El Congreso de la Unión aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) para reducir los delitos de extorsión y secuestro; sin embargo, podría provocar que personas inocentes vivan injusticias.
Si se llegara a suplantar la identidad de una persona y se cometiera algún delito con su línea telefónica, de inmediato esa persona partiría como culpable y tendría que probar su inocencia, de acuerdo con Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19.
Es decir que este registro “incumple el principio de presunción de inocencia”, lo cual se agrava si tomamos en cuenta que tu línea telefónica estará relacionada con tu huella dactilar, iris o voz, rasgos con los que naciste y que no hay manera de demostrar que no son tuyos.
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Iván Martínez, oficial de Incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) coincide con que se está vulnerando la presunción de inocencia y además opina que “la laxitud de controles democráticos (en el padrón), abre la puerta a que haya abusos por parte de la autoridad”.
Además, los datos de millones de personas están en riesgo de venderse en el mercado negro –como ya ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón– y quedar expuestos al crimen organizado.
Todo esto sin contar que es una medida autoritaria que viola el derecho de privacidad, puede desencadenar persecuciones políticas y vulnerar la libertad de expresión y hasta la vida de personas, como ya vimos en esta nota.
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Quien nada debe, nada teme
Para Iván Martínez, la frase “quien nada debe, nada teme”, así como la idea de que hay que no debe preocuparte el Padrón si “no tienes nada que esconder”, son afirmaciones que “carecen de una visión elemental de derechos humanos”.
Amnistía Internacional ha registrado que este tipo de vigilancia masiva “convierte al ciudadano en presunto delincuente y sus actividades como sospechosas ya que en nombre de la seguridad nacional los gobiernos se arrogan el derecho a obtener información”.
“No vale el argumento de si no has delinquido no hay nada que temer ni ocultar. Con esa excusa pueril se pueden utilizar nuestros datos y nuestras opiniones para atentar contra la libertad de otras personas, crear perfiles para discriminar a minorías y atentar contra la libertad de expresión”, señala su informe.
Además, como nos explicó Vladimir Cortés, “si suplantan mi identidad o si clonaron mi tarjeta SIM desde la cual hacen llamadas de extorsión, de entrada me convierto en una persona responsable de un delito, y en realidad la carga de probar mi inocencia va a ser mía”.
Esto es alarmante en un país donde casi una de cada tres personas privadas de la libertad no ha recibido sentencia y donde hay inocentes que pueden pasar hasta 12 años presos.
“El hecho de que se comprometan tus datos biométricos, pues no es como que te puedas cambiar la huella o el iris o la voz, son datos que una vez comprometidos suponen ese riesgo mucho más elevado”, dijo Cortés.
Y agregó que esta medida criminaliza, ya que, “de acuerdo con los dichos del subsecretario (de Seguridad y Protección Ciudadana) Ricardo Mejía, tal parecería que 65 millones de personas en México son potenciales criminales simplemente por tener un servicio de telefonía prepago”.
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¿Quién va a tener acceso a nuestros datos biométricos?
Antes que nada, Cortés enfatiza que el Estado ya cuenta con herramientas para combatir y prevenir casos de extorsión o de secuestro, como localización en tiempo real y accesos a datos conservados.
Con esto en mente, el PANAUT no solamente es innecesario sino que se puede volver en contra de la ciudadanía ya que no tiene controles a nivel judicial, de acuerdo con Cortés, lo cual abre un campo para su uso ilegal y arbitrario.
“Establecer estos controles tendría que haber sido lo mínimo que se discutiera en el Congreso, pero se demostró que efectivamente no se le movió ni una coma”, dijo el oficial de derechos digitales de Artículo 19.
Y añadió que diversas organizaciones civiles llevan años buscando mayores controles democráticos de las autoridades, y ahora este Padrón ni siquiera requiere una orden judicial para tener acceso.
Por su parte Iván Martínez considera importante que “no olvidemos que este padrón se planteó en el sexenio de Felipe Calderón, y fue un programa fallido debido a que la base de datos de personas, que de buena fe dieron sus datos, fue vendida en el mercado negro”.
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En este momento, de acuerdo con Martínez, el Estado mexicano ha dado muestras claras de que no tiene las capacidades técnicas para preservar de manera segura los datos biométricos de millones de personas.
“Hay una carencia endémica en el Estado mexicano en cuanto a seguridad informática. Continuamente aparecen bases de datos extraídas de otros sitios que no tienen protección ni las condiciones técnicas elementales para ser preservados de manera segura y que no terminen en las manos inadecuadas”, dijo.
Y agregó que las autoridades ya tienen acceso a datos conservados de líneas telefónicas, y hay evidencia de que acceden a esa información “de manera sucia, desaseada, corrupta, ilegal, sin la orden de un juez”, lo cual se presta a abusos por parte de la autoridad.
“Esta situación existe, el problema es que una ley que es ambigua (como la que creó el PANAUT), y que no tiene los suficientes controles democráticos, por supuesto se va a prestar a una conducta abusiva de las autoridades que tienen este tipo de recursos de manera abierta”, concluyó Martínea.
Con todo este contexto, ¿aún piensas que hay que empadronarse porque quien nada debe nada teme?
