¿Tanto Estados Unidos como México tienen una responsabilidad compartida en el aumento del tráfico de armas hacia nuestro país? ¿El operativo Rápido y Furioso, de hace 15 años, contribuyó al incremento de la violencia del narcotráfico? ¿Las demandas del gobierno federal contra las armerías estadounidenses pueden ser parte de la solución?
En el editorial de esta semana en Cuestione pusimos sobre la mesa la necesidad de que el gobierno de EU asuma su parte de responsabilidad en el actual poderío que hoy detentan los cárteles de la droga, y que no solo culpe a las autoridades mexicanas de su presunta inacción ante el aumento del tráfico de estupefacientes hacia la Unión Americana.
Como parte de la historia en el auge de la violencia criminal en México, algunos medios de comunicación han señalado que el operativo conocido como Rápido y Furioso contribuyó -por lo menos- en el fortalecimiento armamentístico de las organizaciones criminales, las cuales no solo se enfrentan entre ellas, sino también contra las fuerzas del orden.
Además, tal operativo se implementó justo en momentos en el que el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) le declaró la guerra a los cárteles del crimen organizado, la cual dejó miles de muertos y desaparecidos y es uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de nuestro país.
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¿Pero qué fue Rápido y Furioso?
Entre 2009 y 2011, durante el gobierno del demócrata Barack Obama, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF, por sus siglas en inglés) implementó en secreto un operativo para traficar a México más de 2,500 armas y después seguir su rastro, a fin de saber su destino y actuar contra los delincuentes.
Las armas tenían un chip y fueron a parar a manos de los cárteles de la droga; sin embargo, ninguna organización criminal fue desmantelada. Se abrió una investigación al respecto en EU y en 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia acusó que la operación fue supervisada de manera irresponsable.
Sostuvo además que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”. En su momento, el gobierno mexicano se dijo sorprendido por la existencia de Rápido y Furioso, pero EU aseguró que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) estuvo al tanto del operativo. En 2019, EU cerró el caso y ningún funcionario fue encarcelado.
Tráfico de armas: “problema muy complejo”
Al respecto de Rápido y Furioso, Jorge Lara -quien fue subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la ya desaparecida PGR durante el gobierno de Felipe Calderón– nos dijo que el operativo no contribuyó “en lo absoluto” al aumento del tráfico de armas y la violencia de los cárteles en México.
“El tráfico de armas es una problemática muy compleja por diversos factores: (entre ellos) la laxitud de la legislación americana para la venta de armas de todo tipo. Hemos insistido en que la única solución es reimplantar el Assault Weapons Ban (la prohibición de venta de armas de asalto decretada por el ex presidente estadounidense Bill Clinton)”, explicó el licenciado en Derecho por la UNAM.
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Lara se refirió a la Prohibición Federal de Armas de Asalto (AWB, por sus siglas en inglés) que estuvo vigente en EU de 1994 a 2004. “Dicha prohibición incluía fusiles AR-15 y AK-47. Cuando termina el veto, dichas armas empezaron a estar disponibles en armerías, tiendas de deportes, tlapalerías y tianguis callejeros de Estados Unidos y fue cuando los cárteles empezaron a tener una amplia disponibilidad y acceso a tales armas”, nos explicó.
“El resultado fue que la violencia en México se empezó a disparar en los años subsecuentes, especialmente en 2007, cuando empezaron a llegar y ser detectados los cargamentos. En los años subsecuentes a 2004 se traficaron miles de armas de fuego de Estados Unidos a México, pero también se realizaron los decomisos más elevados de dichas armas, incluso más que en la actualidad”, precisó el ex funcionario.
Jorge Lara nos recordó que apenas en 2023 se tipificó en EU el delito de tráfico de armas al extranjero: “es un negocio muy lucrativo. La frontera es muy porosa; muchas armas son escondidas en contenedores o ferrocarriles, por eso no son detectadas o pasan desarmadas. También se transportan a través de brechas a lo largo del desierto. En EU tienen bajos controles y registros de su venta. Son muy accesibles en tianguis de armas, donde incluso se pueden comprar en efectivo en operaciones callejeras”.
“Acción unilateral”
Sobre el secretismo de la operación, Jorge Lara nos contó que en cuanto el gobierno mexicano fue informado del Rápido y Furioso se iniciaron las investigaciones y denuncias correspondientes para esclarecer los hechos, pero -acotó- “la información del gobierno de Estados Unidos fluía de manera muy lenta y escasa”.
El también profesor en la Facultad de Derecho explicó que ese operativo fue una acción que “de manera unilateral” pretendió llevar a cabo la ATF de Estados Unidos, mediante una técnica de investigación denominada “venta vigilada”. “Sin embargo, nunca se comunicó a las autoridades mexicanas de dicho operativo”, nos aseguró Lara.
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Añadió que lo anterior fue “confirmado y corroborado” por la investigación que hizo el Congreso de EU. “En su momento el gobierno de México dijo que de haberse sabido, se habría actuado con toda oportunidad y se hubiera detenido el operativo”, precisó el ex subprocurador.
Sobre lo anterior, es de señalar que en enero de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su participación en el operativo Rápido y Furioso, entre ellos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la SSP. Ambos personajes están presos en EU y México, respectivamente.
Pero hace unos días, una jueza federal absolvió a Cárdenas Palomino de las acusaciones de la FGR en torno al Rápido y Furioso. Sin embargo, seguirá preso en el Penal del Altiplano por otro proceso en su contra por el delito de tortura.
Y en octubre de 2022, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, culpó al ex presidente Calderón por la implementación del operativo, lo cual ha sido negado por el ex mandatario: “cuando hablamos de compra de armamento todo el mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí, sí se militarizó al país, sino que, en el colmo de la desvergüenza, terminaron Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas”.
Finalmente, sobre las demandas que ha interpuesto el gobierno federal contra las armerías de EU, Jorge Lara nos dijo que pueden contribuir a “resarcir los daños creados por la violencia en México, sin embargo no pueden ni deben ser consideradas como las únicas medidas necesarias para detener esa forma de empoderamiento de los grupos criminales”.
