Durante más de una década, el país ha caído en una espiral de inseguridad misma que ha empeorado por la crisis económica que trajo la pandemia por COVID-19. Las víctimas se enfrentaron a las consecuencias del confinamiento: menos empleo y procesos de justicia paralizados. Como resultado, diversas manifestaciones de la violencia aumentaron.
Causa en Común, una organización dedicada a promover los derechos de víctimas del crimen en México, se dio a la tarea de recopilar el registro en medios periodísticos de los actos violentos más severos. Las y los expertos de esta institución catalogan estas acciones como atrocidades pues son cometidas para causar maltrato extremo y provocar terror.
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Para pintar una imagen de la situación actual en el país, vale la pena indagar más sobre el aumento de las violencias más comunes de los últimos meses.
La violencia en cifras
A mediados de 2020, varias personas expertas en inseguridad sospechaban del posible efecto de la pandemia en el aumento de la violencia. Al respecto, el Programa de Estudios de la Violencia del CIDE detalla el problema en este panel. Ya se anunciaba que la pandemia empeoraría la situación del país. Las expectativas se hicieron realidad.
Los informes de Causa en Común exponen que los niveles de violencia en el primer semestre del 2021 fueron peor que los de la primera mitad del 2020. En la siguiente gráfica destacamos las acciones más frecuentes y también las que incrementaron en mayor proporción con respecto al primer semestre de 2020.
La tortura se refiere a un uso de la fuerza para someter a una persona al dolor. En el país, es una práctica recurrente para obtener información en investigaciones criminales. El descuartizamiento es la fragmentación de los cadáveres. Los linchamientos son demostraciones violentas colectivas y generadas por el hartazgo de una comunidad ante eventos violentos. Son demostraciones físicas del uso de la fuerza (ya sea de criminales o autoridades de seguridad) contra personas en específico.
Junto con el resto del listado, estas acciones representan unas de las manifestaciones más crueles de la violencia.
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Como lo detallan en los reportes de Causa Común, las autoridades de seguridad y justicia mexicanas no hacen un seguimiento de los actos. En el país no se realizan investigaciones más allá de las causas de muerte que quedan registradas en las estadísticas del INEGI.
Las únicas fuentes disponibles para realizar algún registro medianamente fiable son notas periodísticas.
Cualquier listado de sucesos violentos resulta incompleto.Lo anterior también lo reportan otras organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos, como lo mencionamos aquí.
¿Por qué aumentó la violencia?
Según este análisis de la Red de Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), un colectivo que aboga por los derechos humanos en México, la principal causa de la agudización de la violencia se debe a las deficiencias institucionales.
Las autoridades de justicia ya daban mucho de qué desear y, con una pandemia encima, su desempeño se volvió todavía más limitado.
Desde antes de la pandemia, la Fiscalía General de la República estaba saturada de casos de violaciones de derechos humanos sin resolver. Para dar una idea, en el 2018, de un total de 4 mil investigaciones solo dos llegaron ante un juez, según el reporte de la Red TDT.
También, los expertos de Red TDT resaltan la falta de implementación de medidas legales. Por ejemplo, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, aprobada en 2017, no tiene publicados los lineamientos del Programa Nacional para Prevenir la Tortura. Esto es un incumplimiento de la Ley pues sí menciona al Programa.
La pandemia forzó a múltiples instituciones a frenar o detener ciertas actividades, lo cual limita su trabajo. En este caso, las instituciones encargadas de redactar el Programa Nacional para Prevenir la Tortura (como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) no han podido continuar con la labor. De seguir así, México seguirá sin atender a las víctimas de la crisis exacerbada de violencia.
¿Qué hacer ahora?
Dentro de las recomendaciones de Red de Todos los Derechos se destaca el esfuerzo por publicar el Programa Nacional para la Prevención de la Tortura. Sería un primer paso para volver a poner en la narrativa pública la justicia y la reparación de las víctimas.
Resulta complicado continuar la labor de las organizaciones con una amenaza a la salud que parece no acabar. Sin embargo, sin un impulso por mejorar los vacíos que existían antes de la pandemia, el problema crecerá todavía más.
