El “Plan B” de la Reforma Electoral retomó la famosa “Ley Chayote”, pero se quedó corto con lo que había ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: regular la publicidad oficial.
Modificar la publicidad oficial en una reforma electoral es un tanto extraño, sin embargo el Congreso decidió incluir en el “Plan B” una nueva Ley General de Comunicación Social.
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Artículo 19 y Fundar emitieron un llamado conjunto por medio de Twitter el pasado 12 de diciembre para pedir al Senado de la República a detener lo que consideraban una ley que “refleja la falta de voluntad por regular debidamente la #PublicidadOficial”.
La publicidad oficial
La publicidad oficial no solo es una de las fuentes de ingreso más importantes para los medios de comunicación, también es una herramienta por la cual el gobierno se comunica con la ciudadanía, nos cuenta Paulina Castaño del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Sin embargo, en México no hay un mecanismo justo y transparente por medio del cual se administre la publicidad oficial.
En dos ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado al congreso regular y reglamentar la publicidad oficial.
La primera vez fue en noviembre de 2017, cuando encontraron inconstitucional que fuera omitida la regulación del gasto en comunicación social. Ante este fallo, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social o la “Ley Chayote” que repetía los mismos errores del pasado y violaba lo que ya había establecido la Corte.
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Paulina Castaño nos comenta que desde hace muchos años existe un gran esfuerzo desde la sociedad civil por impulsar una ley que sea capaz de reglamentar el uso de dinero público para publicidad oficial.
Desde el primer fallo de la SCJN se hizo una ley ciudadana para garantizar medios libres, sin embargo, esta nunca pasó, principalmente por los esfuerzos de diputados priistas de frenarla, recuerda Castaño.
Plan B
“La publicidad oficial es diferente a la propaganda electoral” nos menciona Castaño, quien sospecha que la intención de incluir el tema de la publicidad oficial en una ley electoral era “matar dos pájaros de un tiro”.
Ya que según nos cuenta la también investigadora en el Programa de Justicia Fiscal de Fundar, la corte había dado como fecha límite para legislar sobre la regulación de la publicidad oficial el 15 de diciembre de 2022.
A pesar de que en el “Plan B” se incluyen algunos lineamientos, estos están muy lejos de cumplir con lo que la corte había pedido.
Austeridad republicana
La austeridad es una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el cual se gastaron cerca de $60,000 millones de pesos en publicidad oficial, el actual presidente prometió que las cosas iban a cambiar, pero esto no ha sido para bien.
“Ya no hay sobrejercicio, ahora hay subejercicio y que haya subejercicios en el gasto también es muy grave” explica la investigadora de Fundar.
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En los primeros tres años de gobierno, López obrador gastó aproximadamente $8,648 millones de pesos, una cifra muy por debajo de los más de $34,000 millones de pesos que gastó Enrique Peña Nieto en el mismo periodo. Sin embargo, Paulina Castaño nos deja claro que esta reducción en el gasto no es algo positivo.
En primer lugar, el gasto en publicidad oficial sigue siendo discrecional: de 2019 a 2021 La Jornada, uno de los medios más cercanos al presidente, recibió $771,160,000 pesos. Y según datos preliminares de enero a noviembre de 2022 a este mismo medio se le han otorgado $105,789,250 pesos. La Jornada ahora ocupa el lugar que en sexenios anteriores le pertenecía a El Universal.
Los tres medios que más dinero de publicidad oficial reciben son Televisa, Televisión Azteca y Estudios Azteca y La Jornada. De lado se van dejando a los medios más críticos y a los medios de uso comunitario, social e indígena.
Artículo 19 y Fundar reportaron que de 2019 a 2021 los tres medios que más recursos reciben por comunicación social concentran el 29.6% del total del gasto en publicidad oficial.
En segundo lugar, gastar poco en comunicación social no es algo bueno en sí mismo. La investigadora de Fundar nos explica que este es el medio por el cual el gobierno le informa a la población no solo sobre temas electorales, sino sobre temas de salud y otros derechos humanos. Durante el período de la pandemia por el COVID-19 el gasto en publicidad oficial “debió aumentar”, nos menciona Castaño.
El futuro
Todavía hay mucho que hacer. Castaño nos explica que la transparencia debería darse en todos los niveles, ya que actualmente la información que se tiene es sobre gasto federal. A pesar de los esfuerzos de Fundar por crear una plataforma que facilite la transparencia a nivel local se sigue sin conocer cuánto y cómo gastan los estados en publicidad oficial.
Paulina Castaño nos comenta que en estos momentos tanto Artículo 19 como Fundar tienen sus esperanzas puestas en que algún senador de oposición presente una acción de inconstitucionalidad en contra del “Plan B”. Sin embargo, también nos garantizó que las dos organizaciones continuarán trabajando para frenar la discrecionalidad en la publicidad oficial: “No sabemos qué, pero vamos a hacer algo”.
