El actual gobierno es uno de los que más ha tenido apoyo del Congreso en la historia reciente de México y eso le ha ayudado a sacar adelante sus proyectos prioritarios. Ante la posibilidad de perder esta hegemonía en las elecciones de 2021, ¿podría apresurarse a impulsar cambios a las leyes que garanticen la continuidad de sus planes?
A menos de seis meses del día de la votación y a 120 días de que arranquen las campañas electorales en el país, analistas se preguntan si es posible que el presidente aún pueda solicitar reformas jurídicas o incluso, modificaciones constitucionales en los sectores más importantes del país, como el energético.
“Las reformas constitucionales las veo muy complicadas, porque al menos en el Senado, necesita de la oposición, y creo que en estos momentos la oposición no le va a permitir ninguna reforma constitucional, salvo que sea algo esencial como en un tema de salud o muy trascendental para el país”, nos dijo Arturo Espinosa, fundador y director de Strategia Electoral, consultoría especializada en materia electoral y constitucional.
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Como lo documentamos en esta nota, el bloque en el Congreso conformado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), tienen el control del 61.6% de los votos en la Cámara de Diputados y de casi el 54% en la Cámara de Senadores.
“Las reformas legales pueden tener un poco de más margen de realización. Ahí el reto va a ser que haya aforo, porque entre las legisladoras y legisladores que estarán haciendo campaña para reelegirse, y los que están haciendo campaña para buscar otros cargos, me parece que será un periodo muy desaseado”, explicó el experto.
En esta otra nota explicamos que de los 500 diputados que conforman la LXIV Legislatura, 448 están buscando ser reelegidos durante las elecciones intermedias del 2021.
“No solo hablamos de productividad, sino de asistencia. Creo que harán las actividades básicas y esenciales que se requerirán en el periodo. Los legisladores se presentarán lo indispensable”, dijo el especialista.
Arturo Espinosa nos explica que esto se debe a que los próximos comicios son tan grandes, que todos los partidos, incluso los más grandes tanto en poder político –Morena-, como en estructura, -el PRI-, necesitarán de todos sus integrantes en el país para lograr buenos resultados durante las votaciones.
Sector energético, en la mira
Un ejemplo de cambios o reformas legales que podrían aprobarse podría darse dentro de la política energética del país.
La Suprema Corte de Justicia admitió la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, en junio del año pasado, en contra de la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía (Sener).
Para darse tiempo de analizar si la Sener no se extralimitó en sus facultades hacia otras compañías con comportamientos anti monopólicos, suspendió la validez de esta Política de Confiabilidad.
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De acuerdo con Arturo Carranza, analista independiente del sector energético, de dar el fallo a favor de la Cofece el siguiente paso podría ser que el gobierno presente una propuesta de cambio al marco jurídico.
“No se si tengan la mayoría del Congreso para sacar una reforma pero sí tendrían un argumento para proponer una modificación al marco jurídico”, explicó el experto.
Carranza explica que actores y analistas del sector energético opinan que, debido a los cambios que el Poder Ejecutivo ha tratado de impulsar en esta materia, ven probable que se presente una propuesta para modificar la ley de los órganos reguladores, la Ley de la Industria Eléctrica o sus leyes secundarias.
Al mismo tiempo que el analista nos compartía esta opinión, el titular del Poder Ejecutivo envió el 29 de enero a la Cámara de Diputados, en calidad de preferente, según reportó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una iniciativa con Proyecto de Decreto que busca reformar y adicionar diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
El IMCO advierte que dicho proyecto de decreto va en contra de la Constitución y “sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho”.
“¿Dan los tiempos para este tipo de reformas?, ¿lo harán antes o después de las elecciones? Yo pensaría que como el tiempo apremia, lo harán antes de las elecciones”, concluyó Arturo Carranza.
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Ya no hay tiempo
El motivo por el que Arturo Espinosa argumenta que puede ser muy complicado que el Poder Ejecutivo impulse una reforma importante es el costo que tendrá en votos.
“Yo creo que más bien la apuesta es, y esto lo vamos a ver conforme avancen las campañas, no aprobar nada que dañe el proceso -electoral-”, explicó el especialista.
Esto solo podría cambiar en el caso de que al final de las campañas, o que las tendencias o encuestas indiquen que Morena podría perder la mayoría en ambas Cámaras, lo que debilitaría sus posiciones en el siguiente periodo legislativo.
“Para hacer reformas legales, tienen la mayoría y el tiempo para hacerlo, sin duda, para reformas constitucionales no cuentan con la mayoría necesaria para hacerlas a tiempo, pero siempre existe el fast track. Una reforma es muy costosa en términos políticos, sus partidos aliados lo van a pensar antes de meterse en eso”, concluyó Espinosa.
Para que una reforma constitucional sea aprobada, el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras -diputados y senadores-, debe de ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, tanto las reformas como las adiciones.
La aprobación de leyes en fast track es una votación en alguna de las cámaras sin lectura de trámites o dudas, es rápida y solo toma en cuenta a los miembros presentes en la sesión.
¿Morena tendrá el capital político suficiente para transformar el sector energético sin pagar un precio en las urnas? ¿Será el único sector que sufra esto?
