gobierno federal catalogó como instalaciones estratégicas todos los espacios, inmuebles, infraestructura, equipamiento y demás recursos militares. Con este argumento, pidió al Poder Judicial levantar cualquier suspensión en Santa Lucía para evitar poner en “peligro las actividades que se llevan a cabo”.
Sin embargo, Lara Duque explicó que esa Base Militar ya funciona y ha coexistido por años con la vida comunitaria de la región. Es decir, la suspensión del Aeropuerto no sería un obstáculo para que en esa zona se sigan desarrollando las actividades militares.
Irán a instancias internacionales
Por estas probables violaciones a los derechos humanos, los pueblos ya presentaron diversos amparos que siguen en proceso de litigio pero ahora sin la suspensión de la construcción del aeropuerto.
El pasado 22 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó un acuerdo para que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México atienda exclusivamente los recursos legales y pendientes sobre el proyecto del de Santa Lucía.
El activista detalló que por todo esto planean llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que emita medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas.
Si el caso es admitido, la CIDH podría recomendar -como medida cautelar- la suspensión del proyecto hasta que se consulte a los pueblos originarios.
Te podría interesar: Santa Lucía: ¿el Ejército será transparente?
El CDH Zeferino Ladrillero, que coordina Lara Duque, y los pueblos que acompaña continuarán litigando los amparos que presentaron para exigir que se les consulte de manera libre, previa e informada antes de construir la obra, pero su principal preocupación es que, sin las suspensiones, el Poder Judicial podría resolver el caso hasta en tres años, cuando el proyecto ya se haya construído.
