El debate sobre la iniciativa de reforma constitucional eléctrica continuará en los próximos meses. El 17 de enero pasado arrancaron los foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde legisladoras, legisladores, analistas, empresariado y especialistas analizarán el futuro del sector eléctrico. Concluirán el 15 de febrero, pero solo es la primera parte de la discusión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica el 30 de septiembre del año pasado. Para ser aprobada, Morena tendrá que dialogar y convencer a la oposición en el Congreso, pues necesita una mayoría calificada, es decir, los votos a favor de dos terceras partes de legisladores en San Lázaro y en el Senado. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados (PT y Partido Verde) suman 277 curules y les faltan 57 votos más; en el Senado, cuentan con 72 votos, así que les faltan 14.
Tras eso, al menos 17 congresos estatales también tendrían que aprobarla, ya que se trata de una propuesta que busca modificaciones en la Constitución federal para otorgar preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico en el país.
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Esto cambiaría las reglas para producir y comercializar la energía eléctrica. Algunas personas especialistas advierten que podría impactar en las cuentas de electricidad que tendrían que pagar las personas y en las inversiones extranjeras, entre otras consecuencias.
Pero los partidos de la oposición y Morena tendrán que acordar si la reforma eléctrica será debatida en el Pleno de la Cámara de Diputados antes o después de la jornada electoral del 5 de junio próximo, por tanto se prevé un proceso largo.
¿Cuál es la estrategia de la oposición?
Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han declarado que no aprobarán la iniciativa así como está redactada, por lo que buscarán hacer diversas modificaciones, incluso algunos han dicho que elaborarán su propia reforma eléctrica.
“Así como está la reforma no pasa. A mí me gustaría que se pusieran sobre la mesa esos puntos donde se dice que hubo excesos (de empresas particulares) y si se demuestra que los hubo pues los quitemos y sigamos adelante”, declaró Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el pasado 18 de enero al Canal del Congreso.
Así, según lo dicho por Moreira, el PRI está dispuesto a aceptar diversos puntos de la propuesta del presidente. “El país tiene que decidir si quiere una CFE, que es de todos, fuerte o una CFE que se reduzca o desaparezca”.
“Si en la reforma del 2013 -que impulsó el PRI- no fue exhaustivo el tema de la transición energética, pongámoslo ahora en la Constitución. Y resolvamos el problema del porteo, de las subastas, de los contratos legados (de compraventa de energía eléctrica). Pero también garanticemos la participación de la iniciativa privada”.
Sobre la nacionalización del litio dijo “nosotros estaríamos de acuerdo en que esté en la Constitución, que el control esté en el Estado mexicano”.
También señaló que es necesario “revisar que no se pongan en riesgo los compromisos internacionales, pero también hay que poner sobre la mesa los intereses de nuestro país. México tiene que avanzar en su soberanía, mejorar su autodeterminación y el manejo de sus recursos”.
A título personal puntualizó “nos interesa mejorar el medioambiente, los efectos del cambio climático, pero todos los que vengan a invertir acá también tienen que hacer esa exigencia en sus países”. Porque de nada va a servir que México se ajuste a los tratados internacionales en temas medioambientales “si Estados Unidos sigue contaminando como lo está haciendo”.
Recalcó que “si no se nos dice cómo va a ser la transición energética tampoco pasaría la reforma”.
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PAN y PRD, por la libre competencia
“Queremos defender la libre competencia en México”, afirmó Jorge Romero Herrera, líder del PAN en San Lázaro, el 20 de enero pasado, en un Twitter Spaces sobre la reforma eléctrica coordinado por el Canal del Congreso.
Para el panista la redacción de la iniciativa sobre los límites para la producción de la electricidad en México es tramposa y perjudica a la iniciativa privada.
“Cuando ellos dicen nosotros (CFE) el 54% y los privados el 46% es mentir. Es un engañabobos, porque la redacción de la reforma dice que la CFE podrá tener mínimo el 54% y los privados máximo el 46%. Pero eso significa que si este gobierno quiere que CFE tenga el 95%, lo tendrá”.
