El padrón biométrico que obligaría a las y los mexicanos a entregar sus huellas dactilares y registro de iris a particulares, autoridades y a la policía pone en riesgo los datos personales de millones de personas. Esto según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que consideró que no es idóneo ni necesario para combatir al crimen en el país y carece de certeza jurídica, por lo que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo que se pone en riesgo no es un tema menor: es la protección de datos personales de millones de personas en México, de tus datos, mis datos y de todos los que queremos y necesitamos contar con un teléfono celular”, dijo el comisionado Adrián Alcalá, durante la sesión en la que el INAI discutió la validez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Como lo documentamos en esta nota, el Congreso aprobó la creación de este padrón y se publicó el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, con el argumento de reducir los delitos de extorsión y secuestro.
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El pleno del INAI, conformado por las y los comisionados de este organismo autónomo, aprobó por unanimidad ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de este padrón biométrico con el fin de proteger los datos personales como derecho humano, explicó la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Además señaló que para combatir los alcances de un decreto de esta índole el recurso legal de amparo podría ser insuficiente. Es por ello que respaldó la acción de inconstitucionalidad en contra del padrón de biométricos.
“Esto permite apreciar la importancia de que el legislador -el Poder Legislativo-, haya implementado las acciones de inconstitucionalidad, ya que se pueden alcanzar beneficios para grandes grupos de la población mediante la promoción de un solo medio de control constitucional”, afirmó la comisionada presidenta.
Como lo señalamos en esta nota, las solicitudes para obtener un amparo en contra de otorgar datos biométricos a las autoridades ya comenzaron, por lo que expertos y organismos como la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) están preparando una plataforma virtual para que la población pudiera tramitar el suyo de manera gratuita y segura.
El siguiente paso es esperar que la Suprema Corte de Justicia avale la inconstitucionalidad del padrón y que emita estándares y parámetros que regirán la actuación de las autoridades, lo cual, de acuerdo con el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford, dará certidumbre a la ciudadanía.
