El país está viviendo una crisis de libertades, legalidad y de seguridad jurídica. De acuerdo con los expertos que consultamos, el Estado de Derecho se está viendo afectado por decisiones políticas que crean incertidumbre a las empresas y a la ciudadanía.
Cuando tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo en su discurso: “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”. ¿Se ha avanzado al respecto?
“Hay cuestiones preocupantes o señales que tienen que ver con impunidad, con corrupción y que podrían afectar el Estado de Derecho”, nos dijo Arturo Luis Cossío Zazueta, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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Entre los casos que resultan preocupantes, de acuerdo con Zazueta y con José Antonio Caballero Juárez, titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); se encuentran los casos de las adjudicaciones directas del gobierno.
También mencionan el desabasto de medicamentos en el país y la violencia de género contra las mujeres, que incluye el aumento de los feminicidios, producto de la impunidad; así como los cambios a las leyes, como el caso de las modificaciones a Ley de la Industria Eléctrica.
“La actuación del Estado está desbordando los límites de la legalidad. Hay muchos ejemplos donde el Estado está prácticamente haciendo a un lado la ley”, afirmó Caballero Juárez.
Como lo documentamos en esta nota, la prensa mexicana por lo menos ha registrado 10 casos de corrupción en los dos primeros años de la administración de López Obrador.
Entre estos casos destacan las propiedades inmobiliarias del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, que superan los 800 millones de pesos. También el contrato que obtuvo su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, con el IMSS en el estado de Hidalgo para la venta de 20 ventiladores con un valor de 31 millones de pesos.
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A estos escándalos, se sumó en 2021 el resultado de las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó, entre otras cosas, que las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, generaron presuntos daños a las cuentas públicas, como lo explicamos en esta nota.
Esto, de acuerdo con los especialistas que consultamos, propicia un debilitamiento del Estado de Derecho.
Respecto a la impunidad en el país, uno de los ejemplos en los que ha causado una y otra vez la reincidencia del delito, es en la violencia de género y su consecuencia más letal, el feminicidio.
En esta nota, documentamos como entre 2016 y 2018, de los 2,319 feminicidios reportados, solo en 657 casos se dictó sentencia en contra de los responsables.
“El presidente tiene una concepción muy tradicional del papel de las mujeres en la sociedad y no está dispuesto a aceptar una visión más contemporánea, que es producto de la lucha de las mujeres desde hace muchos años”, señaló José Antonio Caballero.
¿Qué es el Estado de Derecho?
Pero antes, ¿qué es el Estado de Derecho y por qué nos tiene que preocupar su desaparición en el país?
“El Estado de Derecho se ha definido como aquel en el que tanto gobernados como
gobernantes se someten a las mismas reglas. Es decir, todos deben de cumplir las leyes por igual, tanto quien las tiene que acatar, como quien las hace”, nos explicó Cossío Zazueta, de la UNAM.
Según José Antonio Caballero Juárez, para que el Estado de Derecho sea calificado como tal, debe de cumplir -al menos- con tres requisitos.
“Primero, proteger los derechos de las personas (libertades). Segundo, para habilitar el ejercicio del poder a través de la ley, es decir, establecer la legalidad. Y tercero, generar seguridad jurídica”, dijo el profesor del CIDE, Caballero Juárez.
Cuando hay seguridad jurídica en un país, detalla Caballero Juárez, hay certeza de que las cosas van a ocurrir. Para el investigador, es una de las principales quejas que los inversionistas en el país tienen actualmente, ya que en proyectos a largo plazo, si alguien invierte dinero, es natural querer que las reglas no cambien cada año.
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En materia de los derechos de la ciudadanía y por supuesto, de sus libertades, el investigador del CIDE afirma que este gobierno ha sido persistente en sus ataques hacia la prensa y la libertad de expresión.
En el tema de la legalidad, José Antonio Caballero Juárez explica que existe un ejemplo contundente de la ineficiencia del actual gobierno para garantizar este aspecto: el caso de las adjudicaciones directas.
“Parte de los compromisos adquiridos por esta administración, era precisamente evitar este exceso de discrecionalidad con las adjudicaciones directas, dentro del régimen de compras del Estado. Y lo que tenemos es que esta administración ha sido basta en adjudicaciones sin tener que hacer licitaciones”, dijo el especialista.
El esquema de adjudicaciones directas no es ilegal, se utiliza cuando las empresas que buscan brindar un servicio al gobierno no cumplen con lo necesario, o existe una que puede vender este bien o servicio de manera excepcional.
Sin embargo, este recurso solo se debe de utilizar cuando las licitaciones públicas se agotan, lo que no ha ocurrido en este gobierno.
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Respecto al tema de seguridad jurídica, Caballero Juárez nos dijo que desde el 2019, las leyes están cambiando continuamente, lo que genera un problema de certeza y confiabilidad.
Este es el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y las modificaciones que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso para su aprobación.
“En el caso de la reforma energética, primero trataron de cambiar las reglas sin mover la ley. La Corte dijo que eso no se podía y ahora van por la modificación de dicha Ley. Esta idea de estar modificando las condiciones continuamente provoca la ausencia de estabilidad”, concluyó el experto.
Esta sensación de inestabilidad no sólo se da en el ámbito empresarial, afirmaron los analistas que consultamos, también repercute en las decisiones que las y los habitantes de México toman diariamente.
¿De qué manera se podría detener la erosión al Estado de Derecho en nuestro país?