Además, señaló, “no podemos ir con esta reforma, porque por defender a la CFE se acaba defendiendo una producción más contaminante”
De igual forma, el pasado 26 de enero, en el marco del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, también consideró “importante que México tenga mejores espacios de competencia” y que “la soberanía energética no pasa por el control total del Estado”.
“Veo muy sólido al bloque de Va por México votando en contra de la reforma eléctrica en los términos en que hoy está”, sostuvo.
Movimiento Ciudadano
Por su parte, el diputado federal Mauro Garza Marín, quien representa al Movimiento Ciudadano en el Parlamento Abierto, ve tres riesgos de la reforma de López Obrador: que la luz costará más, que habrá más uso de petróleo y carbón que son contaminantes, además de que la transición de energías limpias y baratas se detendrá.
Movimiento Ciudadano también llama a revisar la propuesta presidencial, para que “se permita la participación de los privados, se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales, se apueste claramente por energías renovables”. Pues de mantenerse la misma propuesta “no la vamos a acompañar”, recalcó.
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¿Qué plantea la reforma eléctrica de AMLO?
Rodrigo Benedith, economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso en entrevista con Cuestione que la reforma eléctrica plantea dos cosas principalmente.
Primero, fortalecer la seguridad energética de México. Es decir, tener un suministro continuo y a precios que puedan enfrentar las personas consumidoras. Y que no aumenten excesivamente las tarifas como está sucediendo en otros países, cuya industria eléctrica está completamente liberada.
Segundo, tener una planeación del sistema eléctrico nacional mucho más ordenada y que permita tener control sobre la transición energética. Esto es pasar de generar energía por combustibles fósiles a generar por fuentes renovables y limpias. La transición energética se eleva a rango constitucional.
Por tanto, el experto en temas energéticos negó que la reforma promueva hacer nuevas plantas de carbón o combustóleo -contaminantes-. Al contrario, nos dijo, diversifica tecnologías, es decir utiliza las eólicas y las solares. Propone recuperar la hidroeléctrica y la nuclear. La iniciativa no desecha las plantas térmicas y trata de dejar de depender del gas natural texano.
Le preguntamos si de aprobarse la reforma se incrementarían las tarifas que pagan los hogares en México, nos explicó que quienes pagarán más son las empresas privadas que se vieron beneficiadas en la reforma eléctrica de Peña Nieto, de 2013, pues parte de sus beneficios era pagar hasta 20 veces menos la transmisión de energía a la CFE.
“Sí van a pagar más, de hecho en 2020 la Comisión Reguladora de Energía pidió aumentar en 400% la tarifa de transmisión de las sociedades de autoabastecimiento, para recuperar lo que se había perdido y para que pagaran lo justo”.
También nos dijo que “no existe eso de que no se pueda competir contra la CFE, eso no se ha entendido bien. La CFE no va a competir contra nadie. La CFE operará como el encargado del sistema eléctrico nacional, va a decidir dónde se colocan las nuevas plantas, cuáles permisos se van a otorgar, incluso las tarifas”.
Sin embargo, la iniciativa del mandatario es perfectible, admitió. En su opinión debe especificarse que los contratos a cancelar son los de “interconexión legados”, que son los que tienen “las sociedades de autoabastecimiento y que pagan 20 veces menos por transmitir su electricidad”.
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Algunos cambios constitucionales que propone la reforma eléctrica
La iniciativa presidencial incluye modificaciones a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política del país. También diversos artículos transitorios que plantean eliminar el párrafo por el que el Ejecutivo Federal contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) regrese a formar parte de la CFE. Además, según la propuesta del Ejecutivo, el litio podrá ser explotado únicamente por el Estado. El litio es un mineral de gran valor para fabricar autos eléctricos, baterías de celulares y sirve para almacenar electricidad.
El sector eléctrico es fundamental para toda la sociedad ¿los partidos políticos tendrán la capacidad de resolver lo que es mejor para toda la nación, en esta ocasión?
