A más de cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México, sigue sin operar al 100% a nivel nacional y en entidades como la Ciudad de México, ni siquiera se ha adaptado la normativa a un nivel estatal. Esto, de acuerdo con expertos consultados, deja ver una falta de interés por su desarrollo y sobre todo, por los resultados que podría dar.
El SNA nació como proyecto para combatir la corrupción en el país en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2016 se integró la Comisión Nacional Anticorrupción que sirvió para realizar diversas reformas constitucionales y así crear la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“No se está generando inteligencia administrativa por parte de las dependencias que están inscritas en el comité coordinador para poder avanzar en el control de la corrupción y el combate a la impunidad”, nos dijo Roberto de la Rosa, investigador asociado en México Evalúa.
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Las dependencias a las que se refiere, el también investigador de la iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey, son las que integran al Comité Coordinador del SNA, que son la Secretaría de la Función Pública (SFP); la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
También se incluye al Comité Coordinador de Participación Ciudadana (CCC), conformado en su mayoría, por organizaciones de la sociedad civil.
El compromiso de cada una de estas dependencias, de acuerdo con Roberto de la Rosa, es implementar la Política Nacional Anticorrupción, cuyo punto central es combatir el abuso de poder de la autoridad en su contacto con los ciudadanos.
Para llevar a cabo esta tarea, De la Rosa explica que se necesita coordinación entre las entidades involucradas, además de generación de información que sea pública y que las partes involucradas puedan utilizar para prevenir actos ilícitos en la administración pública. Pero esto no se ha podido llevar a cabo.
“Existe una falta de anclaje respecto a los planes entre instituciones. No hay un compromiso de la SFP y de la Auditoría de la Federación para aportar sus datos y generar por ejemplo, el Módulo de Fiscalización que requiere la Plataforma Digital Nacional del SNA”, detalla el investigador.
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La agenda de la SFP
A pesar de que la coordinación y trabajo entre instancias del Comité Coordinador del SNA es la principal tarea de este sistema, no se ha consolidado. A decir de Roberto de la Rosa, más bien cada dependencia está enfocada en su propia agenda, imponiéndose a los demás miembros del comité.
“No hay trabajo coordinado con las demás instancias. La ASF va por su lado, la SFP también y todos los niveles de avance no se sincronizan para poder impulsar el combate a la corrupción. No hay un plan sistémico y ya pasaron tres años -desde la adaptación de la ley secundaria de la LGSNA-. La SFP tiene su propia ruta, pero no es la del sistema”, nos dijo el investigador.
Para el investigador de México Evalúa es relevante conocer que la Secretaría de la Función Pública interviene en 36 de las 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción. La ASF participa en 22.
“Este es un tema importante porque quiere decir que la SFP va a poder intervenir en la implementación de estas prioridades pues de acuerdo a sus objetivos”, explicó.
Ese es el riesgo, advierte De la Rosa, que la AFP y la ASF podría imponer sus prioridades a un esquema que es nacional.
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CDMX y Morelos, los más atrasados
A nivel estatal, dos estados son los que no han logrado hacer una adaptación de la normativa anticorrupción para sus entidades: la Ciudad de México y Morelos.
La conformación de la ley secundaria para implementar el SNA y su adopción a nivel nacional fue un proceso que se llevó a cabo entre 2015 y 2016. A nivel estatal, la construcción de un marco legal secundario ya podría decirse que está terminando, pero en 2021 faltan dos estados que no lo han realizado, retrasando todos los demás procesos que requiere un Sistema Estatal Anticorrupción.
“Hay cuatro estados que todavía no concluyen el proceso. Es decir, no tienen aún un comité coordinador todos los miembros que corresponden”, señaló el experto.
De los 32 estados de la República Mexicana, Baja California y Baja California Sur aún no tienen fiscal anticorrupción. La Ciudad de México, además de no haber adecuado el marco normativo federal a la entidad, ha tenido problemas con la conformación de Participación Ciudadana y con la Secretaría Ejecutiva de la Ciudad de México.
Finalmente, De la Rosa explicó que este retraso se debe a la falta de interés en realizar esfuerzos conjuntos, porque cada entidad involucrada tiene su agenda y la impulsa, sin embargo, no para combatir la corrupción de manera sistémica.
¿El Sistema Nacional Anticorrupción será otro “elefante blanco” en el gobierno debido a que esta administración no quiere conformarla debidamente?
