La privatización del sector carretero en México comenzó en 1984, después de que el país entrara en una crisis de deuda. Empresas como la constructora ICA financiaron la construcción y el mantenimiento de autopistas a lo largo del país.
Sin embargo, el modelo no funcionó debido, en opinión de Carlos Alberto Jiménez -experto en negocios de la Universidad La Salle- a que el sector público no cuenta con la eficiencia suficiente para administrar este tipo de sectores, por el nivel de corrupción que existe en su interior, entre otros factores.
En total, se tiene el cálculo de que el mismo Estado tuvo que pagar, a partir de 1997, entre 157 mil millones y 165 mil millones de pesos a través de bancos, lo que se conoce como “el rescate carretero”. Este es solo uno de los ejemplos que da el académico para explicar el ir y venir de una actividad del gobierno del país, que no resuelve un problema de raíz: “la falta de competencia en diversos sectores del país”.
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“Lo vimos con los bancos, desde la época de José López Portillo cuando nacionalizó la banca (1982) y posteriormente se vuelven a privatizar los bancos (1990), y entonces hemos visto varios sectores de actividad económica en donde el gobierno interviene, estatiza, privatiza y lo va haciendo de manera alternada sin ningún inconveniente”, nos explicó Carlos Alberto Jiménez.
¿Qué consecuencias tiene el ir y venir de lo privado a lo público de cualquier industria o sector en el país? De acuerdo con el especialista, además de ser un movimiento costoso para la población, este tipo de soluciones, -la intervención del Estado o la apertura a los privados-, no atiende el problema de raíz.
“Se parte de dos convenciones que podrían ser erróneas en el mercado: una dice que el sector público es ineficiente y corrupto, un argumento de la visión económica neoclásica y neolibreal, en la que se dice que el Estado no debe de intervenir en la economía, es decir, que deben de ser las empresas privadas las que las únicas que se mantengan en el mercado”, detalló Jiménez.
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Como lo documentamos en esta nota, a finales del 2021 entró en vigor el control de precios del gas licuado de petróleo, o gas LP, en el que el gobierno federal estableció topes a los precios de este combustible y creó una empresa –Gas Bienestar-, que busca competir con los grandes distribuidores a nivel nacional.
“Yo creo que una alternativa buena para intervenir el mercado es esta empresa de distribución de gas, en la que el Estado no estatiza a las empresas que ya están operando, sino que entra como un agente más de competencia. Esto permite mayor competencia en el mercado, porque se va destruyendo el oligopolio”, nos explica el académico de La Salle.
Su principal argumento es que destruye la relación que existe entre los pocos participantes que existen en el mercado y sus acuerdos para manipular el mercado. ¿Gas Bienestar tiene la posibilidad de ser la primera empresa operada por el Estado que rompa con el oligopolio en un mercado?
