El plan antiinflacionario presentado por el presidente López Obrador es “insuficiente” y “poco efectivo” para detener el alza de precios en el mediano y largo plazo, ya que la inflación se debe a factores externos sobre los cuales el gobierno no tiene control alguno, explicaron analistas financieros.
“La intención es buena para contrarrestar el efecto inflacionario, pero tenemos la limitante de que la presión en los precios viene de afuera, es por factores externos; si continuamos con la volatilidad de los precios a nivel internacional, pues de poco servirá (el plan antiinflación)”, nos dijo el especialista en mercados financieros Humberto Calzada.
En el mismo sentido, el analista de Grupo Financiero Monex, Marco Arias, nos señaló que el plan gubernamental tiene un impacto en la política social para garantizar los precios de la canasta básica, pero -aclaró- “para efectos de bajar la inflación va a ser muy complicado, porque depende de muchas más cosas que la canasta básica; es más una buena intención”.
En mayo pasado se reportó que la inflación en México alcanzó su mayor nivel en más de 21 años, al llegar el Índice Nacional de Precios al Consumidor al 7.68%. Sin embargo, en la primera mitad de septiembre pasado los precios volvieron a subir, por lo que la inflación ascendió a 8.76% anual, de acuerdo con información de Bloomberg.
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Según el mismo portal, la gran inflación se debe principalmente al aumento en los precios de los alimentos, bebidas, tabaco y productos agropecuarios, además del regreso a clases que implicó un gasto en el pago de colegiaturas y otros servicios.
Asimismo, la tortilla de maíz, el huevo y el pollo son productos cuyo precio se ha mantenido presionado desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a que el conflicto bélico ocasionó un aumento en los precios internacionales del maíz y de insumos para el sector pecuario.
El acuerdo y sus riesgos
A fin de combatir los aumentos de precios en productos e insumos alimentarios, el gobierno federal y empresas productoras y distribuidoras suscribieron el 3 octubre de 2022 un acuerdo complementario al Paquete Contra la Inflación y la Carestía, anunciado en mayo pasado, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
Durante la presentación del acuerdo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, precisó que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio tiene como objetivo reducir en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, de $1,129 a $1,039 pesos promedio.
Asimismo, el gobierno federal otorgó a las empresas firmantes una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, incluyendo los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como del impuesto general de importación.
“Se les confía (a las empresas) la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad”, se lee en el mismo comunicado. Al acuerdo se sumaron varias compañías, entre ellas la productora de pollo Bachoco, la fabricante de harina de maíz y tortillas Gruma, y la minorista Walmart de México, según información de Forbes.
Al respecto, el diputado federal panista Éctor Jaime advirtió que con la suspensión de la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos, existe el riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados, no aptos para su consumo, que representan un riesgo sanitario y que pueden poner en riesgo millones de vidas y propagar enfermedades.
“Exigimos al gobierno federal que cumpla con la ley, más cuando se trata de garantizar la salud de la población; ningún acuerdo de carácter administrativo puede eliminar el control sanitario de los alimentos, sería catastrófico para la salud de millones y podría generar consecuencias para el país en materia económica, que lejos de resolver el problema de la inflación, generarían más costos sociales”, alertó el legislador.
En ese mismo sentido se pronunció Jaime Talancón, consultor en prevención de conflictos y gestión de crisis, quien en un artículo de opinión en Expansión expresó que permitir la importación de alimentos sin supervisión sanitaria puede resultar más caro para la ciudadanía que se busca beneficiar con estas medidas.
“El gobierno federal está cediendo su responsabilidad y dejando que las proveedoras de alimentos en un acto de buena fe, sean juez y parte para calificar la calidad de los alimentos que importen al amparo del referido acuerdo”, observó Talancón.
En contraste, el economista Marco Arias nos dijo que el otorgamiento de esta Licencia Única Universal para las empresas es una medida novedosa “que le da mucha libertad, mucha flexibilidad a las comercializadoras y distribuidoras, para hacerse de insumos y productos. El otorgamiento de esta licencia es un sello que distingue estas medidas anunciadas de otros planes y esfuerzos”.
Sin embargo, el especialista financiero reconoció que hay que estar atentos para ver cómo funciona el uso de esa Licencia Única tanto en los precios como en la calidad de los productos.
“Ningún plan ha funcionado”
“Históricamente, las herramientas de control de precios no han tenido éxito ni en México ni en ninguna parte del mundo porque la economía se ha globalizado. Al final, experimentamos una oferta-demanda a nivel internacional y a veces los choques externos hacen que estos planes antiinflacionarios por parte de los gobiernos pues no tengan efecto”, nos aclaró Humberto Calzada, quien también es académico en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
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“El tema ahora son los problemas en las cadenas de suministro; seguimos viendo una alta inflación y hay riesgo de una seria crisis alimentaria; entonces esto definitivamente sigue siendo un riesgo latente para la economía mexicana. Lo vimos en los años 70, en la época de (José) López Portillo y (Luis) Echeverría: aunque se implementen estos planes, no han sido efectivos”, abundó el economista en jefe de Rankia Latinoamérica, un portal español de economía y finanzas.
Además, nos señaló Calzada, la exención de las barreras arancelarias y de algunos impuestos obliga a los empresarios a dar precios bajos y calidad de los productos, pero “también puede representar un problema para las empresas porque si siguen las presiones inflacionarias, aunque se haya implementado este plan, pueden tener problemas financieros”. Igualmente, insistió el experto, el acuerdo tendrá un efecto positivo en la economía en el corto plazo al disminuir los precios, pero este tipo de planes “es insostenible en el largo plazo”.
Marco Arias, responsable del marco macroeconómico en el área de análisis de tipo de cambio de Monex, nos dijo que en términos de distribución el acuerdo abarca a cerca del 80% de los distribuidores, ya que incluye a “peces gordos” como Walmart y Chedraui. Sin embargo, acotó, una buena parte del consumo no se da en estas cadenas o a través de estos mecanismos, sino a través de distribuidores y productores más pequeños “que difícilmente podrán replicar estas disminuciones (de precios)”.
“Ante el hecho de que se escapen los distribuidores y productores más pequeños, el alcance del plan puede tener algunas fugas y perder efectividad”, concluyó Arias.
